Militares implicados en la masacre del Remanso, Putumayo, insisten que fue en actos del servicio

La masacre del Remanso en el departamento de Putumayo, que enredó a varios militares, luego del operativo que tenía como objetivo capturar a integrantes de las disidencias de las Farc, terminó en una complicada situación de orden público y ahora la respuesta de la justicia se embolató con una solicitud de la defensa de los uniformados implicados.

Los abogados aprovecharon una audiencia de imputación de cargos y plantearon un conflicto de competencias para evitar que la Fiscalía continúe con la investigación; lo hicieron en el momento en que se esperan resultados del proceso que completó más de un año en el despacho de un fiscal de derechos humanos.

La investigación contra 25 militares, todos implicados en los hechos que la Fiscalía consideró delito, pasó a la Corte Constitucional con el objetivo de definir ese conflicto de competencias que advirtió la defensa de los uniformados. Los magistrados tendrán que establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para concluir si el caso se queda en la justicia ordinaria o pasa a la penal militar.

Por este caso fueron vinculados el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el brigadier general Walther Adrián Giraldo Jiménez, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza, y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.

Luego de analizar el material probatorio, de escuchar en diligencias de declaración a las víctimas e incluso los militares implicados, la Fiscalía concluyó en la presunta responsabilidad que tendrían en los hechos materia de investigación y, por tanto, consideró necesario hacer una audiencia de imputación de cargos que incluso planteó una medida de aseguramiento.

La Procuraduría también abrió una investigación disciplinaria que avanzó con el recaudo probatorio, los testimonios de las personas que resultaron afectadas y las víctimas del operativo que lideró la fuerza pública en contra de un reducto de las disidencias de las Farc que supuestamente estaba en ese espacio.

“La Sala de Instrucción Disciplinaria adujo que, al parecer, durante una operación militar que tenía como objetivo dar de baja a alias Bruno, cabecilla de un grupo armado, se disparó de manera indiscriminada y se produjo la muerte de 11 civiles y se hirió a cinco más; enfrentamiento tras el que habrían modificado la escena, previo a su estudio por parte de la Policía Judicial”, así lo explicó la Procuraduría.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos le piden a la Corte Constitucional tener en cuenta a las víctimas y no permitir que el proceso pase a la Justicia Penal Militar, sino que continúe en la Fiscalía y en la justicia ordinaria; eso, en criterio de los líderes sociales, podría generar un escenario de confianza para quienes esperan, desde hace más de un año, que los responsables comparezcan.

En su momento y en diálogo con SEMANA, el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército, indicó que la operación se construyó luego de las alertas tempranas que recibieron la Defensoría del Pueblo y de la propia comunidad, en donde alertaban que había unos fuertes enfrentamientos entre la estructura Carolina Ramírez y el Frente 48 de las disidencias de las Farc, conocidas como Comandos de Frontera.