Emergencia económica: ¿será suficiente para contener la crisis?

Desde el inicio de la crisis generada por el coronavirus, muchos sectores en el país pidieron al Gobierno medidas agresivas para proteger el empleo de millones de colombianos. Gremios, dirigentes políticos de todas las filiaciones, exministros, analistas y economistas se unieron en esta cruzada.

Esta semana la administración los escuchó y finalmente decidió crear un subsidio parcial a las nóminas de las empresas colombianas de todos los tamaños.

Se trata de la primera decisión anunciada en el marco de la nueva emergencia económica, social y ecológica que el primer mandatario debió decretar ante el impacto devastador que ha tenido en el aparato productivo la ampliación de la cuarentena. Esta ha significado tener a la mayor parte de los colombianos en total inactividad.

La emergencia ofrece el marco legal para que el presidente emita una nueva ola de decretos con los que buscará minimizar los efectos de la crisis económica desatada por las medidas de aislamiento social impuestas para frenar la velocidad de la expansión de la covid-19 en el país.

Todo indica que la emergencia todavía se va a extender, y por eso era necesario adoptar todas las formas de lucha. Inclusive fórmulas nunca antes imaginadas.

Aunque desde hace varios días estaba la decisión, el Ejecutivo quiso ir con paso firme. Por eso las nuevas medidas se decretaron cuando hubo certeza sobre el blindaje jurídico.

El Gobierno no quiere correr el riesgo de que las decisiones expedidas en el marco de las dos emergencias fallen en el examen ante la Corte Constitucional. Sin embargo, se sabe que la corte tiene múltiples reparos sobre la primera emergencia y podría cuestionar las razones esgrimidas para la segunda.

Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento de Planeación Nacional, asegura que la nueva emergencia tiene tres fines primordiales: salvar el empleo, garantizar más recursos en los giros sociales y darles más herramientas a los entes territoriales para que puedan enfrentar la crisis de mejor manera.

Al cierre de esta edición, en el marco del estado de emergencia se habían confirmado dos medidas principales. La primera es el subsidio equivalente al 40 por ciento de un salario mínimo de la nómina. Es decir, por cada trabajador, las empresas recibirán 350.000 pesos. Para acceder a este beneficio tendrán que demostrar que tuvieron una reducción superior al 20 por ciento en su facturación. Y la otra fue aplazar para diciembre el pago de la segunda cuota del impuesto de renta.

Estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda indican que el subsidio parcial a la nómina tendrá un costo fiscal de 2 billones de pesos mensuales, es decir que por los tres meses previstos costaría cerca de 6 billones. El Gobierno trabaja a toda máquina para que el subsidio pueda hacerse efectivo en la primera quincena de mayo y prevé que beneficiará a 6 millones de trabajadores.

Y aunque por fin llegó la ayuda, muchos se preguntan por qué el equipo económico esperó a que la crisis se acentuara para tomar medidas más heterodoxas, como el subsidio a la nómina.

El director del DNP explica que el Gobierno ha tomado decisiones a medida que la situación lo amerita. Por eso en un ‘primer tiempo’, como denominó al primer estado de emergencia, las prioridades se enfocaron en fortalecer el sistema de salud y brindar apoyo social.

Sin embargo, en las consideraciones que justifican la segunda emergencia, el Gobierno reconoce que “a pesar de que se previó la reducción del flujo de caja de las personas y se tomaron medidas con el fin de apoyar los sectores productivos del país, no se podía prever que la crisis generada por el nuevo coronavirus, covid-19, afectaría con tal magnitud a las empresas”.

Además, dicen que por la necesidad de ampliar el aislamiento obligatorio, las disposiciones tomadas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas –préstamos con garantías del 90 por ciento– resultaron insuficientes para evitar una destrucción masiva del empleo o el cierre de las compañías.

Desafortunadamente, en tan solo un mes de aislamiento obligatorio, las consecuencias económicas son nefastas. Y el mercado laboral ha sido el principal damnificado. Según las cifras del Dane, desde que empezó la cuarentena 1,6 millones de colombianos pasaron a la desocupación y tan solo en marzo la tasa de desempleo llegó a 12,6 por ciento, la peor cifra de la última década. Pero, como dice el premio nobel de economía Paul Krugman, las estadísticas no están recogiendo los cambios en la realidad económica, pues el ritmo de la crisis es vertiginoso. Así que probablemente el desempleo que enfrenta el país es hoy mucho más crítico de lo que el propio Dane puede medir.

Gremios y empresarios han dado su espaldarazo a las medidas. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que la declaratoria de la nueva emergencia económica era necesaria y celebró el anuncio del subsidio a las nóminas, pues considera que estas tendrán un efecto importante para mantener los puestos de trabajo.

Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, el gremio que representa a las pequeñas y medianas empresas, mostró su satisfacción por el anuncio del Gobierno y explicó que esta medida constituye un alivio importante para las mipymes, que son las generadoras de la mayoría del empleo formal en el país y han sido unas de las principales afectadas desde que empezó la crisis. Otros sectores también reconocieron el esfuerzo del Gobierno en términos fiscales, y aunque admitieron que hubiera sido deseable adoptar las medidas antes, coinciden en que van en la dirección correcta.

‘Bueno’ no es suficiente

Sin duda, el Gobierno va a tener que tomar acciones adicionales a las anunciadas en la declaratoria de emergencia porque la situación sigue siendo crítica y con tendencia a empeorar.

Se prevé que los próximos tres meses serán los más difíciles. El más reciente informe de política monetaria del Banco de la República lo reconoce: la contracción en 2020 se ubicará entre el 2 por ciento y el 7 por ciento, y el Gobierno ya anticipó que la economía atraviesa su peor crisis al contraerse cerca de 5,5 por ciento.

La velocidad de la reactivación económica, que en teoría ya inició con el retorno paulatino de algunos sectores, jugará un papel fundamental. No obstante, es claro que mientras no se active la demanda será muy complicado darle la vuelta a la situación.

A esto hay que sumarle que la pandemia llegó en un momento en que el Gobierno tenía poco margen de maniobra en materia fiscal.

Desde que inició la emergencia se han destinado cerca de 3 puntos del PIB, casi 30 billones de pesos, para financiar las medidas. Teniendo en cuenta que la incertidumbre sigue, será necesario buscar más recursos para financiar el segundo tiempo. En las consideraciones del decreto se dan algunas luces sobre cuáles serían las próximas movidas en materia económica que traerán los decretos de nueva generación.

Por ejemplo, se contemplan cambios en la normativa de regalías y en la enajenación de activos. El decreto también abre la opción para adoptar más medidas tributarias, de flexibilización laboral y alivios al sector minero-energético. Así mismo, flexibilización en la contratación del sector público, lo que abre las puertas a la contratación directa en otros casos hoy no estipulados en la ley.

Es claro que en materia de anuncios, apenas estamos en las primeras de cambio.

La pandemia originada por el nuevo coronavirus ha puesto a todos los Gobiernos contra las cuerdas.

En el afán por enfrentar esta crítica situación, el Gobierno Duque ha tenido que tomar medidas que ninguno de sus miembros –muy ortodoxos– pensó adoptar para administrar una economía que, como las del resto del mundo, entró prácticamente en un coma inducido. Ojalá los remedios hayan llegado a tiempo.