Metro de Bogotá | Tribunal rechazó demanda que pedía suspender los polémicos cambios en los planos del megaproyecto

Por no cumplir los requisitos exigidos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda que pedía suspender los cambios anunciados recientemente frente a los planos del Metro de Bogotá. En la decisión, se consideró que existen vicios que deben ser subsanados por la accionante, en este caso, la concejal distrital Lucía Bastidas.

En la demanda que pedía la protección de los derechos de control de protección e intereses colectivos a la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y la defensa del patrimonio público, se alegaba que los recientes pronunciamientos sobre el cambio de un tramo generaban sobrecostos que iban a afectar a toda la comunidad.

En la acción se indica que, según información pública, se estaba contemplando la posibilidad de “sortear un tramo de 9,6 kilómetros o más de la primera línea del Metro de Bogotá el cual lleva actualmente el 8 % de su construcción”. Todo esto -sostiene- afectaría los avances y obligaría a que se invirtiera más.

En el fallo de 57 páginas, la Sala le pide a la cabildante que aclare todos los hechos imputables a las autoridades del orden nacional y distrital, señalando cuáles son las amenazas para los derechos colectivos y las afectaciones que existen con los pronunciamientos hechos recientemente para que un tramo sea elevado.

Igualmente, le pide que entregue toda la documentación que permita sustentar el daño patrimonial a las finanzas del Distrito con los cambios que se estarían planeando frente al megaproyecto.

Para ello, pide el concepto técnico del objeto del contrato para determinar si la modificación pretendida requiere de la intervención judicial en aras de proteger los derechos colectivos reclamados.

Se requiere también la prueba del contrato y la manera en que las partes hicieron las previsiones correspondientes al contrato del Metro como para concluir que estamos en presencia del inicio de una actuación administrativa tendiente a lograr la modificación del contrato y, con ello, su paralización.

En este sentido se considera que se debe anexar la prueba del contrato y la forma “como las partes hicieron las previsiones correspondientes como para concluir que estamos en presencia del inicio de una actuación administrativa tendiente a lograr la modificación del objeto del contrato y con ello su paralización”. Así como la evidencia para sustentar que con los pronunciamientos oficiales para calificar su comportamiento a título de dolo o culpa grave.

“Se tiene que la parte demandante omitió demostrar haber enviado, de manera simultánea a la presentación del presente medio de control, copia de la demanda y de sus anexos a las autoridades accionadas, y tampoco justificó no conocer la decisión donde estas reciben notificaciones, o presentó medidas cautelares, situación que está completa como causal de inadmisión en medio de los requerimientos actuales”, precisa el fallo.

También pide que precise la cuantificación del presunto daño al patrimonio. “De la misma forma deberá determinar la procedencia del medio de control, para diferenciar el comportamiento de las autoridades demandadas, y hacer la delimitación de la formulación de políticas públicas (las mismas que no son objeto de control judicial en tanto que corresponden al ejercicio mismo del poder que se ejerce, conforma al mandato popular), para distinguirlo de aquellos actos jurídicos de naturaleza administrativa, que tengan por objeto la revisión de sede administrativa del objeto del contrato y la revisión judicial del mismo. en sede judicial, para atender la pretensión intervenir en la gestión contractual, como lo pretende la demandante”.

Con esta decisión, la concejal de Bogotá tiene tres días para corregir la demanda y presentarla nuevamente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La cabildante pide que se ordene que el Gobierno y la Alcaldía se abstengan de hacer cambios a los planos del Metro de Bogotá “ya que esto implica sobrecostos inmersos para la ciudad y sus habitantes”, así como que se continúe la ejecución del megaproyecto.