Políticos con prontuario que siguen conquistando votos

La escena no podía ser más desafiante. El exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, con micrófono en mano, pronunció su primer discurso político desde que recuperó la libertad. Como en sus mejores tiempos habló fuerte, recordó traiciones de antiguos aliados y detalló lo que será su travesía por varias regiones del país.

La escena tuvo lugar hace una semana en Buenaventura, a donde llegó para promover su candidato al Senado, armar listas para la Cámara y catapultar sus candidatos a las Alcaldías. Y sería una simple anécdota política si no fuera porque el polémico exsenador Martínez lleva a cuestas dos condenas; la primera por nexos con el bloque Calima de las AUC, y la segunda por el intento de fraude electoral en las elecciones atípicas realizadas en el Valle del Cauca para elegir gobernador en 2012.

En video: La intimidante reaparición del polémico exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra

Por cuenta de esos líos judiciales este hombre, oriundo de Timbiquí (Cauca), estuvo preso ocho años y medio. Hasta el pasado 18 de septiembre tenía casa por cárcel, pero quedó libre luego de que un juez tumbó el delito principal por el que lo condenaron en el escándalo de las elecciones atípicas del Valle. Pese a ello, Martínez aún debe responder por cohecho en ese mismo proceso, aunque él se presenta como una víctima de la corrupción judicial. “La Justicia me secuestró”, dijo el 4 de octubre en una entrevista a una emisora local de Buenaventura.

Más allá de las minucias jurídicas, pocos se imaginaban que Martínez tuviera las agallas, el poder y la capacidad económica para reconstruir su maquinaria política, que llegó a tener un senador, tres representantes, media docena de diputados, decenas de alcaldes y cientos de concejales. Desde su tierra adoptiva, Buenaventura, Martínez sin quererlo le recordó al país que la política es dinámica y que en estos tiempos pareciera que una buena hoja de vida se mide no solo por sus títulos y logros profesionales, sino por el prontuario.

Más llamativo resulta que esa conducta parece florecer en varias regiones del país, donde se mueven como pez en el agua políticos que llevan a cuestas escandalosas condenas por delitos que van desde nexos con grupos armados ilegales hasta corrupción. Ya en el pasado reciente se registraron las mismas escenas en lo que se llamó ‘parapolíticos en cuerpo ajeno’ y que entonces motivaron una reforma que los castiga con la norma conocida como la ‘silla vacía’.

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Pero ahora ellos mismos realizan reuniones, convocan líderes y tejen alianzas para decidir por quiénes votar en las elecciones al Congreso del próximo año, y perfilar a sus alfiles que intentarán ocupar los cargos de elección popular en 2019. Por cuenta de esa nueva faceta política, los colombianos volvieron a ver en plena actividad a dirigentes condenados como el exsenador Martínez Sinisterra en los pueblos de Nariño, Cauca, Valle y el Urabá antioqueño; y el clan del excoronel Hugo Aguilar, quien con sus hijos ya empezó a reclutar votantes en los barrios populares de Bucaramanga.

Una operación similar estaría realizando una hija de Ramiro Suárez Corzo, el polémico exalcalde de Cúcuta, preso en La Picota tras ser condenado a 27 años de prisión como autor intelectual del asesinato del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez.

Igual rumbo tomaría uno de los vástagos del polémico cacique liberal de Caldas Ferney Tapasco, quien entró en desgracia luego de que la Justicia lo condenó a 36 años de prisión como determinador del asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria de Manizales.

En Antioquia, varios caciques condenados como César Pérez, Rocío Arias y el clan Suárez Mira, si bien siguen activos y con estructuras, aún no visibilizan apoyos. Algo contrario sucede con Jhon Jairo Torres Torres, más conocido como Jhon Calzones, el polémico alcalde de Yopal, condenado a 45 meses de prisión por urbanizar ilegalmente. Sobre él también recae otra investigación por presunto lavado de activos y pese a ello se da el lujo de reunir votantes.

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En Bolívar y Sucre, los mentores del clan García Romero y Guerra de la Espriella (Álvaro García Romero y Joselito Guerra de la Espriella, condenados por parapolítca y el proceso 8000) llevan a cuesta condenas que no les han impedido convocar apoyos y mantener intactas sus maquinarias con curules en el Congreso, Gobernaciones y Alcaldías. Y los Gnecco de Cesar, cuyo jefe político, el exgobernador Lucas Gnecco Cerchar, paga 24 años de cárcel por corrupción, siguen sumando votos.

En otras palabras, los políticos con prontuario se harán contar, tal como sucedió en 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia investigaba a 51 de los 183 congresistas en ejercicio que buscaron la reelección. O como pasó en 2010, cuando 22 congresistas perdieron sus curules por procesos por toda clase de delitos, según reveló Congreso Visible.

Ante semejante paradoja, muchos colombianos se preguntan qué está pasando. Varias razones explican un fenómeno que parece crecer en Colombia y hace sonrojar a muchos.

Fernando Giraldo, politólogo, aspiró en las elecciones de 2011 a la Alcaldía de Cartago, Valle, uno de los municipios más golpeados por la violencia del narcotráfico y corrupción. Justamente allí, hoy un exalcalde con prisión domiciliaria por delitos contra la administración pública se da el lujo de anunciar apoyos, convocar reuniones políticas, reclutar votantes y hasta cuenta con un noticiero local, el cual dirige indirectamente y canaliza dineros públicos. Giraldo asegura que la política de hoy es “paternalista, individual y carente de principios”. Añade que la principal razón para que eso sea así radica en la pérdida de confianza de los partidos, “cuyo nivel de reputación está en el umbral más bajo”.

Una apreciación similar comparte el también politólogo Santiago Londoño, profesor de la Universidad Javeriana en Cali: “La política de hoy tiene estructuras muy sofisticadas que se preocupan por minucias como los puestos y abunda el dinero; todo ello hace que el clientelismo sea el verdadero ‘sex appeal’”. Londoño va más allá y puntualiza que justamente los políticos corruptos gozan de una particularidad que poco abunda en el gremio, “son hombres de palabra y cumplen lo que prometen”.

Pero nada de ello explica la conducta de los electores que caen por los encantos de esos políticos con prontuario. Fabián Sanabria, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional, explica que buena parte del “cinismo puro de esos dirigentes que se creen salvadores y mesiánicos” se nutre de un círculo vicioso basado en algo simple: “La expectativa de los votantes porque les resuelvan una necesidad”.

Ariel Ávila, politólogo experto en el conflicto, que dirige la Fundación Paz y Reconciliación, concluye que “aún no empiezan las inscripciones oficiales para candidatos al Congreso y en nuestros registros ya tenemos 73 nombres de posibles aspirantes con relaciones ilegales, financiación dudosa o alianzas con contratistas”. Así las cosas, en Colombia hace carrera una perversa conclusión que tiene en jaque la ética de la política: da igual ser un ciudadano ilustre que uno con prontuario judicial.