“Merezco una investigación integral y sin odios”: Armando Benedetti sobre su caso en la Corte Suprema

El nombramiento de Armando Benedetti, mano derecha del presidente Gustavo Petro en la campaña electoral, como embajador en Venezuela, encargado de normalizar las relaciones con el vecino país, ha revivido el estado de las investigaciones que enfrenta en la Corte Suprema de Justicia. Benedetti se refirió al avance de los procesos y sus nuevas funciones diplomáticas.

SEMANA entrevistó al excongresista, vía correo electrónico, sobre la investigación que adelanta el alto tribunal en su contra, se defendió y reclamó garantías en el proceso.

¿En qué va su caso en la Corte Suprema? ¿Qué ha pasado?

La denuncia de Jaime Lombana, enemigo declarado mío, está en investigación desde 2017. Hoy el caso está suspendido y estoy luchando para que la investigadora permita que me defienda, con las pruebas que pueda aportar, antes de definir la situación jurídica, que creo es el mínimo derecho que tiene cualquier ciudadano. Todo servidor público debe estar dispuesto a que lo investiguen, pero, como cualquier ciudadano, tiene derecho a que le permitan presentar pruebas favorables; y la magistrada Cristina Lombana está también obligada a investigar lo favorable para mí. No lo ha hecho. Por ejemplo, hace poco el banco, donde he tenido mi cuenta bancaria en los últimos 20 años, que por ley está obligado a monitorear mis transacciones, con sofisticadas herramientas de inteligencia bancaria, certificó que nunca ha detectado operaciones sospechosas, por ejemplo, de lavado de activos, que amerite el retiro o cierre de mi cuenta.

¿Ustedes acaban de presentar una recusación? ¿Qué irregularidades ven en el proceso?

Expuse ante la Sala especial de instrucción el manejo errático de la investigadora Cristina Lombana. Desde hace más de un año, con mis defensores, solicitamos pruebas que me son favorables y como la magistrada no respondió debí recusarla. Recientemente, tuve que recusarla de nuevo porque no ordenó aclaraciones contables y tributarias que pedimos. Para no atender mis solicitudes de defensa, expuso el increíble argumento que solo los abogados defensores pueden presentar peticiones y que yo no puedo hacerlo. En esta tercera recusación, me dio pena con los otros magistrados, pero qué más hago si, al no resolver mis peticiones, limita mi derecho a defenderme.

¿Usted cree que la magistrada Cristina Lombana está en una persecución contra usted?

Más que persecución, hemos planteado dudas de imparcialidad porque no está libre de prejuicios en el manejo de las diligencias. Ella está obligada a investigar lo favorable y lo desfavorable y en repetidas ocasiones hemos denunciado ante sus compañeros de Sala que se ha ignorado ese fundamento investigativo. También abrió investigación con base en un testigo dudoso y cuestionado, pese a que otros implicados confesos dijeron que yo no tenía nada que ver con el caso Fonade, incluso, han querido vincularme a través de mi asistente y asesora, Elsy Pinzón, persona decente y juiciosa que con seguridad tampoco tiene nada que ver en eso, y aun así le abrieron un proceso en Fiscalía.

Creo que es un simple acto de honestidad que cualquier juez se aparte de un caso cuando es muy amigo de la persona a quien investiga o cuando le tiene mucha antipatía o aversión. Como político, por mi forma de ser, con razón o sin razón, me he hecho a muchos enemigos, pero la legitimidad de la justicia y la seguridad para todo ciudadano, es que quien lo investigue o lo juzgue a uno, no lo haga ni como amigo, ni como enemigo. Ahí radica la imparcialidad y su apariencia a toda prueba.

¿Existe obstrucción al derecho a la defensa?

