NACIÓN
Medellín, la Beijing de Colombia
La contaminación en la capital antioqueña sigue disparada, sin embargo, la autoridad ambiental asegura que la alerta naranja tiene como objetivo advertir que de seguir así las condiciones climáticas y de emisiones de carbono, se puede llegar a una verdadera crisis.
El hotel es de tres pisos y lo atiende una mujer morena, enjuta, que desde hace varios años sufre de un malestar en la garganta que no se le va nunca. A medida que se sube por las escaleras del edificio se siente el olor a marihuana y bazuco que se escapa de las habitaciones donde se hospedan vendedores ambulantes, ladrones jubilados, escaperos que meten rápido las manos en bolsillos abultados. Desde la terraza se ve el centro de Medellín y se cuentan uno, dos, tres, cuatro, dieciséis buses sobre toda la carrera Palacé. Cada uno, una chimenea importante.
Ubicado a una cuadra de la estación San Antonio del Metro, el hotel está en medio de la contaminación más atroz según el Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia que el año pasado presentó el IDEAM y que hace un resumen de las emisiones que las principales ciudades del país hicieron entre 2011 y 2015 y en el que la capital paisa se llevó el campeonato. No hay lugar más contaminado que este donde se integran el metro, rutas de buses, un gran almacén de cadena, el sector comercial conocido como El Hueco, el parque San Antonio con las esculturas del maestro Fernando Botero y la congestionada Avenida Oriental.
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La mujer morena y enjuta se llama Carmen Restrepo y trabaja en el hotel desde hace ocho años. Cada tanto sube a los pisos para regañar a los que fuman y les dice que si no tienen suficiente con el humo que entra por los balcones todos los días. Carmen se ha puesto en la tarea de identificar las horas en las que el lobby del modesto hotel se llena de humo, sucede muy a las 5 de la tarde, cuando al centro llegan los trabajadores en buses y las calles se llenan de personas con sus caras de cansancio. “Yo no me enfermó mucho, pero sí siento la contaminación por la tarde y eso me da mucha carraspera”.
Desde hace varias semanas los paisas se enfrentan a los titulares de los medios de comunicación que alarman sobre la contaminación que ha infestado los aires de la que antes era llamada la ciudad de la eterna primavera. Todo se volvió polémico cuando el Área Metropolitana declaró la alerta naranja ambiental en los diez municipios que conforman el Valle de Aburrá. Desde entonces las redes sociales se han llenado de manifestantes que piden a gritos medidas que, al parecer, nadie quiere tomar.
Pero después de la alarma entre la gente —pues en Medellín ya los que usan la bicicleta como medio de transporte salen con tapabocas y se habla de enfermos de EPOC que han tenido que dejar la ciudad por culpa de la contaminación—, las autoridades han salido a explicar varias cosas. Lo primero es que la alerta naranja no quiere decir que los municipios vivan desde ya en una crisis ambiental, y que la alerta sólo es un llamado de atención para que se empiecen a tomar medidas. Pero las medidas parecen paños de agua tibia, porque al parecer ningún alcalde quiere tomar medidas impopulares que lleven a regular a los gremios de transportadores.
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En palabras de Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana, en el Valle de Aburrá se hace la medición de contaminación más estricta de todo el país, y mientras el resto de municipios sólo se concentran en medir el Material Particulado (MP) de 10 micras, que finalmente no es tan dañino para la salud, la entidad que él preside detecta el material de 2,5 y menores, que llegan al alveolo, donde se realiza el intercambio de oxígeno con la sangre, por lo que puede resultar fatal.
