Megaoperativo contra almacenes Tierra Santa, dueños y accionistas serán judicializados por contrabando

El fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que 20 trabajadores de los almacenes Tierra Santa serán judicializados por permitir el ingreso de textiles de contrabando en los últimos años, situación que afectó considerablemente la economía local y defraudó la recolección de impuestos. En el operativo, se adelantó la imposición de medidas cautelares sobre 1.110 bienes avaluados en 1.2 billones de esos.

Según la investigación, la red ilegal realizaba operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador. También se logró establecer que la organización ilegal cuenta con una empresa en Barranquilla (Atlántico), 29 sucursales en el territorio nacional, y 62 empresas asociadas.

El jefe del ente investigador explicó que el trabajo liderado por la Delegada para las Finanzas Criminales, junto a las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General permitió identificar la forma en cómo se estaban ingresando estos textiles de contrabando al país.

En la investigación se realizó búsqueda selectiva en bases de datos, interceptación de comunicaciones, inspecciones a procesos, labores físicas de verificación a empresas, evidenciaron que los procesados, varios de ellos integrantes de una misma familia, habrían incurrido desde 2009 en actividades relacionadas con el contrabando de prendas y complementos y accesorios de vestir.

Los análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados permitieron establecer movimientos de dinero que podría estar relacionado con delitos como el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa, que tiene sedes en diferentes municipios de la Costa.

En el operativo, que se ejecutó en 36 municipios, ubicados en 17 departamentos, contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dijin de la Policía Nacional y la Dian, fueron capturados Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jbara, Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.

Deberán responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.

Igualmente, se aplicará la extinción de dominio y medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. El valor de los activos afectados superaría los 1,2 billones de pesos. Los bienes afectados serán entregados por la Fiscalía General de la Nación a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Los bienes están ubicados en Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa (Atlántico); Apartado, Caucasia (Antioquia); Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar, San Juan De Nepomuceno (Bolívar); Arauca (Arauca); Palmira, Buenaventura, Cali, (Valle del Cauca); Ipiales, Pasto, Tumaco (Nariño); Neiva, Pitalito, (Huila); Popayán (Cauca); Plato, Fundación, Ciénaga, Santa Marta (Magdalena); Maicao (Guajira); Montelíbano, Sahagún, Montería, Lorica (Córdoba); Valledupar y Aguachica (Cesar); Calamar (Guaviare); San Marcos (Sucre); Ocaña (Norte de Santander); Yopal (Casanare) y Floridablanca (Santander).