Militares involucrados en hostigamiento a civiles en Tierralta, Córdoba, ya están en Montería; diez fueron retirados del servicio

El gigantesco escándalo que se generó por el presunto hostigamiento de parte de miembros del Ejército Nacional contra pobladores en el alejado municipio de Tierralta, Córdoba, episodio que el mismo fiscal general, Francisco Barbosa, calificó con preocupación como un posible regreso del paramilitarismo, ya generó varias y contundentes decisiones contra los involucrados.

El comandante del Ejército, general Luis Fernando Ospina, acaba de anunciar, desde Montería, que fueron retirados del servicio 10 de los uniformados involucrados en este hostigamiento. El hecho es tan grave que en las denuncias, incluso, señalan que se dio la violación de una mujer indígena, un caso que está en investigación.

“Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que se ha podido identificar”, aseguró el general Ospina desde la capital del departamento de Córdoba.

Frente a la polémica sobre la competencia de la investigación, el alto mando confirmó que es facultad de la Fiscalía General. “En igual sentido y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que, según el Artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.

Hostigamientos, abuso sexual y robos en Tierralta

La tranquilidad de la vereda Bocas del Manso Camino, ubicada en el municipio de Tierralta, al sur de Córdoba, se vio sacudida por un escalofriante episodio de violencia que ha conmocionado a toda Colombia. El pasado 11 de septiembre, un grupo de uniformados generó una ola de terror en la comunidad.

Según relatos de testigos, alrededor del mediodía, aproximadamente diez individuos llegaron a la vereda, haciendo creer a los habitantes que eran disidentes de las Farc. Sin embargo, los uniformados llevaban prendas militares que revelaban su verdadera identidad. En un acto de violencia indiscriminada, comenzaron a amedrentar a los residentes, incluyendo a mujeres con niños en brazos, menores de edad y adultos mayores.

La situación alcanzó su punto culminante cuando las víctimas lograron documentar los horribles eventos en un impactante video de 4 minutos y 14 segundos. En la grabación, se puede ver a los uniformados profiriendo insultos verbales, amenazando con disparar e incluso apuntando sus armas directamente a la cabeza de algunos de los presentes.

Además de las amenazas y la intimidación, la comunidad denuncia abusos sexuales y robos por parte de los militares. Una mujer indígena embera katío fue presuntamente abusada sexualmente, mientras que los uniformados habrían robado objetos como ropa, bolsos, productos de higiene personal, dinero en efectivo, joyas y también llevaron a cabo saqueos en las tiendas de alimentos.

Testigos afirman que los militares forzaron a los habitantes a abandonar sus hogares, incluyendo a niños, mujeres y adultos mayores, a quienes también les exigieron que se acostaran en el suelo durante aproximadamente tres horas. Además, se conoció que los uniformados obligaron al profesor de la escuela local a recopilar información de todos los presentes en la comunidad, llevándose consigo la lista con los datos de los residentes.

Cuando finalmente se retiraron del lugar, se dirigieron hacia una dirección que ya era conocida por la comunidad debido a la presencia previa del Ejército Nacional en la zona durante los últimos cinco días.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer estos perturbadores hechos y garantizar que se haga justicia. La comunidad de Bocas del Manso Camino espera respuestas y medidas adecuadas para proteger sus derechos y seguridad en el futuro.