Sin embargo, el informe del IDEAM desmiente a Prieto, pues ciudades capitales como Bogotá, Cali y Bucaramanga sí miden el material particulado de 2,5 micras, aunque el Valle de Aburrá sí es el distrito con más estaciones de medición —once—, mientras la capital de la República tiene nueve. Según María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Área Metropolitana, el caso se malentiende, porque mientras el Sistema de Alerta Temprana para el Valle de Aburrá (Siata) hace un monitoreo ininterrumpido del aire, en otras ciudades —incluida Bogotá— estas son inconstantes y dejan de hacerse durante tres meses al año, justo cuando llegan las épocas de lluvia y la contaminación no puede escapar por la nubosidad, esto debido a que el servicio se subcontrata. Aunque desde el IDEAM dicen que eso no es verdad, y que la medición en las principales ciudades es constante.
Uno de los factores que sí juega a favor del Área Metropolitana, es que los estándares con que miden la contaminación del aire en la ciudad se basan en los de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que tuvo una última modificación estricta hace un par de años, “mientras que el resto del país lo hace con la normatividad del IDEAM, que data de la década del noventa”, dice Restrepo.
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Esto sí se reconoce desde el IDEAM, y es que el Área Metropolitana, desde la crisis ambiental del año pasado, se han creado protocolos de atención de emergencias mucho más fuertes que en el resto del país, además de que se hacen alertas tempranas para evitar verdaderas crisis.
Rosa María Paniagua Galeano tiene 76 años y 15 de ellos ha vendido dulces y cigarrillos en el parque de San Antonio, la última vez que se movió fue por la construcción del Tranvía de Ayacucho, que justo iba a pasar por encima de su chaza. Ella no sabe si fue el polvo que levantaron los obreros cuando rompieron la calle, el esmog negrísimo que expulsan algunos buses, el cambio de clima o la vejez, pero lleva años con la nariz muy congestionada, por lo que su voz suena nasal todo el tiempo.
“Yo mantengo la nariz llena y el médico me revisó pero lo que me mandó no me sirvió de mucho. El problema es que yo no me puedo mover de aquí porque la clientela me busca mucho y vienen y yo les fío”. Rosa María vive en el barrio La Cruz, en el oriente de la ciudad, cada día se atraviesa, como lo hacen otros 2 millones de paisas, el centro de la ciudad —por el que pasan cerca de 4 mil buses al día— y guarda su chaza y se va. No puede cambiar su rutina, porque cree que se moriría de hambre: “Y primero está la comida, luego miramos cómo nos aliviamos”
Esta semana el problema de contaminación se escalonó al Gobierno Nacional, y el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, viajó a Medellín para reunirse con las autoridades locales y encontrar medidas estructurales que permitan superar el camino de la contaminación por el que empieza a caminar la región. Así, se presentaron trece propuestas, entre las que están: actualizar los estándares nacionales de calidad del aire, fortalecer los sistemas de medición y pronóstico de calidad del aire; establecer un programa integral y articulado de modernización tecnológica y mejora operativa de la flota vehicular del transporte de carga.
En palabras de María del Pilar Restrepo: “Medidas estructurales que necesitan de la voluntad del gobierno central”. Pero Medellín, según las alertas, y la bulla que se ha armado alrededor de la contaminación —pues si la situación no estuviera camino a la emergencia para qué tantas advertencias—, lo que necesita son medidas poco populares que nadie se atreve a tomar.
Hay que decir que el 80 por ciento del problema de contaminación en Valle de Aburrá obedece al parque automotor, que pasó de 478.000 vehículos en 2005 a 1.347.000 circulando diariamente en la actualidad, de los cuales 637.500 son automóviles, volquetas y buses, y 710.186 son motocicletas.
De este gran entramado que deja sus emisiones entre montañas que en tiempos de lluvias no dejan escapar el esmog, los camiones aportan el 36 por ciento, las motos el 23 por ciento, las volquetas el 22 por ciento, los buses el 10 por ciento y los autos un 6 por ciento. Pese a que esto es bien conocido, todavía no se conocen medidas para regular el tránsito de vehículos pesados, y el pico y placa con horarios más estrictos no se avizora, y menos su aplicación a las motos de cuatro tiempos. Hay que decir que para tomar medidas impopulares también se necesita mano dura, como la que se ha implementado contra la delincuencia.
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