Medellín no sale del drama de los edificios mal construidos

En Medellín todavía se recuerda la noche del 12 de octubre de 2013, cuando colapsó la torre seis del edificio Space, matando a doce personas. En la Circular Superior aún permanecen algunas columnas del edificio implosionado en 2014, son solo escombros de una tragedia que no termina, pues los cientos de afectados no terminan de recibir justicia. El drama de los edificios con malas fundaciones no paró allí: en 2018 fue demolido el edificio Bernavento, ubicado en el sector de la Loma de los Bernal. Ya no sorprende que cada tantos, cientos de personas tengan que dejar sus viviendas porque se pueden venir abajo.

La situación es complicada. Según datos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), la ciudad tiene —además de los dos edificios demolidos— tres con estructuras reforzadas: Altos de San Juan, 416 apartamentos que fueron intervenidos en 2014; La Merced, 12 apartamentos que nuevamente están ocupados desde 2018; y Colores de Calazanía, una gran mole parapetada en una montaña del occidente de la ciudad: 306 apartamentos que por meses estuvieron abandonados y que fue reforzado hace dos años. Los habitantes, dicen, conviven con alguna zozobra de que las edificaciones se tarjen, de que las columnas terminen por ceder.

Pero más allá de los que han encontrado una solución, y cuyos propietarios no perdieron su inversión, hay una serie de edificios en “seguimiento” que preocupan a miles de familias, pues continúan habitados. Se trata de San Miguel del Rosario, edificio de 370 apartamentos y cuya asamblea aprobó reforzamiento y actualmente pendiente de solicitud de licencia de reforzamiento. Punta Luna, construido en 2012 con 181 apartamento y que se encuentra habitado pese a que el reforzamiento de las obras empezó en noviembre del año pasado y aún no terminan.

En las mismas condiciones está Cerezos de Calasanía, una urbanización de cuatro etapas y 180 apartamentos que tiene sus particularidades, pues la única etapa que está en proceso de repotenciación es la cuarta, que no se había terminado, mientras tanto a las otras tres que están habitadas completamente, no se les ha aprobado el licenciamiento para obras. Y, finalmente, Arboleda de Robledo, de 610 apartamentos, que se encuentra en este momento en estudio de vulnerabilidad estructural y sísmica. Lo que se preguntan los ciudadanos es simple: ¿quién los cuida? ¿Puede suceder lo mismo que en 2013 con Space?

Desde el DAGRD tienen una mesa de trabajo con los administradores de las copropiedades, de esa manera le hacen seguimiento a los casos. Allí se informa si hay novedades en las construcciones y, entonces caso, se advierte a los propietarios que ante cualquier signo de alerta llamen a la línea de emergencias. Aunque no parece la salida más ortodoxa, los habitantes de los edificios prefieren eso a tener que abandonar sus casas y vivir a la expectativa de un subsidio por parte de los constructores que puede nunca llegar.

De esa manera ha sucedido con los propietarios de apartamento en Continental Tower, Asensi, Mantua —evacuados en 2013—, Kampala, Atalaya de la Mota y Lolay —evacuados en 2019—. Muchos de estos propietarios se quedaron mirando para el páramo, como se dice coloquialmente. Nadie responde por los perjuicios y mientras tanto tienen que responder con cuantiosas deudas bancarias por un inmueble que, posiblemente, nunca se recuperará. Justo el único caso de responsabilidad que registran las autoridades es el de Atalaya de la Mota, que aunque sigue deshabitado, todos los propietarios han sido atendidos.

En este momento, Medellín impone más de 25 procesos a las empresas constructoras para sacar adelante sus proyectos, y en medio de la ciudadanía organizada hay temor porque con la reactivación de la economía, estos procesos podrían ser muchos menos, lo que terminaría de quitar garantías de seguridad, temen algunos.

Por otro lado, está que las empresas constructoras suelen evadir las responsabilidades que tienen con quienes compraron los inmuebles, como sucedió con los afectados por CDO —constructores de Space, Asensi y Continental Towers—, que ocho años después de iniciados los procesos judiciales, no reciben justicia. Justo en este momento, CDO le hizo una oferta de pago a los damnificados con catorce apartamentos del mismo edificio que hoy está abandonado, trato que al parecer nadie va a aceptar.

Para Alejandra Guerra, afectada por CDO, esta es una propuesta más que absurda: “Antes estamos tratando de que nos devuelvan el dinero del número de apartamentos que tiene cada propietario, ahora para recibir en forma de pago un apartamento del edificio que está abandonado y que tiene problemas estructurales. Pues mi respuesta fue negativa y me imagino que el resto igual. Hace siete u ocho años, cuando esto empezó, ellos empezaron a pagar el subsidio y nos hicieron un estudio donde nosotros avalamos la repotenciación del edificio y no hicieron nada. Luego se declararon en quiebra y así evaden responsabilidades”.

Los pocos que han recibido compensaciones por parte de CDO son algunos propietarios de apartamento en Space, dada la gravedad del caso. Mientras tantos, el resto siguen pagando crédito, “las personas que teníamos crédito hipotecario con Bancolombia tuvimos el beneficio de que se congeló el crédito, porque los propietarios de CDO tienen porcentaje en Bancolombia, pero las personas que tenían préstamos en otras entidades los siguen pagando”.

Como si fuera poco, ahora los edificios de CDO que están abandonados, son saqueados constantemente. Según uno de los afectados, todos los días entran personas para levantar enchapes, sanitarios, lavamanos, lavaderos y hasta rompen las paredes para sacar cables. “Muchas veces llegan hasta Asensi o Continental en taxis y sacan todo lo que pueden. Muchas veces sucede que es el mismo taxi que tiene azotado al sector. Además, hay personas que se meten a vivir allí, tapan las ventanas con las puertas de los closets o con trapos y allí hacen una vida normal. Incluso hemos reportado a la policía que hay días en los que sale humo del edificio”.

Los problemas de seguridad empezaron cuando las empresas dejaron de prestar el servicio de vigilancia y tampoco lo pudieron asumir los propietarios de los apartamentos, ahora el sector es una zona de saqueos donde no es extraño ver gente con sanitarios y enchapes de cocina metidos en costales. “Estamos estudiando la posibilidad de nosotros mismos pagar vigilancia, porque se están llevando lo único que tenemos y que aún debemos”, le dijo a SEMANA uno de los afectados.

El exoncejal Bernardo Alejandro Guerra, quien ha seguido los casos desde que sucedió la tragedia de Space, asegura que es momento de que la administración municipal se ponga al tanto de la seguridad las miles de personas que viven en edificios que están bajo “vigilancia”, no se trata solamente de la inversión de constructoras, se trata de vidas que están en riesgo latente.