“Querían borrar por completo mi informe”: relator de la ONU sobre el Gobierno

SEMANA: Usted realizó una visita a 11 zonas del país en diciembre de 2018 para conocer qué estaba pasando con los líderes sociales, ¿quién lo invitó?

Michel Forst: Con el vicepresidente de Juan Manuel Santos hablé por primera vez de la posibilidad de visitar el país de manera oficial. Esto me permitía evaluar el panorama de los líderes sociales en Colombia. Finalmente, la visita se concretó terminando ese año cuando ya se había posesionado el nuevo gobierno. La idea era que además de entregar mis impresiones sobre la situación en el país, haría recomendaciones para alivianar el riesgo asociado a la defensa de los derechos humanos. Como llevaban tan poco tiempo, se acordó programar una visita de seguimiento en 2019 con el fin de continuar apoyando la búsqueda de una estrategia. 

Vea el programa de SEMANA que analiza este tema

SEMANA: El Gobierno alega que se cambió el fin de la visita que era de cooperación a evaluación... 

M.F.: No. Todas las visitas oficiales que he llevado a cabo desde junio de 2014 tienen un componente de diagnóstico y de evaluación de la situación de los defensores y defensoras. Eso hice durante las otras nueve visitas oficiales que realicé en el transcurso de mi mandato como relator especial. En cada una de ellas formulo las mismas preguntas acerca del entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos. En el caso de Colombia, Iván Duque llevaba cuatro meses en el poder, no se trataba de llegar y decir que su gobierno lo hacía todo mal. Quería entender cuál era la situación y proponerle herramientas concretas para el futuro. Inicialmente el Gobierno facilitó el acceso a todos los territorios que queríamos recorrer, hablé con ministros e instituciones estatales con las que hubo una excelente discusión. Es decir, me abrieron las puertas para hacerme una imagen clara de la situación.

SEMANA: Entonces, ¿por qué no hizo la visita oficial en 2019? 

M.F.: Por más que intenté e intenté, no fue posible. Le escribí cartas al Gobierno, me reuní con el embajador en Ginebra, pero nada resultó. Incluso, sostuve largas reuniones con el asesor del presidente (hoy fiscal) Francisco Barbosa en París y Ginebra. Nada de esto sirvió. En una de ellas él me aseguró que el Gobierno estaba tratando de poner en práctica mis recomendaciones.

SEMANA: Entonces, ¿Francisco Barbosa está detrás del desaire?

M.F.: No sabría decirle. Yo me contacté con el cónsul y me reuní con Francisco Barbosa, quien había sido mi principal enlace para la visita oficial. Él fue solidario y dijo que hablaría con el Gobierno. Sin embargo, no pudo hacer mucho y me pidió que me entendiera con la embajada. Allá fue donde me dijeron que no me invitarían. Eso ocurrió en el transcurso del año pasado.

SEMANA: Antes de que concluyera su primer visita, ¿usted sintió que la relación con el Gobierno se había deteriorado?

M.F.: No y por eso mi sorpresa. El último día de mi visita tuve una reunión de una hora y media con el presidente y su gabinete. Allí hablamos de lo que encontré y mis recomendaciones. Yo sentía que todo había sido bien recibido. Duque me dio las gracias e incluso me pidió que hiciera una conferencia de prensa con él, para difundir la información. Eso se hizo en la sala de prensa, fue breve pero clara y él se comprometió a implementar las recomendaciones para proteger a los defensores de derechos humanos.

SEMANA: ¿Qué cree que pasó?

M.F.: No lo sé, no tengo una explicación. Es difícil para mí ponerme a adivinar.

SEMANA: ¿Pero no sospecha?

M.F.: Bueno, por su respuesta a mi informe, entiendo que no están contentos con el reporte que entregué.

SEMANA: ¿Qué cuestionan?

