En busca de una salida para la crisis migratoria de los venezolanos

A escasos diez minutos del puente internacional Simón Bolívar, en el corregimiento La Parada del municipio Villa del Rosario –área metropolitana de Cúcuta–, la sala de una casa en obra negra se convierte todas las noches en un refugio para entre 25 y 30 venezolanos que llegan hasta allí para dormir sobre colchones en el piso. Muchos están cansados y sin dinero. Apenas con los 3.000 pesos que les cuesta arrendar un estrecho espacio en donde caben sus cuerpos. Los más afortunados vienen de trabajar durante el día vendiendo dulces o paquetes de papas en las polvorientas calles cerca de la frontera. Ninguno tiene un trabajo formal.

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Esta escena se repite a diario en decenas de casas y edificios de este municipio fronterizo. Cúcuta es el punto de llegada para la mayoría de venezolanos que entran a Colombia por uno de los dos puntos de ingreso habilitados por el gobierno nacional –el puente Francisco de Paula Santander y el puente internacional Simón Bolívar– o por alguna de las trochas que funcionan en esta parte de la frontera.

De los 756.953 venezolanos que habían llegado a Colombia para instalarse a julio de este año, 56.304 permanecían en Cúcuta y su área metropolitana, según estimaciones de Proyecto Migración Venezuela con base en datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane. Es decir, representan aproximadamente el 8 por ciento de la población del municipio, proyectada en torno a los 840.000 habitantes.

En un municipio de este tamaño, la presión de los venezolanos se ha hecho sentir especialmente en el mercado laboral, en la demanda de puestos de trabajo y en los servicios públicos de salud y educación, principalmente.

La crisis financiera que atraviesa el Hospital Universitario Erasmo Meoz, la principal institución de atención médica de Norte de Santander, ilustra el problema. El mes pasado, el hospital atendió unos 9.000 pacientes por urgencias, el triple de su capacidad instalada. De esos, 3.000 eran venezolanos y muchas mujeres embarazadas que no quieren tener sus hijos en Venezuela por la falta de insumos médicos y medicamentos. “El hospital tiene un hueco enorme”, afirma Juan Agustín Ramírez, gerente del Meoz, quien argumenta que la atención en urgencias a pacientes venezolanos le ha costado al hospital 31.000 millones de pesos que han dejado de invertir en otras áreas como infraestructura.

Falta trabajo

En Cúcuta, la llegada masiva de venezolanos se empezó a notar con más fuerza en 2015, cuando el 19 de agosto el gobierno de Maduro cerró la frontera con Colombia. Ese año también empeoró la grave crisis económica que ha llevado a que 3 millones de venezolanos, según Naciones Unidas, huyan de su país en los últimos años.

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Este momento representó un antes y un después en la economía del municipio. “El mercado natural cucuteño era Venezuela. Cuando se generó la crisis allá, el comercio se quedó sin base. Muchas empresas quebraron y algunos empleos se perdieron”, explica Manuel Pabón, director del Centro de Productividad y Competitividad del Oriente.

El informe ‘Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo’ del Banco Mundial, presentado la semana pasada, establece precisamente que el mayor impacto de la migración desde Venezuela ha sido la pérdida de empleos formales. Esto se debe a varios factores, pero principalmente a que muchos migrantes se han dedicado a trabajos informales en competencia directa con negocios que han tenido que cerrar o porque ofrecen su mano de obra por precios menores que los de los colombianos.

“Uno se ha perjudicado mucho porque si unas uñas valen 10.000, ellas las pueden hacer a mitad de precio”, afirma Nubia Osorio, una mujer de 34 años que tiene una pequeña peluquería en Villa del Rosario. Cuenta que por la migración ha tenido que bajar los precios, pero que de todas formas muchas clientas colombianas prefieren contratar a las venezolanas. “Porque son más baratas, pero además trabajan muy bien”, se lamenta.

La solución a este panorama sería integrar a los venezolanos al empleo formal, pero esta posibilidad se ve truncada porque la mayoría de los que permanecen en las zonas de frontera no tienen los documentos necesarios para regularizar su situación migratoria.

Pero más allá de esa barrera, el principal obstáculo para integrarlos es la falta de oportunidades de trabajo tanto para migrantes como para locales, en un municipio que ha ocupado los primeros lugares de desempleo en los últimos años. En septiembre, el paro en Cúcuta y su área metropolitana fue de 16,2 por ciento, mientras que en el resto del país se ubicó en 9,5 por ciento. A esto se suma que la informalidad laboral en la zona es la más alta en el ámbito nacional.

