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Fiscalía pide detención domiciliaria para Cadena y saca en limpio a Uribe

El ente acusador considera que el abogado es responsable de pago a testigos fabricados y fraude procesal. El Fiscal, al exponer las evidencias, recalcó que estas comprometen solo a Cadena. Un guiño de alivio al expresidente Uribe que agita el debate político.

27 de julio de 2020
| Foto: Guillermo Torres

Luego de formularse la imputación contra el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, el juez del caso escuchó los argumentos con los que se sustentó la petición de medida de aseguramiento contra el legista.

El fiscal Daniel Hernández expuso los soportes con los que respaldó su planteamiento. Inicialmente señaló que la señora María Elena Vélez, hermana-madre del testigo Carlos Enrique Vélez, estaba muy sorprendida con que fuera el abogado el que le diera plata al preso y no al contrario. La mujer también señaló, según la Fiscalía, como extraño que Diego Cadena hubiera dicho que parte del pago era una ayuda humanitaria suplicada por Vélez para auxiliar a un hijo menor suyo que estaba en cuidados intensivos. Al respecto, la mujer señaló que Vélez no tenía hijos menores. 

El fiscal dijo que le preguntó a Cadena —en interrogatorio oficial— si tenía los reportes de los pagos al testigo Vélez y este dijo que no. El punto es clave porque si bien los abogados defensores pueden cubrir ciertos gastos en función de conseguir evidencias, esos gastos deben ser documentados y estar acompañados de órdenes de trabajo detalladas. Eso fue lo que la Fiscalía echó de menos.

El Fiscal planteó que los delitos imputados a Cadena solo son de su responsabilidad, afirmación que en términos políticos implica un salvavidas a favor del expresidente Uribe.

La Fiscalía también señaló que otro testigo, Emo José Mármolejo (paramilitar condenado), también fue objeto visitas de Cadena y que luego apareció en la Corte Suprema una carta con su firma y un testimonio favorable a Uribe. Sin embargo, el documento resultó ser hecho de puño y letra de Diego Cadena, ante lo cual este explicó que Marmolejo era analfabeta. Sin embargo, en interrogatorio ante la Fiscalía, el testigo dijo que tenía título de bachiller, con lo cual la excusa de Cadena haría agua. 

En otro momento, el fiscal Hernández trajo a colación que Cadena nunca figuró oficialmente en el proceso que se seguía contra el expresidente Uribe, aunque los testimonios que este obtenía terminaban en el expediente en virtud de que el abogado titular, Jaime Granados, los presentaba. “El bufete que oficialmente detenía al expresidente Uribe fue instrumentalizado por Diego Cadena”, aseguró el fiscal. 

La exposición del fiscal se detuvo en el segundo testigo en cuestión, Juan Guillermo Monsalve, quien asegura que Cadena trató de conseguir una retractación suya ofreciéndole presentar un recurso ante la Corte Suprema —Monsalve está condenado— o llevándolo ante el tribunal de la JEP. Al respecto, el fiscal señaló que esa afirmación de Monsalve tenía respaldo en el propio abogado de este. 

El abogado Héctor Romero, defensor del testigo Juan Guillermo Monsalve, "respaldó lo dicho por este en el sentido de que Diego Cadena le ofreció recursos judiciales a cambio de obtener una retractación que favoreciera al expresidente Uribe". 

El fiscal también señaló que aportaría al juez una serie de chats entre el testigo Juan Guillermo Monsalve y su señora madre, los cuales darían cuenta de que quien buscó al testigo fue Cadena y no al contrario. Así mismo, el delegado del ente acusador puso de presente una interceptación entre la esposa de Monsalve y el abogado Cadena en la que esta afirma que “ya tengo la carta con la declaración de Juan Guillermo, tal como usted la solicitó”. 

Ya avanzada su intervención, el fiscal hizo una afirmación que será objeto de gran debate: "Cadena no solo engañó a la administración de justicia, sino también a los abogados titulares y a su cliente (Álvaro Uribe)", señaló Hernández. De esa forma, el fiscal restringió en el abogado Cadena las irregularidades sacando en limpio tanto al expresidente Uribe como al bufete del penalista Jaime Granados (defensor oficial del exmandatario).

Hernández argumentó que el propio Cadena dijo en diligencia judicial que nunca le informó a Uribe sobre los pagos a testigos y que no lo hizo porque lo "mandarían a freír espárragos". Con base en ello, el fiscal recalcó que Cadena y su socio Juan José Salazar, el otro inculpado, son los únicos responsables de los delitos imputados.

Como se sabe, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está por resolverle la situación jurídica del expresidente Uribe quien ya rindió indagatoria por supuesta manipulación de testigos, los testigos que Cadena consiguió. El argumento de la Fiscalía en favor de Uribe agita el debate político y le mete un nuevo ingrediente a la decisión que están analizando los magistrados, quienes decidirán la responsabilidad del jefe del Centro Democrático.

Finalmente, el fiscal calificó de muy grave que el abogado Cadena no hubiera denunciado al testigo Vélez o que no le hubiera advertido a la Corte Suprema que este individuo no era de fiar, pues, supuestamente, lo estaba extorsionando, "si es que eso fuera verdad". Este argumento pone en apuros a la defensa de Cadena, pues pierde con cara y con sello: si Vélez era un extorsionador —como lo asegura Cadena ahora— debió denunciarlo y poner en aviso a los magistrados, pero nada de eso ocurrió, sino que la versión de Vélez fue presentada ante la Corte. Solo cuando este testigo se retractó ante la misma Corte Suprema y aseguró que Cadena le había hecho millonarios pagos, solo a partir de entonces Cadena empezó a descalificarlo. 

Tras exponer las evidencias —en una intervención de más de tres horas—, el delegado de la Fiscalía solicitó que contra Diego Cadena y Juan José Salazar se impusiera la medida de detención domiciliaria. El fiscal dijo que los hechos son tan graves que procedería una detención en cárcel, pero que dada la situación de pandemia consideraba adecuada la detención de los imputados en sus respectivas casas. "Su señoría, la pandemia nos lleva a una excepción, por eso declinó la que debería ser la petición primaria, por la detención domiciliaria". 

La Fiscalía trasladó a las partes un cúmulo de material que abarca 36 gigas de información, ante lo cual el juez accedió a suspender la diligencia hasta el próximo viernes, cuando se retomará con la intervención de los abogados defensores de Diego Cadena y Juan José Salazar. Mientras el proceso judicial entra en esta pausa, el debate político se estremece con lo sucedido hasta ahora en la esperada audiencia judicial contra el abogado del expresidente Uribe.