General William René Salamanca
General William René Salamanca | Foto: cortesía

NACIÓN

“Mi vida y familia están en peligro”: general Salamanca denuncia amenazas en su contra

La declaración se dio en la audiencia por una investigación que sigue el Ministerio Público en contra del general Atehortúa.

26 de noviembre de 2020

Mientras la Procuraduria investiga disciplinariamente al director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa Duque, el general William Salamanca, quien es el inspector de la Policía, denunció amenazas en su contra.

Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación llamó a una audiencia de juzgamiento disciplinario al director de la Policía, general Atehortúa, por presuntas irregularidades que tienen que ver con el proyecto de vivienda fiscales CENOP, de San Luis, Tolima. El general se habría extralimitado en funciones y habría cometido tráfico de influencias mientras estuvo al frente del Fondo Rotario de la institución, por lo que deberá aclarar su posible responsabilidad en cuatro faltas disciplinarias.

Salamanca, quien fue escuchado por la Procuraduría este jueves, señaló: “He recibido información de policías en uso de buen retiro, información confidencial, en la que me dicen que “me cuide, que cuide a mi familia, de hecho esa información también la he recibido de policías activos”, y agrega que ha visto “seguimientos, movimientos extraños en su entorno, en su apartamento. A la empleada le han preguntado para quién trabaja, para que general, a qué horas entra, a qué horas sale?”. El general dice que teme por su vida y la de su familia, que estaría en riesgo por las amenazas que, según él, han llegado.

Cabe recordar que el Ministerio Público le imputó cuatro cargos por los que deberá responder el general, como lo explicó en un comunicado la entidad:

“En el primero, se le cuestiona que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta gravísima por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución del contrato 117-3-2011, con presunto desconocimiento del principio de responsabilidad, al haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado.

El segundo cargo cuestiona que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer el expediente disciplinario P-INSGE-2018-175, relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados CENOP, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación, con lo que pudo haber incurrido en falta gravísima.

El tercer cargo sobre una presunta extralimitación de funciones cuestiona que el investigado hubiera acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente, lo que constituiría una falta grave.

El cuarto cargo reprocha al director general de la Policía Nacional que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto CENOP, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad, lo que representaría una falta gravísima”.

La Procuraduría seguirá avanzando en la investigación. Seguirá escuchando al General Salamanca quien ya en días pasados había señalado sentirse “decepcionado” de quien fuera su superior. La investigación continúa y el caso ha permitido que salgan a relucir detalles como un episodio de una acalorada reunión entre Salamanca y Atehortúa. Lo que ocurrió allí es que Atehortúa le habría dicho a Salamanca que sacara a los investigadores del caso. Salamanca se negó y su superior habría dado la orden de sacarlo a vacaciones por más de 402 días.