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“Muchos venezolanos llegan a Colombia pensando que es fácil, pero no es tan sencillo conseguir trabajo”, afirma Jean Carlos Martínez, un venezolano de 39 años. Cuenta que intentó trabajar como ayudante de chef y albañil en Cúcuta, pero no lo logró porque no tiene el Permiso Especial de Permanencia (PEP). “Me querían ayudar, pero me decían ‘cómo hago contigo si no tienes papeles’”, asegura. Hoy ayuda, por una tarifa, a otros venezolanos a cruzar la frontera por las decenas de trochas que existen en la zona. Planea reunir el dinero suficiente para pagar el trámite de expedición de la cédula de ciudadanía a la que tiene derecho por ser hijo de una colombiana.

En el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, el 63 por ciento de los partos que se atendieron en septiembre de 2018 fueron de madres venezolanas. 

Por eso, actualmente muchos permanecen en Cúcuta solo con la idea de trabajar en lo que puedan, conseguir algo de dinero y seguir hacia el interior del país o llegar a otros como Ecuador, Perú o Chile. Ya saben que no hay trabajo para los lugareños y mucho menos para los recién llegados.

César Rojas, alcalde de Cúcuta, afirma que el municipio atraviesa un momento difícil. Agrega que la administración tiene las manos atadas por la falta de recursos. “Nosotros no tenemos oportunidades laborales acá ni siquiera para los nuestros (…) Podemos generar empleo por unos ocho meses, pero no es constante. Necesitamos crear incentivos para que las empresas se instalen en la ciudad”.

Y a pesar de que esta crisis ya lleva varios años, la administración local aún no tiene un plan específico para responder. “Estamos a la expectativa de qué decisiones va a tomar el nuevo gobierno. Hasta el momento no se ha decidido lo que va a hacer. Aquí necesitamos un plan de choque a corto, mediano y largo plazo”, recalca Rojas. Desde la Gobernación, por su parte, afirman que necesitan respuestas concretas, pues la migración está presente en todo el departamento.

Respuesta urgente

Por más crítica que parezca, la situación de la migración en el contexto local poco a poco se ha ido convirtiendo en paisaje. Pero se necesitan soluciones urgentes, que den respuestas tanto a las necesidades de los venezolanos como a la población receptora de Cúcuta. El Banco Mundial afirma que las zonas fronterizas de desarrollo mixto y densamente pobladas –como Cúcuta– requieren especial atención. Argumenta que la ola migratoria proveniente deVenezuela“podría poner en riesgo los logros ya alcanzados en términos de acceso a servicios y oportunidades económicas”.

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Francesco Bortignon, un sacerdote italiano que vive hace 24 años en Cúcuta, administra un centro de migraciones y siete escuelas de la Misión Scalabriniana en el barrio Camilo Daza. A diario, atiende a los venezolanos y la población desplazada asentada en esta zona marginal de Cúcuta, y distribuye cerca de 1.200 raciones diarias del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Para él, “Cúcuta tiene la ventaja y la desventaja de ser una ciudad de frontera. Ha llegado a crecer y a estar bien unos años atrás. Pero hoy ha quedado como una ciudad sin empleo, sin empresas y sin fuerza propia. Acá sobreviven quienes se han convertido en eslabones fuertes del contrabando”, dictamina. Agrega que más allá de las repuestas a la emergencia humanitaria, es necesario pensar en cómo generar trabajo.

Y hay que hacerlo cuanto antes, pues ya se sabe que la llegada de los venezolanos no se detendrá en el corto plazo. Además, la población cucuteña ha mantenido una relación histórica con los habitantes de Táchira –el estado venezolano del otro lado de la frontera–, pero el impacto de la ola migratoria ha perjudicado la imagen de los vecinos. Tanto es así que de acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana realizada por Cúcuta Cómo Vamos en 2017, el 66 por ciento afirmó que considera que la migración de venezolanos representa una amenaza para la ciudad.

Sin embargo, el alcalde sostiene que no se debe hablar de xenofobia o discriminación, “sino que hay unas personas que se quejan porque ven cómo algunos venezolanos los desplazan de sus opciones laborales”. Para él, esta crisis ha llevado a que la gente del municipio “despierte” y empiece a pensar en soluciones reales. “Antes una persona fácilmente se ganaba 30.000 o 40 .000 pesos trayendo una pimpina de gasolina y solucionaba el día. Ese era el rebusque de la gente”.

Para Óscar Calderón, coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados, es urgente diseñar un modelo local que enfrente este fenómeno. “Esta falta de respuesta a la migración no la ha acabado, sino que la ha invisibilizado”, afirma. Calderón describe la importancia real de prestar atención a este tema: “Las zonas grises que deja la ley favorecen los aparatos de violencia armada de la zona. Es decir, en la medida en que una mujer víctima de trata de personas con fines de comercio sexual no denuncie por miedo a que la deporten, eso va a favorecer a los violentos”.