Militares víctimas de secuestro se quedaron sin reparación por decisión del Consejo de Estado; este es el insólito caso

En una insólita decisión, el Consejo de Estado le negó la demanda a un grupo de siete militares que buscaban condenar a la Nación por la toma guerrillera de El Billar, en Caquetá. Un sangriento ataque que protagonizó la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

La determinación del alto tribunal se basó en que el plazo para demandar, que es de dos años, se venció para el grupo de soldados. Un tecnicismo que también ya había sido respaldado en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Bajo ese entendido, aplicando las razones objetivas planteadas por la Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación, a efectos de que excepcionalmente el término de caducidad deba ser contabilizado a partir del momento de que cese el obstáculo material para ejercer el derecho de acción, en este caso el secuestro, se tiene que el medio de control de reparación directa se encuentra caducado”, dice el fallo del Consejo de Estado.

Los siete militares a los que les negaron la demanda contra el Estado son Epifanio Sarmiento, José Miguel Arteaga, Edilberto López, Nelson Rada, Darío de la Rosa, Alexander Guerra y Nilson Sánchez. Ese grupo de militares terminó durante años sufriendo las causas del secuestro, después de la toma de El Billar, en Cartagena del Chairá, en Caquetá.

Ese hecho se remonta al 3 de marzo de 1998, cuando las extintas Farc se tomaron ese sector, dejando 61 uniformados del Ejército muertos y más de 40 secuestrados, entre ellos, el grupo de soldados que terminó demandando al Estado. Todos esos militares hacían parte del Batallón Contraguerrillas No. 52 de la Brigada Móvil No. 3.

Esos soldados víctimas del conflicto vivieron en carne propia el secuestro en las infames jaulas o cárceles que creó el Mono Jojoy para mantener retenidas contra su voluntad a las víctimas de esa guerrilla.

Pese a todo el terror que tuvieron que vivir, el Consejo de Estado explicó que la demanda fue negada porque se presentó en 2018 cuando ya se había vencido el plazo para hacerlo, recordando el fallo que cambió las reglas para acudir a ese recurso y fijó el límite de dos años hasta en casos de lesa humanidad.

“Reconoce como un hecho notorio el drama humanitario que causa el secuestro, así como la situación de vulnerabilidad de las víctimas de este delito, lo que obstaculiza y dificulta el acceso a la administración de justicia, lo cierto es que dentro del plenario no obra prueba que permita determinar que a la parte accionante le fue imposible acceder a la jurisdicción durante los años posteriores al momento en que recobraron su libertad”, indicó el alto tribunal.

Lo particular del documento es que en varias oportunidades confunde las fechas de las liberaciones de los soldados y terminó remitiendo copia del expediente a la JEP donde hace unos días, dos víctimas de este caso fueron escuchadas por la Jurisdicción Especial de Paz.

Uno de ellos fue el soldado (r) Nelsón Rada, quien narró: “Llegamos a una especie de jaulas, donde empezó otro sufrimiento. El trato era cruel, inhumano, dormíamos entablados, no teníamos derecho a una cobija para el frío en las noches (...) Con el tiempo surgieron otras adversidades con ellos porque nos sacaban a cortar leña y había noches que llegaban con sus fusiles gritando: ‘salgan todos’. Decía en mi mente nos mataron”.