El regreso de los niños

Este sábado por fin los niños menores de 15 años saldrán de los campamentos guerrilleros. De manera tardía se logró pactar en La Habana un protocolo para que dejen las Farc e inicien un proceso en el cual el Estado deberá garantizarles toda la protección necesaria para que jamás vuelvan a empuñar un fusil.

Este había sido un gesto de confianza pactado en la mesa de conversaciones que se vio frustrado durante varios meses por diferencias profundas en el procedimiento para hacerlo. Sin embargo, se logró una manera que tranquiliza a las dos partes. El CICR sacará a los niños de los campamentos, y se los entregará a la Unicef, quien los tendrá por algún tiempo para evaluar integralmente su situación. Los defensores de familia apoyarán el proceso, así como una mesa técnica en la que participan entidades del Estado y de la sociedad civil. Aún no se sabe cuántos niños son y lo que está claro es que este gesto no incluye a los que tienen entre los 15 y 18 años.

Este punto ha sido sensible dado que el reclutamiento de menores es posiblemente el crimen de guerra que más impacto tiene para sus perpetradores. No en vano por ese crimen la Corte Penal Internacional expidió su primera sentencia contra Thomas Lubanga, jefe de la República Democrática del Congo.

En Colombia este es el único delito sobre el que la Fiscalía General tiene lista una macroimputación a la cúpula de las Farc. La Unidad de Contexto de esa entidad ha registrado 11.556 desde 1979. A finales de los años noventa esta fue una práctica masiva en todos los bloques, sobre todo en el Oriental, liderado por el Mono Jojoy. Según el ente investigador, los niños no servían para inteligencia y tareas logísticas, sino que los enviaron directamente al combate. El 47 por ciento de los niños fue persuadido para ingresar al grupo armado, el 23 por ciento lo hizo bajo engaño y el 30 por ciento de manera forzosa.

La persuasión, según la Fiscalía, se produjo sobre todo por la influencia del grupo en las zonas donde crecieron los niños, por problemas económicos y familiares. El Estado tiene la obligación de corregir esas situaciones, que se han identificado como los motivos más fuertes para que los menores busquen las armas. Por eso la ruta de reintegración debe alejarlos de un contexto de violencia; brindarles las oportunidades de vida que no tenían antes de ingresar a las filas insurgentes; y garantizar un entorno de afecto, ya sea en sus núcleos familiares de origen o en otros.