“Mi suerte será el exilio o la muerte”, el contundente mensaje que lanzó el fiscal Francisco Barbosa sobre su seguridad

La polémica por la seguridad del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ya escaló a niveles internacionales, después de que el funcionario pidiera medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de proteger su vida y la de su familia ante los planes que tendría el ELN para asesinarlo.

Esta solicitud la hizo el jefe del ente investigador durante esta semana ante la CIDH, con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad, en medio de las declaraciones de diferentes funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que han querido bajarle la caña a las denuncias por los presuntos planes terroristas.

Sobre este tema se volvió a pronunciar el fiscal Barbosa este fin de semana, en entrevista con el diario El Tiempo, donde aseguró que las medidas cautelares se solicitaron por el plan que habría en su contra para matarlo, así como por las denuncias radicadas en su contra ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El funcionario fue enfático en señalar que “entenderá que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no me otorga las medidas cautelares, y la sociedad colombiana y sus instituciones no me protegen, mi suerte será el exilio o la muerte”.

También resaltó que todavía no han recibido la información que solicitaron a la Uiaf y al Ejército. “Salvo, por supuesto, la información de inteligencia militar que permitió corroborar lo que ya veníamos conociendo y trasmitiendo al país. De ahí en adelante, no nos han entregado absolutamente nada, lo cual genera una preocupación frente a cómo debe operar mi esquema de seguridad”, dijo.

Barbosa ha sido claro en los últimos días en ratificar la veracidad y seriedad de la amenaza. Según información conocida por SEMANA, el plan para atentar contra su vida se planeó en Venezuela, en una reunión de cinco comandantes de esa organización criminal.

Según tres fuentes distintas, una de ellas de inteligencia militar, la reunión se desarrolló en julio pasado en el vecino país y en ella participaron cinco altos mandos de esa organización criminal.

El encargado de organizar el atentado es alias El Rolo, integrante de un frente urbano del ELN. SEMANA conoció, con fuentes de inteligencia, que el grupo terrorista estaría entrenando a varios hombres en manejo de drones y el ataque se realizaría con un francotirador.

Frente al tema, el fiscal Barbosa confirmó una información que inquieta a las autoridades, sobre la llegada a Bogotá de un explosivista y un francotirador el pasado martes 15 de agosto, según información entregada por la Policía Nacional.

“No hay que minimizar esto, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esto con seriedad, sigo comprometido con la paz, con lo relativo con el proceso del ELN, pero más allá de esto, hay una situación que había que advertir entendiendo que me voy en cinco meses y no puedo quedar expuesto a que me asesinen al día siguiente de salir”, señaló en días anteriores.

Fiscal Francisco Barbosa pidió medidas cautelares en la CIDH: habló de amenazas del ELN, de la posición de Danilo Rueda y de hostigamiento por parte del Gobierno Petro

El fiscal general Francisco Barbosa no está dispuesto a dar su brazo a torcer ante las amenazas del ELN de atentar contra su vida. Además de hacer público este plan criminal y establecer una reunión de alto nivel con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar, en la que se ventiló el caso y acordaron tomar medidas urgentes y extremas para proteger su vida y la de su familia, llevó su caso a escenarios internacionales.

Por eso, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares “a su favor y de su núcleo familiar, con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad”.

La solicitud de medidas cautelares incluye la garantía de las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando con autonomía e independencia sus funciones como fiscal general de la Nación hasta la terminación de su período, el próximo 12 de febrero 2024, sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas, así como cuando termine su ejercicio en el cargo.

Y es que el fiscal llegó a la CIDH con un grueso expediente con el que argumentó los riesgos para su vida y la de su familia. El primero, claramente, el plan criminal del ELN para asesinarlo. Pero no se guardó nada y aprovechó para poner sobre la mesa que, luego de hacer la denuncia y que esta fuera corroborada por tres fuentes de inteligencia diferentes, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, desestimó la gravedad del plan de la guerrilla que está supuestamente negociando la paz con el Gobierno.

Además, Barbosa denunció lo que considera una “campaña de criminalización” que fue argumentada con 100 denuncias “temerarias” entre otros hechos por sedición, “traición a la patria”, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

La presión del Estado contra Barbosa

Pero en esta ocasión el fiscal fue más allá y no solo planteó la gravedad de un intento de matarlo, sino que también expuso la conflictiva relación que ha tenido con funcionarios del Estado y con el mismo presidente Gustavo Petro.

“Campañas de desprestigio en redes sociales en contra del fiscal general de la nación por parte de sectores sociales y políticos del Estado, que a través de cuestionamientos buscan obstaculizar e impedir el ejercicio autónomo e independiente del ente investigador y acusador. Estos hechos se han materializado en agresiones institucionales, como manifestaciones que terminan en actos de vandalismo contra los bienes públicos de la entidad”, señalan desde la Fiscalía.

El interés del fiscal Barbosa no es otro que proteger su vida y la de su familia, así lo planteó en la reunión de alto nivel, en la que es necesario que “exista la suficiencia de medidas que garanticen la protección a sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar”.

El plan criminal

El ELN planeó en Venezuela un atentado terrorista para asesinar al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Según tres fuentes distintas, una de ellas de inteligencia militar, la reunión se desarrolló en julio pasado en el vecino país y en ella participaron cinco altos mandos de esa organización criminal.

El encargado de organizar el atentado contra Barbosa es alias El Rolo, integrante de un frente urbano del ELN. SEMANA conoció, con fuentes de inteligencia, que el grupo terrorista estaría entrenando a varios hombres en manejo de drones y el ataque se realizaría con un francotirador.

Según las primeras pesquisas y averiguaciones de las autoridades, alias El Rolo presenta reportes sospechosos de transacciones superiores a los 3.000 millones de pesos, tal y como sucedió con los movimientos de dinero detectados tras el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander en 2019.

Otros involucrados en el plan macabro para matar al fiscal serían Jaime Galvis, alias Ariel, y alias Gonzalo Satélite, ambos del frente Luis Enrique León Guerra.