M.F.: Datos como la cantidad de asesinatos, la mención de casos puntuales o que me haya referido a una alta tasa de impunidad por parte de la justicia a la hora de tratar de esclarecer los casos. Ahora, eso no es una explicación. Otros países en los que he estado tampoco se muestran conformes. Sin embargo, ellos continúan discutiendo conmigo formas de avanzar en el tema.

SEMANA: Entre otras cosas, el Gobierno dice en el documento que envió a las Naciones Unidas que su informe carece de soporte y de contrastación porque no los tuvo en cuenta…

M. F.: He incluido la información que se me ha entregado. Pero por ejemplo, hay diferencias en las cifras de asesinatos y amenazas. Sin embargo, hay que mirar el periodo y si se comparan estos números con los de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo, se va a dar cuenta de que el informe refleja una realidad.

SEMANA: Después de que se hizo público el documento, ¿alguien del Gobierno se comunicó con usted?

M.F.: No, no he tenido contacto con nadie. Solo enviaron el informe a la ONU y ya.

SEMANA: ¿Por qué esperó hasta 2020 para presentar las conclusiones?

M.F.: Primero quisiera aclarar que la fecha de la presentación de mi informe en 2020 no depende de mí, sino del calendario del Consejo de derechos humanos y es común que exista un cierto lapso de tiempo entre una visita oficial y la presentación de un informe final. Como iba a transcurir más de un año entre la visita oficial y mi informe final, propuse al Gobierno que aprovechara este tiempo para empezar a implementar algunas de mis recomendaciones. Entonces, al final de mi visita presenté un informe preliminar de 35 páginas.

La idea era que en el trascurso de 2019 yo realizaría una visita de seguimiento para terminar de enriquecer mi informe y ahí sí redactaría la versión final que presentaría este año. Con eso se comprometió el equipo del presidente Duque. No buscábamos avergonzar al país sino abrir el camino para la asistencia técnica, en un Gobierno que recién entraba. Hace poco estuve en Perú y tanto allá como acá, se aplica la misma metodología de trabajo y enfoque que consiste en brindar ayuda y no unicamente señalar los problemas.

SEMANA: Y… ¿va a tener en cuenta alguna observación del Gobierno?

M.F.: Algunas relacionadas con errores de forma. Es decir, corregiré algunos nombres, situaciones o lugares puntuales que aparecen en el documento. Sin embargo, el fondo, la sustancia del reporte se mantiene. Mantengo mi evaluación y mis recomendaciones y me habría gustado poder dialogar sobre el informe y su contenido con el Gobierno de otra manera. Sin embargo, cuando conocí las observaciones del Gobierno, sentí que querían borrar por completo mi informe.

SEMANA: El Gobierno fue muy duro con usted. Algunos expertos hablan de un tono poco diplomático, defensivo y hasta agresivo. ¿Tuvo esa misma sensación cuando leyó por primera vez el documento?

M.F.: Llevo seis años como relator especial sobre este tema así que he tenido la oportunidad de intercambiar con muchos gobiernos. Claro que suele pasar que no haya un acuerdo sobre el diagnóstico de una situación, pero siempre existen espacios para seguir discutiendo y cooperando. Es parte del juego diplomático. Lamento que el Gobierno colombiano haya rechazado mis conclusiones. Para mí, se trata sobre todo de una oportunidad perdida en la que podríamos haber trabajado conjuntamente para apoyar a quienes desarrollan una labor importante defendiendo los derechos humanos en el país.

SEMANA: Así las cosas, ¿qué relatará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

M.F.: El informe refleja lo que vi y lo que entendí que se debe hacer en Colombia para parar el baño de sangre. No puedo cambiar la realidad y tampoco se trata de solo culpar al Gobierno. Lamento mucho que no se haya concretado una visita. Lamento mucho esta situación que no permitió hacer una lectura fresca y complementaria de lo que está pasando. Habría sido más útil para el Gobierno invitarme de nuevo y discutir. Así habríamos podido reflejar en el informe los eventuales esfuerzos de los que hablan. 

