“Medidas cautelares solicitadas por Daniel Quintero son improcedentes”: Marta Lucía Ramírez

El Gobierno nacional, por medio de la Cancillería, respondió de manera oficial la solicitud que elevó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la suspensión que profirió la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Por medio de un comunicado, Ramírez entregó personalmente ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la respuesta del Estado colombiano, sobre el caso Quintero.

“Se considera improcedente la solicitud de medidas cautelares presentada por el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese documento, la Cancillería resaltó que la Procuraduría General de la Nación sí tiene las competencias para investigar faltas disciplinarias cometidas por un servidor público.

“Con las obligaciones internacionales del Estado y con la existencia de recursos procesales adecuados y efectivos en Colombia, los que se encuentran disponibles tanto en el proceso que se sigue al alcalde Quintero, como en el de cualquier otro funcionario, para resolver cualquier controversia que se haya derivado de las actuaciones de las autoridades disciplinarias a nivel nacional”, añadió la Cancillería.

También dijo la entidad ante la CIDH: “Con estos elementos y bajo el entendido de que el Estado cuenta con los mecanismos para salvaguardar los derechos del alcalde Quintero, se demostró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas y, por tanto, de la activación de la competencia de este órgano internacional en el presente asunto”.

Así mismo, se desprendió en la respuesta a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Colombia hizo énfasis en que la promoción de la garantía de los derechos políticos, “en la cual el Estado colombiano ha estado siempre comprometido, no puede significar el debilitamiento del diseño institucional, ni del marco jurídico existente en el país y en la región, para adelantar el control eficaz y transparente a la función pública, como condición esencial para garantizar la solidez democrática y el consiguiente respeto y promoción de los derechos humanos”, anotó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, dijo el Gobierno nacional que se presentaron las acciones desplegadas por el Estado en materia de seguridad personal y familiar, de la misma manera la Cancillería dijo que se ha garantizado el acceso a la justicia a favor del alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero.

“Se enfatizó en el carácter motivado de la suspensión provisional dentro del proceso disciplinario, demostrando que lejos de existir algún escenario de persecución en contra del señor Quintero, en la presente contienda electoral se han adoptado idénticas medidas, al menos en el caso de otros cuatro funcionarios públicos, con diversas posturas políticas”, puntualizó la Cancillería.

Y concluyó a la CIDH: “El Estado reiteró su compromiso en la garantía de los derechos políticos y de los derechos a la vida e integridad personal del señor Daniel Quintero Calle y de su núcleo familiar, demostrando que cuentan con uno de los esquemas de protección personal de mayor nivel asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.