La encrucijada en la que está Colombia por la migración venezolana

La ola migratoria que vive Venezuela por la crisis que atraviesa ese país alcanza cada día mayores proporciones. Según la ONU, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años. 

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Este éxodo ha tomado por sorpresa a sus países vecinos que, a diferencia de Colombia, no siempre han tenido una actitud receptiva hacia esta población. Por el reto que implica ofrecer servicios adicionales, como salud y educación, a una población de esta magnitud, que se suma a la que ya los demanda en sus propios países, muchos han preferido optar por hacer más difícil su ingreso.

Ecuador, por ejemplo, se declaró en "emergencia migratoria" y, en busca de estrategias que le permitan encontrar un balance ante la crisis, endureció sus políticas de ingreso y empezó a solicitar, desde hace una semana, pasaporte para que los venezolanos puedan cruzar la frontera con su país, cuando antes solo necesitaban la cédula. Lo mismo anunció el gobierno de Brasil que hará a partir del 25 de agosto.

Las medidas tienen preocupadas a las autoridades colombianas. Según los registros de migración, la mayor cantidad de venezolanos llega a Colombia, Perú, Chile y Argentina. A estos países han ingresado en tan solo un día hasta 6.000 inmigrantes. Aunque muchos cruzan la frontera para llegar a otros lugares o abastecerse de alimentos y enseres, la mayoría se queda. Sobretodo en Colombia, el país que más recibe a estos ciudadanos.

En Cúcuta, la ciudad con mayor flujo fronterizo, se encuentran los desafíos más grandes. En los últimos 16 meses, al menos un millón de venezolanos han ingresado al territorio colombiano y de estos, unos 800.000 han sido regularizados mientras se crean los mecanismos necesarios para atender la emergencia.

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El país ha concentrado sus medidas en la identificación de esta población que se ha reubicado en diferentes departamentos, principalmente, desde el norte hasta la región andina. Las políticas migratorias han sido flexibles, pues, de acuerdo con el gobierno, se ha propuesto resolver la situación de la mejor manera. Sin embargo, el endurecimiento de las exigencias del resto de países ponen a Colombia en medio de una encrucijada.

Por el riesgo de que el éxodo sea mayor y se dé en circunstancias irregulares, migración Colombia le solicitó a las autoridades peruanas y ecuatorianas crear una política en conjunto para hacer frente a la crisis migratoria. Que las demás naciones endurezcan sus políticas en estos momentos implicaría que Colombia se podría convertir en la única nación de suramérica a la que los venezolanos puedan ingresar sin mayores restricciones.

"El llamado que hemos querido hacer es que todos los países que tienen alguna situación en este sentido -si bien es cierto no es responsabilidad de Perú, Ecuador, Colombia- trabajemos de manera coordinada, tengamos unas políticas similares para atender este fenómeno", dijo en una entrevista radial Christian Krüger, director de Migración Colombia.

El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró, por su parte, que el país no le pediría pasaporte a los venezonalos. Las medidas de Colombia seguirán concentradas durante el gobierno de Iván Duque en la ayuda humanitaria necesaria para la reubicación en condiciones adecuadas de miles de familias. Colombia regularizará la situación de más de 400.000 personas que tendrían un Permiso Especial de Permanencia (PEP) durante dos años. Con esto, los ciudadanos venezolanos podrán resolver su situación académica mediante la validación de estudios, acceder a oportunidades de trabajo y ser atendidos por medios de servicios básicos insatisfechos. 

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El drama de la migración

Los venezolanos utilizan también el país como un lugar de tránsito que les permite salir hacia otras regions ubicadas en el sur del continente. Desde territorio nacional realizan largos recorridos en bus y caminando. Sin embargo, la preocupación mayor consiste en que estas medidas podrían causar un represamiento en la frontera. ¿Por qué? La mayoría de los ciudadanos no tienene pasaportes y por la situación en la que se encuentra su país, no es posible ni pagar ni recibir en un periodo corto la documentación. 

Mientras tanto, colectivos de activistas venezolanos pidieron al gobierno de Perú, donde han llegado más de 300.000 ciudadanos, que permita el ingreso sin pasaporte de niños, enfermos, embarazadas y ancianos, las poblaciones más vulnerables durante el plan de huida. Ecuador, por su parte, bajó sus restricciones permitiendo que los menores de edad puedan ingresar a su país sin este documento siempre que sus padres sí lo presenten y demuestren el parentesco con los niños. A este país han llegado durante el 2018 unos 550.000 venezolanos y aunque solo el 20 por ciento de ellos se queda en el lugar, las condiciones en las que llegan a la frontera son preocupantes.

Simultáneamente, Brasil también contempla una mayor rigurosidad en el ingreso de los venezolanos a su territorio. Aunque el país con mayor población de América del Sur no hace parte de los destinos a los que más llegan estos ciudadanos, el presidente  Michel Temer ha tenido que tomar medidas de carácter urgente por los recientes choques que se han presentado entre inmigrantes y brasileños.

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Los enfrentamientos ocurrieron el pasado fin de semana en Pacaraima, una ciudad en el estado fronterizo de Roraima con aproximadamente 12.000 habitantes. Los refugios de varias familias venezolanas fueron destruidos tras un confuso hecho que las autoridades intentan esclarecer. Ante la situación, el presidente se reunió con parte del gobierno para analizar las decisiones que se tomarían. Tras varios encuentros de última hora, el equipo determinó que enviaría 120 uniformados de la Fuerza Nacional al lugar para controlar las tensiones de orden público. La tensión en la frontera y la presencia de tropas militares en el lugar provocó que el flujo de los venezolanos disminuyera significativamente. Solo este fin de semana, 1.200 venezolanos se regresaron a su país.

En Chile, la situación no es menos complicada. Este país eliminó el permiso migratorio de turismo y desde abril, los venezolanos deberán tramitar una visa de responsabilidad democrática si quieren solicitar empleos en ese país o permanecer permanentemente. Para tramitar este documento, los venezolanos deberán tener pasaporte y solicitarlo en la embajada de Chile en Venezuela.  

Algo similar ocurre en Panamá. Para ingresar al país los ciudadanos que deseen estar durante más de 30 días, deberán tener una visa estampada que se adquiere demostrando capacidad económica, presentando los tiquetes de ida y regreso comprados por avión, y pagando casi 200.000 pesos colombianos.

Estas reformas a las políticas de inmigración han sido justificadas por los países para controlar el número de personas que ingresan a sus territorios y para mejorar las condiciones en la que los venezolanos llegan a vivir en ciudades en las que se han encontrado con crisis mayores: desempleo o trabajo informal, trata de personas, explotación sexual y hasta xenofobia. Mientras tanto, el mayor reto es que estas medidas no agudicen el problema de la reintegración de las familias.