Nación
Mayordomos delatores: colaborarán con justicia en el caso de exembajador Fernando Sanclemente
Los dos cuidadores de la finca del exembajador, donde habría tres laboratorios para producción de pasta de coca, fueron traslados a las celdas del antiguo DAS para desarrollar la matriz de colaboración con la Fiscalía.
El proceso de colaboración de los mayordomos de la finca del exembajador Fernando Sanclemente estaba frenado. Los dos administraban el predio que sirvió como escenario para la construcción y puesta en funcionamiento de tres laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína en Guasca, Cundinamarca, cerca de la ciudad de Bogotá y que era, en parte, propiedad de Sanclemente.
“En un allanamiento realizado el 12 de febrero se encontraron 6.896 kilos de sustancias químicas para elaboración de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron destruidos con base en los protocolos establecidos, y 9.453 gramos de cocaína y pasta base de cocaína que se encuentran en cadena de custodia”, reveló la Fiscalía cuando descubrieron los laboratorios.
Los dos mayordomos: Laureano Martínez Cortés y Gustavo Enrique Bejarano, tenían un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad en la llamada “narcofinca”. Sin embargo, tras analizar las pruebas y establecer una negociación con el ente acusador, el nuevo fiscal del caso, Daniel Hernández, retiró el preacuerdo y anunció que los dos ex empleados de Fernando Sanclemente, ahora serían testigos en este proceso a través de un principio de oportunidad.
“Por tanto, la solicitud de retiro se hizo luego de establecer que el preacuerdo no contemplaba conocer la verdad absoluta de lo acontecido en la finca ni identificar a los determinadores, responsables directos e indirectos, ni a los financiadores y demás actores que presuntamente participaron en la actividad investigada”, señaló en su momento la Fiscalía ante un juez de garantías.
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La negociación entre los mayordomos y la Fiscalía quedó pactada, pero un asunto estaba pendiente, la seguridad de los ahora testigos, pues aun con el anuncio del principio de oportunidad los dos permanecían en la cárcel La Modelo de Bogotá. De forma simple, los dos mayordomos anunciaron que serían testigos de una organización narcotraficante y permanecían muy cerca de las personas que fueron capturadas por este mismo caso, su seguridad claramente estaba en riesgo.
La Fiscalía y la defensa de los dos testigos pidieron en repetidas oportunidades el traslado de los mayordomos a un establecimiento carcelario especial, dadas las condiciones de seguridad y que incluso por razón de la pandemia del Covid-19 impidió que se reunieran con sus abogados para concretar el proceso de colaboración.
Finalmente, y después de lidiar con los trámites, el traslado de La Modelo a las celdas del antiguo DAS se cumplió y ahora los dos mayordomos se encuentran listos para concretar, junto a sus abogados, la colaboración con la justicia, a través de una matriz de colaboración.
Se espera que en las próximas semanas la negociación quede lista y el fiscal del caso pueda presentarla al fiscal general Francisco Barbosa. Una negociación que incluirá revelar detalles hasta ahora ocultos en esta investigación, como por ejemplo conocer en quiénes más, a parte de los ya condenados, integraron esa organización criminal.
La atención claramente está en la información que pueden entregar los mayordomos y que vinculan al ex embajador Sanclemente con la “narcofinca” y la propia organización criminal, hecho que fue rechazado, desde el inicio del proceso, por el propio ex funcionario, tras advertir que no tenía conocimiento de que su predio se convirtió en un centro para la producción de cocaína.
El otro asunto que está en duda es la denuncia del mayordomo Laureano Martínez sobre la quema de evidencias por parte del ex embajador Sanclemente. El mayordomo insiste que su ex empleador quemó no solo algunas de sus pertenencias, sino un computador y varios dispositivos que contenían información relevante para el caso.
En su defensa el ex embajador aseguró que quemó algunas pertenencias, pero era ropa y maletas que dejaron abandonadas en la finca una vez el CTI y la Policía adelantaron los allanamientos, en su criterio lo que las autoridades consideraron útil para la investigación fue incautado, lo demás no era necesario conservarlo.
