Juez dicta medida de aseguramiento contra Carlos Solarte y su hija

El emporio construido por Carlos Solarte ha "honrado la confianza de diez presidentes, al dar cumplimiento en todos los proyectos que le han sido encargados", como lo consagran en sus mensajes institucionales. Desde los años 80, proyectos de infraestructura en todo el país impulsados por la Nación han visto la luz de la mano de la firma CASS Constructores; hoy, según su página web, han participado en por lo menos 31 obras, como puentes, vías, sistemas de transporte masivo, reconstrucciones. 

Los constructores colombianos habían logrado hacerle el quite a los cuestionamientos en el escándalo de Odebrecht, al hacer parte minoritaria del Consorcio Ruta del Sol 2 (Consol), que tenía a su cargo la megaobra que conecta la costa con el centro del país. Desde el primer momento, los brasileños implicados y el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales aseguraron que de las coimas no tuvieron conocimiento los Solarte, que tenían apenas un 5 por ciento de participación en la sociedad. 

Sin embargo, otro de los contratos en los que jugaron con la firma brasileña terminó explotándoles en las manos a los Solarte una década después de la adjudicación. Este miércoles, un juez de control de garantías de Bogotá decidió dictar medida de aseguramiento privativa de la liberad a Paola Solarte Enríquez, por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. Deberá ser trasladada a la cárcel El Buen Pastor. 

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A su padre, el ingeniero Carlos Solarte, el juez 30 de Control de Garantías le dio medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, al considerar que sobrepasa los 75 años de edad y que padece de un problema cardiovascular. El ingeniero deberá responder por los delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. No podrá salir del país y tendrá que suscribir un acta de buen comportamiento con la justicia. 

El caso está relacionado con las irregularidades alrededor de la firma y ejecución del contrato para la construcción del interceptor Tunjuelo - Canoas, la obra entregada por el Distrito en el año 2009. El contrato tuvo un costo de 244.000 millones y buscaba hacer realidad el sueño de los capitalinos de descontaminar el río Bogotá. En específico, las acusaciones de la Fiscalía apuntan a que el anticipo entregado por el Distrito, por 48.000 millones de pesos, habría sido desviado para pagos a beneficio personal y de terceros.

Este caso desató la preocupación de las autoridades, entre ellas, el Ministerio Público, que manifestó sus críticas dado que las directivas de CASS Constructores, la firma que lidera varias de las obras más importantes de Antioquia y Cauca, están respondiendo por presuntas conductas que mensocabaron en erario y fueron presuntamente la fuente de corrupción para funcionarios públicos. 

Aunque responden penalmente por el interceptor Tunjuelo - Canoas, la Procuraduría reveló que las autoridades avanzan en una nueva línea de investigación relacionada con el contrato para optimizar y expandir la planta de tratamiento de aguas residuales de Salitre, obra que quedó en manos del Consorcio Expansión PTAR Salitre, del que participan los Solarte. El consorcio está conformado por la española Aqualia Infraestructuras (filial de FCC), la griega Aktor y la colombiana CASS Constructores y Cía.

"Néstor Guillermo Franco, director de la CAR, afirmó que Paola Solarte era la vocera del consorcio Expansión Salitre y de CASS Constructores y que Orlando Fajardo tuvo participación en el contrato adjudicado a FCC Constructores pese a que no era participante del trámite contractual. Misma mecánica, mismos protagonistas, cambia el decorado", aseguró el procurador delegado Manuel Fernando Alméciga Gómez durante la audiencia.   

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Las acusaciones de la Fiscalía

La construcción de los 11 kilómetros del interceptor tenía por fin conducir las aguas negras de Tunjuelo hasta la planta de tratamiento de Soacha y luego regresarlas ya descontaminadas al río Bogotá. La Fiscalía avanza en sendos procesos que afectan a un puñado de funcionarios de la Empresa de Acuerductos de Bogotá, entre ellos, el exgerente Jorge Enrique Pizano Callejas. La base de la investigación es la declaración de los contratistas: Emilio Tapia, Andrés Cardona y Federico Gaviria. Documentos y evidencia recolectada por la Fiscalía daría cuenta de las irregularidades alrededor de la entrega del contrato así como en el uso del anticipo por 48.000 millones de pesos. 

Para la Fiscalía, los Solarte se aliaron con Orlando Fajardo para quedarse con la licitación más importante de la época adjudicada por el Distrito. Como CASS Constructores no tenía la suficiente experiencia para presentarse en la licitación, decidieron acudir a Federico Gaviria -hoy preso como uno de los lobbistas de Odebrecht en Colombia- para que hiciera un puente con la firma brasileña. "Así consiguieron ese músculo para darle fuerza a la propuesta", indicaron las autoridades.

Según Emilio Tapia, los Solarte tenían información privilegiada a través de constructor Olando Fajardo por lo que es considerado como una pieza fundamental. Sin embargo, como no podían contratar con particulares, lo convirtieron en un socio oculto del Consorcio. La Fiscalía entregó evidencia del acuerdo consorcial celebrado en noviembre del 2009, en donde se creó una junta directiva integrada por Luiz Bueno Junior en representación de Odebrecht y por CASS constructores cuya representación recaía en Orlando Fajardo Castillo, lo que demuestra que "tenía una verdadera posición directiva en el entramado criminal".

Según la Fiscalía, en la etapa previa a la adjudicación del contrato, Fajardo le pagó presuntamente al abogado Manuel Sánchez Cristo una suma de $255 millones para que el consorcio que estaba representando -Unión Temporal Cartellone-Arquitectura & Concreto- se apartara del proceso licitatorio, tal como sucedió. Así se habría logrado liberar de uno de los proponentes más fuertes para quedarse con el contrato. 

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En este contexto, las autoridades sostuvieron que los Solarte se interesaron indebidamente en la adjudicación del contrato para obtener resultado provechoso, determinando eficazmente el resultado de la adjudicación y violando los principios de transparencia de los procesos de contratación estatal.  

Adicionalmente, la Fiscalía cuestiona la manera en que fue direccionado el anticipo por 48.434 millones de pesos, el cual fue girado el 30 diciembre del 2009 a una cuenta Davivienda. A pesar de que Fajardo Castillo no era integrante del consorcio tenía una firma tipo b, que le daba el poder de disponer de los recursos siempre y cuando contara con el aval de otro de los directivos autorizados.  

Lo que la Fiscalía cuestiona es que el dinero del anticipo terminó siendo trasladado a la bolsa Correval. Esta maniobra, que no fue consignada en las actas del comité- habría tenido como objetivo que la interventoría no pudiera verificar el destino de los dineros. De esta manera, los recursos pudieron ser invertidos evadiendo las exigencias de Ley. "Esto se considera ilegal. La comisionista de bolsa maneja riesgos altos, como se puede observar el contrato de administración de valores; los manejos tanto de mercado como de liquidez son altamente especulativos por lo que se podían registrar pérdidas sustanciales de capital”, manifestó la Procuraduría.

Entre los dineros que se autorizaron a pagar desde la corredora de bolsa estaría el pago de 1.000 millones de pesos a Andrés Cardona Laverde, una de las personas que habría servido de intermediaria para ganarse la adjudicación de la licitación. En declaraciones ante la justicia, Cardona aseguró que este dinero fue entregado en cuatro partes a los hermanos Samuel e Iván Moreno.

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