Rafael Pardo dice que liberación de miembro de la ONU podría darse hoy

El camino que emprendió Colombia para acabar con los cultivos ilícitos sigue estando minado. La combinación de formas de lucha a la hora de reducir el número de hectáreas sembradas avanza entre tumbo y tumbo en el país. Como si no fuera suficiente el malestar que despierta el programa de erradicación forzada en algunas regiones, la estrategia de sustitución deja su primera víctima.

Un delegado de las Naciones Unidas que acompañaba el proceso de socialización del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) fue secuestrado en zona rural de Miraflores este miércoles. Según conoció Semana.com, los hechos se presentaron sobre las cuatro de la tarde en la vereda Barranquillita.

Se trata de Erley Lopez, un funcionario que hacía parte de una comisión liderada por el alcalde de Miraflores, funcionarios de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas del Gobierno Nacional, miembros de organizaciones sociales y juntas de acción comunal. Se sabe que una comitiva de poco más de 15 personas se movilizaba rumbo a Miraflores cuando fueron interceptados por presuntos disidentes del Frente Primero de las FARC. El ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, aseguró a Blu Radio que el funcionario podría ser liberado este mismo jueves.

Tal como se acordó en La Habana, el Gobierno y la guerrilla impulsan pactos comunitarios, que de acuerdo con un cronograma intercambian la erradicación voluntaria de la coca por un esquema de desarrollo rural integral. Es decir, la sustitución se está dando con consentimiento de las comunidades para que sea manual y así generar empleo. Sin embargo, las medidas de apoyo por parte del programa están condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra.

El problema, sin embargo, es que en zonas como Guaviare las economías ilícitas siguen siendo el combustible de los grupos armados. Allí tanto los disidentes de la guerrilla como los del crimen organizado en algunos casos ejercen presiones sobre las familias para que no se acojan a las nuevas políticas. 

Y es que el Amazonas se convirtió en un refugio estratégico para los disidentes de las FARC. Cinco mandos de la organización que operan en la región del Guaviare fueron expulsados del grupo armado en diciembre. Iván Mordiscos y Gentil Duarte estarían al frente de la organización armada que se mueve en la zona.

Este no es el primer hecho que se les atribuye a los disidentes del frente primero en esa región del país. Hace menos de un mes un vehículo que acompañaba a la Policía y autoridades ambientales del Guaviare, en zona rural del municipio de El Retorno, fue atacado con artefactos explosivos improvisados. Un soldado murió, tres quedaron heridos y otro fue dado por desaparecido.

"El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia condena los hechos ocurridos ayer en Guaviare que atentan contra la integridad y los derechos de un colega de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC- y exige su liberación de forma inmediata", informaron por medio de un comunicado.

La Alta Consejeria para el Posconflicto, por su parte, rechazó el hecho y lo calificó de "lamentable". Una retención que enciende las alarmas de la política antidrogas que apenas se abre camino en medio de un conflicto donde disidentes, bandas criminales y narcotráficantes ven en los cultivos ilícitos una fuente inagotable que mantiene vivo su accionar.

Falta ver si los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU -que este miércoles aterrizaron en el país- se pronunciarán sobre lo hechos que involucran a un miembro del organismo internacional y si el secuestro tiene algún efecto en el rumbo que decidió tomar el país para reducir el número de hectáreas sembradas.