SEMANA: Se ha dicho que una de las mayores molestias se despertó porque usted mencionó empresas que presuntamente estarían asociadas con episodios de violación de derechos humanos....

M.F.: Lo que les puedo decir es que yo quedé en enviar comunicados a esas compañías y por supuesto una copia al Gobierno no solo del documento sino también de la información recolectada que las involucra. Desde el Gobierno me dijeron que investigaría las acusaciones. La responsabilidad principal de proteger a los defensores y defensoras recae en los Estados. Incluso, cuando son las empresas las que están haciendo daño. Pero hasta ahora no he oído hablar de ninguna investigación en esta materia.

SEMANA: ¿Incluirá el informe que presenta Business & Human Rights Resource Centre sobre 180 violaciones a los DD.HH cometidas en los últimos cinco años?

M.F.: Si bien no es un informe de mi relatoría, trabajé junto con el Business and Human Rights Resource Center en la preparación de este informe. Dicho informe se enfoca en la responsabilidad de ciertas empresas en la vulneración y violación de derechos humanos de defensores/as y comunidades locales afectadas por los proyectos de estas empresas. Como Relator especial, he tratado de instaurar un diálogo permanente con las empresas para que entiendan el rol positivo de quienes promueven y defienden los derechos humanos. Como lo he dicho anteriormente, no se trata de quedarse en una postura de denuncia sino buscar espacios para intercambiar, trabajar en conjunto e identificar buenas prácticas.

SEMANA: ¿Podemos hablar de falta de voluntad?

M.F.: Yo no me referiría en esos términos porque entiendo que sí están gestionando cosas. Parte de mi tarea precisamente era constatar cómo el Estado hace presencia y poder verificar los desarrollos de los que ellos hablan y que se están dando desde Bogotá.

SEMANA: ¿Qué tanto afecta su reporte el examen periódico anual de la oficina de derechos humanos de la ONU?

M.F.: Se tienen en cuenta estas observaciones, pero aquí lo importante es que el Gobierno ponga en práctica las recomendaciones. 

SEMANA: Termina su periodo como relator y este es el último informe que presenta, ¿qué sensación se lleva?

M.F.: Así es, este es mi último Consejo de derechos humanos porque mis competencias van hasta el 1 de mayo. Yo viajé a Colombia una sola vez en el contexto de una visita oficial, pero anteriormente había sido invitado por la academia al menos tres veces desde 2016. En la mente tengo grabados los rostros de las víctimas que conocí, sus conmovedores testimonios, líderes afrocolombianos e indígenas todos aquellos que intentan cambiar la historia de un país que ha sufrido un conflicto tan largo.

SEMANA: En Colombia aún hay mucha discusión en torno a quién es o no un defensor de derechos humanos y líder social, ¿quiénes caben en esos conceptos?

M.F.: En la declaración de fin de mi visita oficial hago clara referencia a la definición recalcando que los líderes sociales son para mí defensores de derechos humanos. La definición que uso es la definición internacionalmente acordada a través de la Declaración de la ONU sobre defensores y defensoras de derechos humanos. Una Declaración adoptada en 1998 por consenso, es decir que todos los Estados aceptaron esta Declaración y se comprometieron a implementar sus disposiciones.

SEMANA: ¿La declaración cómo define a las defensoras y a los defensores de derechos humanos?

M.F.: Es simple, toda persona que defiende de manera pacífica los derechos humanos es un defensor y el Estado la debe proteger. No importa el oficio, la edad, el origen étnico o la clase social. Cada persona puede convertirse en defensora de derechos humanos. No es necesario pertenecer a una ONG o ser conocido como defensor. Suelo decir que lo que convierte a una persona en defensora es lo que hace, no lo que es. Esta definición amplia es la que promuevo para proteger a quienes defienden los derechos fundamentales que a su vez nos protegen a todos y todas.