Paz total: disidencias minaron un camino cercano a escuela donde estudian 50 niños

Las Fuerzas Militares ubicaron cinco artefactos explosivos en zona rural de Roberto Payán, del departamento de Nariño, que pertenecerían a las disidencias de las Farc que buscan la ‘paz total’ con el Gobierno nacional.

La siembra de este campo minado, que ya representa una grave violación del DIH, se hace mucho peor si se tiene en cuenta que, según informó la fuerza militar, los explosivos se encontraban en un campo que conduce a un colegio en la zona. Todos los menores tenían un riesgo latente.

“En las últimas horas fueron ubicados y neutralizados cinco artefactos explosivos, los cuales habían sido instalados por criminales a pocos metros de una escuela cerezal en zona rural del municipio de Roberto Payán, Nariño”, denunciaron las Fuerzas Militares.

Agregaron desde la autoridad militar que, “el hecho, que representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, ocurrió en la vereda Fátima Carmen, hasta donde llegaron los técnicos antiexplosivos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules para destruir estos peligrosos elementos que integrantes del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Alfonso Cano (disidencias de Farc), habían ubicado muy cerca a donde a diario reciben clases aproximadamente 50 niños, que habitan en la región”.

Señalaron desde las Fuerzas Militares que “el camino que usualmente era tomado por todos los pequeños para llegar al centro educativo para actividades extracurriculares, no había vuelto a ser empleado por temor a que estas trampas mortales convirtieran en víctimas a los niños y docentes”.

Para controlar la situación, los técnicos antiexplosivos tuvieron que evacuar la zona. “Es de anotar que los técnicos antiexplosivos y las diferentes autoridades civiles lograron evacuar a los habitantes del sector para proceder con la destrucción controlada de los artefactos explosivos, y así salvaguardar la integridad de la población civil que podría verse afectada por la onda explosiva”, indicaron desde las Fuerzas Militares.

Ejército bajó sus resultados

La preocupación en diferentes sectores políticos en el país sigue latente por los decretos que firmó el presidente Gustavo Petro, en donde ordenó no hacer operaciones militares y de Policía ofensivas contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y Los Pachenca.

Y, contrario a lo que seguramente pensaba el Gobierno, que estas organizaciones criminales iban a frenar sus acciones delincuenciales, la realidad muestra lo contrario. Así quedó demostrado con el caso más reciente que ocurrió en el departamento de Antioquia, en donde el Clan del Golfo secuestró y luego liberó a cuatro funcionarios judiciales.

Los hechos corrieron en el sector de El Doce, en Tarazá, en donde hombres del Clan del Golfo, que hace parte del cese al fuego, secuestraron durante tres horas a tres Fiscales y un secretario de juzgado. De acuerdo con la información que se tiene, quien habría dado la orden de secuestrarlos habría sido alias Gonzalito, uno de los cabecillas del Clan del Golfo, que está en búsqueda de obtener los beneficios judiciales de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.

Y es que mientras dichas agrupaciones siguen delinquiendo, el Ejército bajó notoriamente sus resultados en enero del 2023, en comparación con enero del 2022. Mientas que enero del año pasado fueron capturados 89 integrantes de las disidencias de las Farc, en enero de este año solo fueron 29.

El año pasado, para el mismo periodo, en desarrollo de operaciones militares habían muerto cinco disidentes, este año no se registró ninguno. El año pasado se dieron 71 capturas de integrantes del Clan del Golfo y este año 57. El año pasado fallecieron en operativos 14 integrantes del Clan del Golfo y este año uno.

Respecto a capturas de Los Pachenca, que también gozan del cese al fuego, el año pasado se dieron 82 capturas y este año el registro es de 12. Sobre la incautación de cocaína también se evidencia una baja considerable. Mientras que para enero de 2022 iban cerca de 10 toneladas, este año la cifra está cercana a las cuatro toneladas.

Respecto a capturas ejecutadas por el Ejército, en enero de 2022 se dieron 1.094 detenciones y en enero de 2023 la cifra es de 925, es decir, 169 casos menos. Para expertos en seguridad, dichas cifras muestran que el Ejército ha reducido sus operaciones tras la orden presidencial de no atacar a dichas estructuras criminales, mientras que dichas organizaciones ilegales están aprovechando el distanciamiento de la Fuerza Pública para seguir cometiendo delitos, como narcotráfico, crímenes de líderes sociales, y secuestro.

