Canciller acusa de falta de "objetividad e integridad" informe de la ONU

Continuan las críticas del gobierno nacional al informe del relator especial de Naciones Unidas Michel Forst, en el que advierte sobre la crítica situación que atraviesa el país en materia de Derechos Humanos, en especial frente al asesinato de líderes sociales y al manejo que se le ha dado a las protestas sociales.

En una declaración, la canciller Claudia Blum señaló que "Colombia ha construido una valiosa relación de cooperación con más de 20 agencias, fondos y programas de la ONU que tienen presencia en el país y trabajan en diversos campos, la que esperamos siga contribuyendo a las prioridades estratégicas de nuestra nación".

Reiteró que en "distintas ocasiones, Colombia ha invitado a relatores del Consejo de Derechos Humanos para que nos visiten, con la expectativa de que contribuyan al avance nacional en derechos humanos".

"Hoy, el señor Michel Forst, Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el informe de su visita a Colombia realizada en noviembre de 2018. Allí, el relator reconoce la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos", indicó.

La canciller aseguró que el gobierno presentó algunas objeciones frente a consideraciones del informe que "no reflejan objetividad e integridad", en temas como:

•  La supuesta criminalización estatal de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales.
• Las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales, afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas.
• Las conclusiones sobre la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el Acuerdo de 2016, que desconocen de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
• Las supuestas restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y a las consultas previas, que se mencionan ignorando garantías constitucionales colombianas destacadas internacionalmente.
• Y las consideraciones sobre nuestro modelo de desarrollo que reflejan opiniones políticas subjetivas ajenas al mandato del relator.

Claudia Blum señaló que aunque "el gobierno reconoce el papel de la ONU en la promoción de los derechos humanos, es importante enfatizar en la necesidad de que los relatores cumplan su importante función en línea con el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos, que les exige al menos dos reglas: primero, establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente; y segundo, como tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado".

"Colombia seguirá trabajando, con la valiosa cooperación de las Naciones Unidas, en las políticas de prevención de riesgos y amenazas que afectan a los defensores; así como en medidas de protección cada vez más eficaces y en el fortalecimiento de las autoridades judiciales para seguir reduciendo la impunidad", indicó.

Finalmente, señaló que el gobierno continuará promoviendo "la promoción del reconocimiento social sobre el importante papel que cumplen los defensores en la consolidación de la democracia y en el avance social, económico y cultural del país"