El lío de los megapuentes

Cuando los colombianos no han terminado de pasar el trago amargo que les dejó la caída del puente de Chirajara en Meta, a mediados de enero de este año, hoy se encuentran frente a una nueva controversia por las presuntas irregularidades en la construcción del puente Hisgaura en Santander.

Esta infraestructura, que hace parte del corredor de la vía Los Curos-Málaga, en inmediaciones del municipio de San Andrés, Santander, con sus 148,3 metros de altura prometía ser “el puente atirantado más alto de Suramérica” y mejorar la conexión de los Santanderes con el resto del país. Pero hoy se ve un puente más ‘arrugado’ y representa un nuevo dolor de cabeza para los santandereanos y para la infraestructura del país.

Vigas en forma de acordeón en sus costados han puesto en entredicho la estabilidad del puente de Hisgaura en Santander. 

Un reporte fotográfico del Instituto Nacional de Vías (Invías), conocido esta semana, confirmó evidentes irregularidades. Entre ellas aparece el desnivel en el material asfáltico de la carretera y vigas en forma de acordeón en sus costados, que han puesto en entredicho la estabilidad de la obra, que costó alrededor de 100.000 millones de pesos.

La española Sacyr, contratada por el Fondo Adaptación en 2013, asegura que la seguridad y la estabilidad del puente están absolutamente garantizados y esto lo hace “susceptible de entrar en servicio”. Pero crece la preocupación de la comunidad y de las autoridades sobre la condición estructural del puente y hay quienes incluso hablan de que tendrá que ser ‘reconstruido’.

Sacyr en su defensa dice que “las sinuosidades son una irregularidad propia de este tipo de estructuras que no afecta su seguridad, estabilidad ni fiabilidad. Se ha hecho una verificación estructural durante su construcción y finalización que demuestra que la estructura está en condiciones de prestar el servicio para el que fue diseñado”. No obstante, las autoridades han sido enfáticas en que no se puede recibir esa obra hasta que no haya claridad sobre su verdadero estado. La ministra de Transporte, Ángela Orozco, afirmó que “no recibiremos el puente hasta que haya plena certeza de que es seguro”.

A mediados de enero de este año, el puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio se desplomó y mató a 10 trabajadores.

Las comunidades aledañas y la Gobernación de Santander han puesto la lupa sobre las obras que realizó el Fondo Adaptación en el departamento en el gobierno pasado. Afirman que no solo hay muchas irregularidades en este puente, sino que los 147 kilómetros de la vía que conecta carecen en su mayor parte de pavimento, lo que hace que el tiempo de recorrido sea de más de 5 horas.

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Pero no es el único dolor de cabeza. Algo similar pasa con el puente de la Reconciliación, que unirá a los municipios de Magangué y Mompox en Bolívar con el resto del país y será “el más largo de Colombia”. Esta estructura no solo tiene un retraso de más de dos años, sino que conecta finalmente a dos trochas, lo que tiene enfurecida a la comunidad y en alerta al nuevo gobierno.

El puente de la Reconciliación, que une Magangué y Mompox con el resto del país, ha despertado la furia de sus habitantes por sus atrasos y porque literalmente “une dos trochas”. 

Con esto, los principales puentes del país, que debían simbolizar la modernización de la infraestructura y mostrar el desarrollo de la ingeniería, están hoy en problemas: el puente de Chirajara se cayó, el de Hisgaura está en veremos y con el de la Reconciliación podrían venir problemas hacia el futuro. Por esto, muchos se preguntan qué pasa con la construcción de puentes en el país.

Vuelve y juega

Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), asegura que si bien este tipo de ondulaciones es normal hasta cierto punto, resulta claro que pudo haber una falla en el proceso constructivo y posible falta de rigor. Recuerda que en una reunión, en julio pasado, la constructora explicó que iba a arreglar las ondulaciones mediante cargas adicionales en el puente (icopor de alta densidad para no generar mayor peso) reforzando algunos de los 128 tirantes instalados. Pero Sacyr insistió en que la obra “estructuralmente no tenía problemas”.

Esto, sin embargo, tendrá que decidirlo ahora la interventoría para lo cual deberá hacer una prueba de carga que confirme si el puente es estructuralmente estable o no. La interventora es la firma santandereana ETA, que habría recomendado mayor iluminación y una imposta o faldón.

