¿Militares como proveedores de armas del ELN y el Clan del Golfo?

Un hecho llamó la atención de la Fiscalía en los constantes operativos contra los grupos criminales en diferentes zonas del país. Cuando capturaban e incautaban armamento, descubrieron que esas armas eran del Estado y estaban en guarniciones militares, pero las sacaron y las vendieron. Así funcionaba esta red criminal integrada por miembros activos del Ejército Nacional.

En la Fiscalía se adelantó una investigación que permitió develar cómo delinquía esta red dedicada al tráfico de armas de fuego. La ruta quedó finamente delimitada. Los delincuentes de grupos como el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Clan del Golfo, tenían de proveedores a miembros de la fuerza pública que sacaban de los armerillos los fusiles y pistolas que llegaban a la criminalidad.

“Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a ocho presuntos integrantes de una red delictiva señalada de obtener armas de fuego y munición de uso exclusivo de las fuerza pública para venderlas a distintas estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el ‘Clan del Golfo”, dijo la Fiscalía tras entregar detalles de las investigaciones.

El director especializado contra las Organizaciones Criminales, Carlos Roberto Izquierdo, aseguró que la investigación a cargo del CTI de la Fiscalía, permitió entender la telaraña de corrupción que se gestó en las entrañas del Ejército; con la complicidad de funcionarios públicos, sacaron las armas que vendían a los grupos ilegales,

“Al parecer, aprovecharon sus cargos para extraer pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos de diferentes calibres; y entregarlos a particulares que se encargaban de la comercialización y distribución a los grupos armados ilegales”, explicó Izquierdo.

La investigación permitió establecer que las armas las sacaban de los armerillos con la complicidad de un sargento y un soldado profesional, luego a través de empresas de encomiendas las llevaban a distintas partes del país para completar el tráfico. En esos puntos, las organizaciones criminales tenían personas que reclamaban el envío y terminaban en poder de los cabecillas.

“Entre los detenidos está el soldado profesional retirado Arbey Panqueva Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes fueron condenados por el delito de tráfico de armas y cumplían detención en los lugares de residencia. Los elementos de prueba indican que, al parecer, mantenían contacto con funcionarios de distintos batallones para continuar adquiriendo armamento a gran escala”, señaló la Fiscalía.

Entre los capturados hay un soldado profesional que decidió desertar del Ejército Nacional tras enterarse de las investigaciones que cursaban en su contra. El uniformado estaría vinculado a la organización criminal para facilitar el hurto de las armas en las guarniciones militares. Ahora deberá enfrentar un proceso por tráfico y falsedad en documento público, pues cuando fue requerido por el CTI se identificó con una cédula falsa.

Los demás señalados involucrados son:

• Sargento segundo Julián Bernardo Pinilla Agredo.
• Soldado profesional Milton de Jesús Ávila Ortiz.
• Ubeimar Escobar Muñoz, presunto intermediario.
• Jorge Alfonso Betancur Sánchez, quien sería uno de los transportadores de las armas y la munición.
• María Isabel Díaz Romero, propietaria de un establecimiento de comercio en Medellín (Antioquia) que habría sido utilizado para almacenar las armas, accesorios y cartuchos obtenidos de los fuertes militares.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas ocho personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de: concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; enriquecimiento ilícito; y uso de documento falso.