Indignación

La reciente acción de las disidencias de las Farc adoctrinando niños en un parque y un colegio de Yarumal, Antioquia, fue la gota que rebosó el vaso en las Fuerzas Militares.

SEMANA habló de manera extraoficial con varios generales que están preocupados por lo que está sucediendo con el cese al fuego bilateral ordenado por el presidente Gustavo Petro, del que no conocen sino la orden. No hay protocolos, no hay zonas definidas, lo único claro es que reciben palo por los bajos resultados y presiones de sus superiores si no cumplen con lo que pidió el Gobierno.

“A nosotros nos están echando el agua sucia. Dicen que no queremos hacer operaciones, pero lo que pasa es que se pactó un cese al fuego y el Gobierno no tenía protocolos de verificación. Es más, ha pasado un mes y no existen”, le dijo a SEMANA un general, quien por obvias razones pidió reserva de su identidad.

“Si actuamos, el Gobierno brinca; si no lo hacemos, el fiscal nos investiga por omitir nuestras funciones constitucionales. Al final vamos a terminar embalados por acción u omisión”, señaló otro general, quien estará en la reunión de comandantes, este fin de semana, en la Escuela Militar José María Córdova.

Otro alto mando se mostró molesto por la posibilidad de que el Gobierno esté imprimiendo su concepto ideológico en la Fuerza Pública, desviando el objetivo de combatir los delitos.

“Se nos formó para combatir los delitos que están en el Código Penal. Los patrullajes de las disidencias lo son, pero hay decretos que dicen que no podemos hacer operaciones ofensivas. Estamos con las manos atadas y la opinión pública nos cae a nosotros”, añadió el oficial.

También hay preocupación por los cuestionamientos del presidente Petro, mediante las redes sociales, a las agencias de inteligencia del Estado. “Con la nueva línea, la inteligencia no la están utilizando para desarrollar operaciones, sino para hacer análisis, y eso es demasiado grave”, dijo otra fuente militar de alto nivel a SEMANA.

Hay un nombre que retumba en las Fuerzas Militares y de Policía, el del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a quien señalan como el que está tomando las decisiones en el sector defensa. “La batuta de las acciones pareciera que las lleva el comisionado de paz y no el ministro de Defensa, Iván Velásquez”, dijo un militar que no ocultó su molestia.

Mientras se negocia con el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y Los Pachenca, ellos siguen traficando, realizando patrullajes y cometiendo crímenes contra los líderes sociales que tanto prometieron proteger.

Sin ir muy lejos, está el homicidio de Edilsan Andrade, reconocida lideresa social, asesinada en Rosas, Cauca. O el decomiso de más de 4,5 toneladas de cocaína del Clan del Golfo en un gigantesco cargamento de ganado.

Muy claro se lo dijo el fiscal Francisco Barbosa al presidente Petro. Hay 2.260 órdenes de captura sin ejecutar. De esas, 349 contra personas implicadas en homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que no se han materializado porque están en zonas donde delinquen las estructuras que forman parte del cese al fuego.

Lo mismo sucede con la incautación de drogas. Mientras que en enero de 2022 fueron confiscadas 33 toneladas, en 2023 solo han llegado a 12. Además, explicó un alto mando, “la meta de erradicación forzosa se redujo a la mitad, pero es un sofisma: no lo podemos hacer porque los cultivos coinciden con zonas donde están los grupos con los que se decretó el cese”.

La situación también ha generado alerta en la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore). Dicen que la Fuerza Pública está “llevando del bulto”. “Con los decretos, los militares y policías en servicio activo están atados, muy amarrados. Los decretos fueron improvisados, hechos a la carrera y por personas ignorantes en los quehaceres armados”, dijo el coronel John Marulanda, presidente de Acore.

SEMANA conoció que durante la reunión de comandantes de este fin de semana en la escuela militar José María Córdova varios oficiales le expondrán sus reparos al general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares. ¿Qué responderá el general?