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Pero Sacyr asegura que esta prueba de carga, la imposta metálica y la iluminación como exigencia para que le reciban oficialmente el puente no estaban en el contrato original. Por eso, exige firmar un otrosí que le amplíe el plazo para ejecutar dichas actividades y que le paguen adicionalmente esas obras, que podrían costar aproximadamente 6.500 millones de pesos. El plazo para la entrega definitiva venció el pasado 31 de agosto.

"No recibiremos este puente hasta que haya certeza de que es seguro", afirmo la ministra de Transporte, Ángela Orozco. 

Voceros del Fondo Adaptación anunciaron el viernes que la prueba de carga es una responsabilidad del contratista y que este debe asumir esos costos, así como los de iluminación, pues se trata de un tema de seguridad para los usuarios. Estos son los requisitos para que quede en firme la entrega del contrato, aseguró Édgar Ortiz, gerente del Fondo Adaptación. Explicó que una vez reciban el informe final de la interventoría evaluarán junto con el Invías si reciben o no la obra. En caso de que el puente no sea viable, las entidades adoptarán las medidas administrativas y legales necesarias frente al contratista y el interventor para resguardar los recursos públicos involucrados, anunció el directivo.

Expertos del sector han recordado que no es la primera vez que la firma española tiene problemas en Colombia, pues hace unos años hizo parte del emblemático lío con Commsa. Sacyr pertenecía al consorcio que ganó la licitación para construir la vía Tobia Grande-Puerto Salgar (hoy conocida como la Ruta del Sol I). Este buscó cambiar el trazado para ahorrarse la construcción de unos túneles contratados, lo que abrió un gigantesco lío jurídico que duró más de 10 años. Sacyr se fue en ese momento del país sin terminar la obra, lo cual le significó una inhabilidad que ya caducó. En Colombia, las sanciones de este tipo vencen a los 5 años.

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Hoy esta compañía está presente en cuatro importantes contratos viales de cuarta generación: Rumichaca-Pasto, Medellín-Santa Fe de Antioquia, Puerta del Hierro-Palmar de Varela y Cúcuta-Pamplona. Además del puente Hisgaura, Sacyr construye el puente Pumarejo y tiene una importante presencia en proyectos en Bogotá. Esto representa un portafolio de obras de más de 8,7 billones de pesos.

Lupa al Fondo Adaptación

En el caso del puente Hisgaura ya se había instalado desde finales de 2016 un tribunal de arbitramento entre Sacyr y el Fondo Adaptación para discutir los sobrecostos al contrato inicial de 23.000 millones, aparentemente aprobados por los anteriores directivos del Fondo Adaptación y ante lo cual rendirán cuentas a las autoridades.

Hay que recordar que el contrato inicial, por 80.040 millones de pesos, fue suscrito en 2013 para construir tres puentes vehiculares: La Judía, Sitio Crítico e Hisgaura. Después de que Sacyr presentó nuevos diseños a las anteriores administraciones del Fondo Adaptación, decidieron dejar suspendidos los otros dos puentes que son más pequeños.

Precisamente, por este tipo de decisiones y presuntas irregularidades en la ejecución de esta obra, la Procuraduría General le abrió una investigación al entonces gerente del Fondo Adaptación, Iván Fernando Mustafá Durán, y a Carmen Elena Arévalo, que dirigió esta entidad hace varios años.

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El asunto también está en manos de la Contraloría General, que luego de una visita a la zona anunció que prepara un informe que podría dar lugar al inicio de una actuación especial sobre el Fondo Adaptación. Esta señalaría fallas como no incluir en el contrato la correspondiente iluminación del puente, cuando usualmente en el lugar se presenta una neblina intensa.

Sin embargo, quienes hicieron las denuncias iniciales en el departamento de Santander creen que las irregularidades del puente Hisgaura muestran solo la punta del iceberg de un tema mucho mayor. Aseguran que este puente forma parte de las 382 obras que el Fondo Adaptación habría iniciado durante la pasada administración para solucionar temas críticos ante el cambio climático, pero que tienen numerosas anomalías.

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La Gobernación de Santander ha expresado en varios medios que no solo le preocupa el puente Hisgaura, también el incumplimiento del Fondo con la entrega de viviendas, acueductos, instituciones educativas y otros proyectos por 515.000 millones de pesos. Dos terceras partes de estos recursos se invirtieron en obras de transporte, pero hoy sus avances están en veremos.

Todo parece indicar que las anomalías en varias obras de infraestructura del país van más allá del ‘acordeón’ en que se convirtió una parte de la estructura del puente Hisgaura. Y que las autoridades de control tendrán que emplearse a fondo para hallar a los responsables y lograr que corrijan estas fallas.