Creo que existen maneras veladas de hacerlo. La ley dice que tengo derecho a que se ordenen y practiquen las pruebas antes de definirse situación jurídica y esto no ha sucedido. O no se ordenaron o se ordenaron pero no se practicaron. La investigadora, en las diligencias que ha ordenado, recoge sus pruebas, pero a mí me ha tocado pedirlas, presentar recursos porque no las ordena, recusarla porque se le vencen los términos, tutelar para que oiga mi declaración. Por ejemplo, hace poco, en una diligencia que yo pedí, le dije que quería que me oyera, una vez fueran incorporadas mis pruebas, para explicarle cualquier duda que tuviera al respecto, pero ordenó oírme sin allegar al expediente mis pruebas. Me tocó decirle que para que me oía, si lo que yo quería era aportar las pruebas de mi inocencia.

La magistrada ha interpretado de manera muy singular el derecho a la defensa. Antes de elecciones, quiso interrogarme sin mi abogado de confianza, quien estaba fuera del país, se negó incluso a re-programar por una semana la diligencia o a hacerla virtual. Después de elecciones, cuando mi abogado ya estaba en el país, que fui hasta la Corte y lo pedimos expresamente, se negó a oírme y cuando estaba sonando para varias dignidades en el gobierno, ordenó mi indagatoria, pero sin fijar fecha, y este es el momento que no la ha señalado.

¿Usted ha insistido en posibles irregularidades en un informe que elaboraron peritos. ¿Por qué? ¿Qué dice ese informe?

Existe un informe concluyente, de noviembre del año pasado, que indica que mi patrimonio está justificado, pero en lugar de concluir y archivar la investigación, ordenó más y más estudios que favorezcan su tesis. Por esto, algunos de sus compañeros magistrados le llamaron la atención por ese proceder. A pesar de que llevaba años investigando enriquecimiento ilícito, después de este informe introdujo un nuevo delito por lavado de activos, revisando transacciones de hace más de 15 años, incluso, involucrando a quienes han sido mis empleados y auxiliares de confianza por más de 20 años.

Pedí entonces que le preguntara al banco, con el que he tenido mi cuenta desde hace 20 años, como mínimo, cuál era “mi hábito o perfil transaccional” y la investigadora argumentó que eso no lo hacen los bancos sino ella; le pedí a los peritos que preguntaran si había tenido “operaciones sospechosas” y dijeron que eso no lo hacen los técnicos sino la magistrada. La verdad, el desconocimiento de las regulaciones bancarias, que están en la ley y en las circulares de la Superintendencia Financiera, es profundo. Me tocó pedir la certificación bancaria y ya la aporté a la Corte y espero que la investigadora la muestre a los demás compañeros de Sala. Eso mismo espero con todo el estudio técnico contable que tengo en mi poder, y que no había presentado a la espera de que la investigadora ordenara unas aclaraciones que había pedido.

¿Entorpece esto las nuevas funciones de embajador?

Enfrentar el proceso ya es traumático en lo personal y familiar. Si la investigación se adelanta valorando lo favorable y desfavorable, recaudando las pruebas de la defensa, oyendo mi versión y acatando las conclusiones que imponen los peritazgos, los procesos fluyen y la presunción de inocencia se mantiene. En derecho penal, la personalidad o fama de un procesado no determina su culpabilidad.

Voy a dejar a disposición del público documentos que corroboran lo que he dicho en esta entrevista, o bien porque no son reservados o porque ya los hicieron públicos. Quiero que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que el embajador en Venezuela tiene razones documentadas para mantener su inocencia, pues la confianza es definitiva en la tarea que me ha asignado el presidente de la República.

Se ha contado para la defensa con conceptos e intervención del exmagistrado de la Corte Suprema, Edgar Saavedra Rojas, el exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado y el conjuez de la Corte Suprema, Mauricio Pava Lugo.

“La defensa va a insistirle a la investigadora que antes de que se defina situación jurídica, se cumpla con la ley, practicando las pruebas que hace más de un año el embajador citó en su indagatoria y que reiteradamente vienen siendo pedidas. Algunas están pendientes y otras, que fueron negadas, están recurridas. Antes que nada debe resolverse lo anterior, porque el derecho a la prueba de descargo de cualquier ciudadano es esencial para la legitimidad de la justicia”, señaló el abogado Pava Lugo.