Santa Marta, con el agua al cuello por lío con Metroagua

Por décadas Santa Marta, uno de los puertos y ciudades turísticas más importantes del país, se ha caracterizado por tener un deficiente suministro de agua potable. Los constantes racionamientos en épocas de verano y el deterioro de la red, en especial en las zonas más deprimidas que solo tienen acceso limitado a agua potable y alcantarillado, mantienen a la población indignada.

Es tan grande la polémica que las dos últimas Administraciones han intentado poner en cintura a Metroagua, empresa que opera el acueducto desde 1989, y obligarla a prestar un mejor servicio. Sin embargo, mientras el Distrito alega que la empresa no ha invertido los dineros necesarios para prestar un buen servicio, esta afirma que las dificultades para suministrar el agua potable a los samarios tienen que ver con la disminución del caudal de los ríos que abastecen al acueducto, y que Santa Marta posee una de las poblaciones de desplazados más altas del país, que constituyen una demanda no estimada en las proyecciones de aumento de usuarios.

Estas posiciones divergentes han causado en los últimos años un enfrentamiento que amenaza con recrudecerse, sobre todo porque el próximo 17 de abril se vence el contrato de concesión. La empresa dice que devolverá las redes, las instalaciones y la base de datos solo si la Alcaldía le paga 60.000 millones de pesos por inversiones de más que ellos hicieron para garantizar el servicio.

El vocero de Metroagua, el gerente jurídico César Camacho Ortega, dijo a SEMANA que la empresa le reclama al Distrito la suma que ha invertido entre 1997 y 2016 en infraestructura, redes, diseños, planes de contingencia, software, conocimiento, servidumbres y otras que han acrecentado el patrimonio de la empresa, que la empresa interventora Decolda ha certificado durante todos estos años.

Sin embargo, la Alcaldía dice que los más de 260.000 millones de pesos que Metroagua ha invertido entre 2003 y 2016, para garantizar la prestación del servicio, corresponden al cobro en la tarifa que pagan los usuarios. En este sentido, Santa Marta le pide a la empresa demostrar dónde, cuándo, en qué cantidades y proyectos invirtió esos 60.000 millones, porque el estado de las redes y los equipos muestran lo contrario.

Así lo concluyeron funcionarios de la Alcaldía en una visita que realizaron en diciembre a las instalaciones del acueducto. Allí encontraron que la infraestructura y los equipos están en muy mal estado y que no tienen signos de inversión alguna.

Los canales por los cuales se conduce el agua de los ríos a los tanques y plantas de tratamiento se encuentran en un alto grado de deterioro, con fugas causadas por derivaciones de los finqueros; los desarenadores están en mal estado o son insuficientes para los caudales; los equipos electromecánicos en los tanques de almacenamiento tienen problemas de funcionamiento; los medidores de caudal y tableros de control de instalaciones eléctricas casi no funcionan; los tanques de almacenamiento presentan fisuras y debilitamiento en sus estructuras. Y por si esto fuera poco, los funcionarios encontraron que los operarios trabajan sin las normas mínimas de seguridad industrial mientras los indicadores de calidad, según el índice de riesgo de la calidad del agua (Irca), señalan que no es potable, entre otras razones porque a las redes entra agua no tratada de los pozos.

A pesar de la evidencia, Metroagua está empeñada en cobrar los 60.000 millones de pesos, y en la última junta realizada en diciembre su representante dijo que si no les pagaban ellos seguirían operando el acueducto hasta recuperar esa inversión. Por su parte, el alcalde, Rafael Martínez, afirmó que se comprometía a pagar esas inversiones si la empresa demostraba en dónde estaba representada la inversión, pero que de todas formas no le renovará el contrato porque la ciudad se encuentra a punto de una crisis de agua potable, gracias a la negligencia del operador.

En medio de este choque quedan los usuarios que llevan más de tres décadas esperando por un buen servicio de acueducto. La pelea amenaza con deteriorarlo aún más. ¿Podría la Superintendencia de Servicios Públicos intervenir como hizo con Electricaribe para garantizarles a los usuarios un servicio óptimo?