Las víctimas del Space no encuentran justicia

Las víctimas de la constructora CDO, aquellos que perdieron a sus familiares cuando el edificio se vino abajo el 12 de octubre del 2013 con un saldo de 12 muertos y los que vieron desaparecer los ahorros de su vida en esa montaña de escombros sienten que la justicia no cojea, sino que camina para otro lado.

La gota que les colmó la paciencia fue la decisión del juez 13 penal de Medellín que en primera instancia consideró que no hubo responsabilidad de los curadores Eliney Llanos —cuatro prevaricatos imputados— y Carlos Alberto Ruiz —nueve prevaricatos imputados— en la deficiente construcción del conjunto residencial, aunque la Fiscalía presentó pruebas de que estos dieron licencia al proyecto a pesar de que faltaban elementos para su construcción. Incluso algunas víctimas sostienen que el proyecto aprobado dista de la construcción que fue después el conjunto residencial Space.

La disputa se irá a segunda instancia ante el Tribunal Superior de Medellín después de que el 11 de octubre el juez diga por qué absolvió a los curadores.

Según Ángela Cantor, hermana de Estaban Cantor, un joven universitario que murió esa noche, la decisión del juez es “una cachetada a la justicia porque aquí todos tuvieron la culpa de lo que pasó. Para nosotros era una falta gravísima que un curador diera licencia sin la documentación necesaria, como lo mostró la Fiscalía en la audiencia”. Después del fallo, varias víctimas se manifestaron en Twitter para denunciar que no se haya encontrado ningún culpable.

Les siguen cobrando predial

Estos medellinenses que perdieron todo también se enfrentan a un problema adicional, pues el Estado les sigue cobrando impuestos por un bien del que ya no gozan.

Las víctimas del edificio Space y Asensi consideran lo que están viviendo nada menos que una injusticia. Dos años después de que la construcción se vino abajo, el Concejo de Medellín —en una de las últimas decisiones del año pasado—, con el Acuerdo 48 de 2015, dictaminó que algunos propietarios afectados por CDO deben pagar el impuesto predial de los dos años que le siguieron a la tragedia para aplicar a una exención que empezaría a regir en el 2016. Como quien dice: que paguen aunque no vivieron ahí, aunque no disfrutaron de ningún beneficio.

Alejandro Rivas, que recuerda todavía la noche del 12 de octubre cuando lo obligaron a salir de su apartamento en ropa interior, con su hijo en los brazos y su esposa presa de los nervios, pone un ejemplo para retratar lo absurdo de que el Municipio les cobre el impuesto predial: “Cuando se cayó el Space a mí me llamaron del banco BBVA, que es donde tengo una deuda por el apartamento, y me dijeron: ‘Alejandro, desde este momento esa deuda está congelada’”.

Hace unas semanas Alejandro constató que la deuda sigue igual, que no ha sumado intereses, que en el banco siguen esperando que la justicia tome cartas en el asunto. “Fue un acto de gallardía de ese banco, y eso que tienen un negocio, pero el Municipio no es capaz de ponerse en el lugar de las víctimas y vienen y nos cobran impuesto de un bien que ya no tenemos”.

Carlos Ruiz, uno de los damnificados que más han estado al frente de la causa, también recibió la cuenta de cobro del Municipio. “Lo peor es que le juntan a uno los impuestos de todas las propiedades, y yo no voy a pagar lo de Space, y no quieren separarme las cuentas”, se lamenta.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le había dicho a Semana.com que lo más natural era que las víctimas no pagaran impuestos por un inmueble del que no obtenían ningún beneficio, aunque aclaró que no podía ir en contra de las decisiones que hubiera dejado listas el gobierno de Aníbal Gaviria. “Sin embargo, estaremos velando por los derechos de las víctimas”, aseguró.

Esto sucede a pesar de que en marzo del 2014 se expidió el decreto 0361, que suspende la cuenta del impuesto predial a partir del día 12 de octubre del 2013 —fecha de la tragedia—, y por un año, a los apartamentos del Conjunto Residencial Space (359 inmuebles), Conjunto Residencial Olivares (15 inmuebles) y Conjunto Residencial Asensi (192 inmuebles). En el mismo decreto, el alcalde le ordena a la Secretaría de Ingresos Públicos suspender la emisión de la factura del impuesto predial, hecho que no se ha cumplido, pues hasta el día de hoy a los propietarios de los ahora inexistentes apartamentos les sigue llegando el cobro de impuestos.

A este decreto se suma el Acuerdo 48 de 2015, en el que se aprobó la exención de impuestos a otros propietarios que no habían sido beneficiados pero que tienen un problema adicional: no los exime del pago en el 2014 y el 2015, años en los que ya no habitaban los inmuebles, pues la ley no permite perdonar deudas en retroactivo. Sin embargo, ya les llegó la cuenta de cobro del 2016 porque ellos mismos tienen que acercarse a la Alcaldía para acceder al beneficio. Sin contar con que el beneficio se hace efectivo cuando paguen los impuestos que tienen en mora.

En palabras del concejal Fabio Humberto Rivera, quien en ese momento era el presidente del Concejo de Medellín: “Es una injusticia que la exención de impuesto no rija desde cuando se presentaron los problemas de CDO, pero jurídicamente no se puede exonerar hacia atrás, el acuerdo se debió hacer antes. Todo el mundo creía que la pelea con los dueños de CDO se ganaba rápido. Pero a la larga lo que paguen de impuestos, como ellos van a ganar la demanda, tendrán que ser indemnizados”.

Mientras tanto, la deuda de los propietarios de Space con el municipio sigue creciendo, pues si no pagan los impuestos del 2014 y el 2015 —como han hecho muchos acudiendo al sentido común de no pagar predial de un bien que ya no tienen—, los intereses aumentan.

Los damnificados de CDO se quejan de que han sufrido una injusticia tras otra. Desde hace más de seis meses la empresa no les paga el subsidio que habían pactado, que ascendía a 2.500.000 pesos por apartamento: “No nos pagan y resulta que la Superintendencia los multa por una cifra mucho menor al tamaño de la deuda que ya tienen con nosotros, y así es muy fácil, no nos pagan y la justicia los premia con un valor muy ínfimo”, dijo Carlos Ruiz a Semana.com.

Doce familias se fueron a un pleito judicial con CDO, muchas de ellas señaladas de querer “aprovecharse de la situación”. Alejandro Rivas lo ve muy distinto: “Sí, ellos me causaron un dolor, una pérdida, yo no soy ningún rico, tenía esa única propiedad y de un momento a otro me quedé sin ella porque ellos no la construyeron bien, porque quisieron economizar en materiales, en mano de obra. Sí, quiero que me paguen por todo, por el apartamento, por estos meses de duelo”.

Entretanto, las familias que llegaron a un acuerdo con CDO aún esperan que les paguen la mitad del precio acordado y que se venda el lote en el que antes estaban los edificios Space, pero el negocio parece enredado.