Mientras en Colombia quieren perdonar a Iván Márquez, SEMANA revela el ‘indictment’ con los gravísimos cargos que tiene pendientes en Estados Unidos

“¿Todavía la justicia de Estados Unidos busca a Iván Márquez? Sí”. ¿Y lo buscan por narcotráfico? Sí”. La respuesta del embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, fue contundente. A ojos de ese país, Márquez es un narcotraficante sobre el que pesan investigaciones de hondo calado que lo asocian con los más peligrosos carteles delincuenciales de la droga del continente.

Este carácter de capo no sorprende a los colombianos, pero sí abre un enorme dilema de cara a la “paz total” del presidente Gustavo Petro: ¿puede un narco puro entrar en un acuerdo de paz? El Congreso y el Gobierno, por ahora, le han abierto la puerta, pero el camino es complejo y está lleno de polémicas.

Una de las más grandes piedras para ese perdón que el Gobierno Petro quiere darle a Márquez es un indictment de la justicia norteamericana que conoció SEMANA. El documento, de 28 páginas, abre una investigación a Nicolás Maduro por formar parte del temido grupo del cartel de los Soles. Lo firma el entonces fiscal general estadounidense William P. Barr, en marzo de 2020, cuatro años después del acuerdo de paz con las Farc.

“El régimen venezolano, dirigido por Nicolás Maduro, sigue plagado de criminalidad y corrupción”, dijo en su momento Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango presuntamente conspiraron con las Farc, provocando la entrada de toneladas de cocaína y devastando a los estadounidenses”. En el indictment se acusa a miembros de las Farc, con Márquez a la cabeza, de ser lugartenientes de una asociación narcoterrorista que buscaba inundar de coca las calles de Estados Unidos, con un sofisticado sistema de lavado de dinero.

A Márquez lo acusan de cuatro cargos: 1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que tiene sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que tiene una sentencia mínima obligatoria de diez años y un máximo de cadena perpetua; (3) usar y portar ametralladoras y armas, que tiene una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua, y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, que tiene una sentencia máxima de cadena perpetua.

El documento cuenta que las Farc comenzaron a formar parte de esta organización en 1999, en medio del proceso de paz con el expresidente Andrés Pastrana, y que desde allí hasta 2020, cuando se firma la providencia, decidieron relocalizar parte de la operación del narcotráfico en Venezuela para sacar la droga por el Caribe, con paradas en Centroamérica, especialmente en Honduras. Para 2004, el Departamento de Estado ya calculaba que salían de Venezuela 250 toneladas de coca por año y para 2010 ya se rastreaban al menos 75 vuelos vía Honduras para poner esa droga en Estados Unidos.

Sobre Márquez, el indictment dice que se unió a las Farc en 1985 y que ya en 2006 estaba reseñado por la justicia de Nueva York por tráfico de drogas. El documento indica que para ese momento Márquez ya era un “fugitivo”.

Que Márquez tenga semejantes cuentas pendientes con el Tío Sam tiene todo que ver de cara a la paz total que se tramita en el Congreso. Los intentos por meterlo en el paquete han sido tan burdos como evidentes.

Lo primero quedó claro el miércoles pasado, cuando después de aprobar la reforma tributaria en Senado, el presidente del Congreso, Roy Barreras, llamó para votar la conciliación de la prórroga de la ley de orden público, que tenía el polémico artículo que les abre las puertas a los traidores del proceso de paz.

Tras el cansancio de esa larga jornada, los congresistas finalmente la avalaron sin mayor discusión. Dentro de esa norma se planteó: “Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano”.

La propuesta había alertado a la oposición, pero le había dado en el corazón al más autorizado de los voceros: Humberto de la Calle. El exjefe negociador ha sido el más molesto con lo que él considera una trampa al espíritu de los acuerdos. “Ya tuvieron su oportunidad y fallaron”, dijo en plenaria. “¿Qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la Segunda Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana?”, se preguntó.

Pero meter a Márquez en el combo de la paz total es una obsesión del Gobierno Petro. Y lo primero para ello no sería jurídico, sino político, según los críticos de la idea: lavarle la cara como delincuente y presentarlo como perseguido político. Para eso, hubo una punta de lanza: la vicepresidenta Francia Márquez.

En una entrevista con El Tiempo, Márquez dijo algo que sorprendió, pero que pasó desapercibido. “Él fue parte del entrampamiento. Como a Jesús Santrich, quien también estaba en ese proceso. Vimos lo que le hizo el fiscal general de la Nación (Néstor Humberto Martínez). Lo entrampó”, dijo la vicepresidenta.

El exfiscal Martínez salió a desmentirla inmediatamente. “Entrampamiento a Márquez nunca hubo. Se dice que se entrampa a alguien cuando se le induce a cometer un delito para judicializarlo. Márquez ni fue investigado, ni mucho menos judicializado”, le explicó a SEMANA. Recordó que el principal testigo en su contra es Marlon Marín, su sobrino, pero que el proceso está en Estados Unidos.

¿Habló Francia Márquez por su cuenta o esa es la tesis del Gobierno Petro? Todo parece indicar que es lo segundo. En una reunión con directores de medios, el presidente aseguró que Iván Márquez se alzó en armas por este “entrampamiento”. Y el otro ángulo es el impacto que podría tener en el proceso con el ELN. Para varios sectores, el tratamiento para el disidente de las Farc podría terminar siendo un arma de doble filo para esta y futuras administraciones.

Esto se explica en que, en la eventualidad de lograr un acuerdo de paz con esta organización, podría haber varias facciones disidentes que no compartan los términos de lo pactado, abandonen el proceso y regresen a delinquir. Y entonces los gobiernos de turno tendrían que dedicarse a negociar con todo el que se autodenomine “disidencia del ELN”.

Además, estaría en contravía de lo dicho por varios congresistas del oficialismo en el sentido de que la idea de la paz total no es “reciclar” criminales, como se estaría haciendo con Márquez.

Como se recordará, el disidente desapareció del radar en 2018 y volvió a la luz en 2019, en un video desde la clandestinidad. Anunció allí “una nueva etapa en la lucha armada” y aseguró que había tomado este camino por la “traición” del Estado al proceso de paz. En Colombia, tras el proceso de paz, Márquez nunca tuvo una investigación abierta.

La narrativa de Petro ha cambiado. Cuando como senador impulsó el debate para defender a Santrich, que sí fue capturado, él hoy presidente aseguró que Márquez “nunca cayó en la trampa”. Y agregó: “Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, sabía que trabajaba para la DEA, y buscaba a toda costa hacerle pasar a Márquez al teléfono para grabar una conversación con la DEA haciéndose pasar por el cartel de Sinaloa y durante un año, fracasó permanentemente”.

No deja de llamar la atención que en el histórico encuentro de Petro con Maduro no se haya siquiera mencionado la presencia de las disidencias de las Farc en este territorio. Esa omisión, de algo tan esencial en las relaciones de ambos países, también mandó un fuerte mensaje.

Entrar a la paz total tiene enormes ventajas. La más grande, el beneficio de suspender la extradición y evitar la justicia norteamericana. El embajador de Estados Unidos fue muy claro: “Un paro total de la extradición perjudicaría las relaciones, la cooperación, la aplicación de la ley, pero no creo que estemos en ese camino”. Sin embargo, una pregunta queda en el aire: ¿cómo darle la paz total a un traidor de la paz que se fue a Venezuela a traficar? Al Gobierno le quedará duro explicarlo.