La nueva JEP, según el acuerdo firmado entre contradictores

Hay dos fuerzas que siguen alterando la ecuación de la política en Colombia: el legado triunfal del No en el plebiscito y el acuerdo de paz con las Farc. Tres hechos lo demostraron así esta semana. Por primera vez el uribismo reconoció la legitimidad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como un órgano de cierre que suturará las heridas del conflicto, los militares se anotaron un punto en la justicia transicional y, contra todo pronóstico, Álvaro Uribe compartió la misma mesa de discusión con cuatro miembros de la exguerrilla. 

A pesar de que con la firma del acuerdo en el Teatro Colón, se trató de poner punto final a las controversias sobre la renegociación del primero –firmado en Cartagena–, su contenido aún sigue generando debates. Y no sobre cualquier tema, sino sobre las características que tendrán los juicios a miembros de las Fuerzas Armadas que especialmente se han mostrado inconformes con la elección de los hombres y mujeres que se encargarán de juzgarlos con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto.

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En esta ocasión, la justicia transicional y los militares fueron el punto de encuentro que ambientó los tres hitos que protagonizaron esta semana la agenda en el Congreso. Sin embargo, no hubo concenso pleno. El Polo se abstuvo por considerar que un acuerdo no puede partir del supuesto que la JEP no tiene legitimidad. Por su parte, el partido de las Farc, que participó en la reunión de discusión se distanció a la hora de firmar y votar pues está impedido dado que sus líderes comparecerán ante la JEP.

Al final, con una fórmula diferente a la que propuso inicialmente el Centro Democrático, pero que venía impulsando María Fernanda Cabal, se acordó ampliar el número de magistrados que tiene la JEP. Es decir, de salir adelante la iniciativa en los siete debates que tiene por delante, se nombrarán 14 magistrados más que se repartirán de a dos en cada una de las tres Salas y cuatro Secciones que integran la justicia de paz. 

Con esta movida, el presidente Iván Duque, que resumía su posición frente al acuerdo de paz con la frase: “Ni risas, ni trizas”, termina introduciendo parte de las modificaciones con las que conquistó a su electorado. Con la diferencia, sin embargo, de que en teoría, se trata de un ajuste menor, de más forma que fondo, con el que puede quedar bien con todas las partes, lo cual en término electorales es muy importante.

La propuesta dirigida por el senador Luis Fernando Velasco en términos prácticos busca “inyectar” nuevos magistrados a las Salas y Secciones. Los nombres serán elegidos por un Comité de Escogencia autónomo, conformado por dos delegados del Consejo Superior de la Judicatura, un delegado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, y un delegado del procurador general. 

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"De los magistrados que seleccionó el (pasado) comité de escogencia que tanto cuestionamos, hay 17 cuyos perfil no nos daban ninguna garantía. No son competentes. De los magistrados que hay ahora en la JEP ninguno es competente para procesar a miembros de la fuerza pública, estos que serán elegidos son los que podrán hacerlo. Cualquier mecanismo sin cesgo ideológico es válido. Eso envía un mensaje de tranquilidad", le dijo a SEMANA el general (r) Jaime Ruiz. 

Aunque todavía falta precisar muchos detalles del proyecto y todo puede pasar en los siete debates que le faltan, se ha dicho que con el aterrizaje de estos nuevos funcionarios, la JEP estará organizada en grupos de magistrados y equipos te trabajo, que operarán de manera separada en el estudio de los casos de la guerrilla y los agentes de Estado. Así las cosas, por el volumen de trabajo,  como una vía para agilizar los trámites y, además, ofrecer las garantías que reclaman los militares, difícilmente quien esté revisando el expediente de Iván Márquez se acercará al del general (r) Mario Montoyo.

Si bien se cayó la propuesta del Centro Democrático de crear una JEP diferenciada dentro de la misma JEP que se encargue solo de evaluar y juzgar los casos de los militares, todavía muchos temen que se trate de un regalo en venenado que termine abriéndole las puertas de intervención a la Corte Penal Internacional. ¿La razón? quienes eventualmente se postulen a las nuevas plazas que abriría la JEP tendrán que cumplir con una exigencia: acreditar conocimientos específicos en derecho internacional humanitario (DIH) y manuales operacionales de la fuerza publica. Otro punto acordado es que las confesiones de los militares deben ser corroboradas por otros medios probatorios, esto en razón de que el Centro Democrático considera que por la vía de incentivos judiciales los miembros de la fuerza pública comparecientes en la JEP podría asumir responsabilidades que nos les corresponden en rigor. 

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Con esto, lo que al menos 42 organizaciones de derechos humanos sospechan, es que se abre un boquete para que "los miembros de la fuerza pública investigados, acusados y condenados por su responsablidad en graves violaciones eludan la acción de la justicia y quedar en la impunidad", amparados en la idea de que al invocar figuras como "blanco legítimo" o "daño colateral" pueden estar evadiendo su responsabilidad penal. Y con esto, las más afectadas serán las víctimas y su acceso a la verdad. 

Que los militares adhirieran al proceso de paz no fue una tarea fácil. Menos aún que aceptaran una justicia que iba a ser para todas las partes, y no solo para las Farc, como pretendían muchos en el país. Por eso la contracara de su presencia en el proceso de paz ha sido la oportunidad para resolver su compleja situación legal que a dos años de la firma del acuerdo de paz sigue dando de qué hablar. Miles de miembros de la fuerza pública, de todos los rangos, tienen procesos o condenas por violaciones de los derechos humanos. Pese a la incoformidad que muchos miembros de la institución castrense han mostrado, a la fecha, más de 1.900 militares y policías han suscrito actas de sometimiento con la Jurisdicción Especial de Paz. 

A la lista se suman los nombres de al menos nueve generales, no solo vinculados con los mal llamados falsos positivos sino también con episodios como la retoma del Palacio de Justicia. Rito Alejo del Río, Mario Montoya, Jaime Uscátegui, Henry Torres Escalante, Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas, José Joaquín Cortés Franco y Hernando Pérez Molina, son algunos de los nombres que hizo pública la justicia de paz, mientras el Senado por primera vez –desde que el presidente Iván Duque llegó a la Casa de Nariño– evalúa un proyecto para modificar uno de los acuerdos pactados en La Habana. 

“A primera vista, pareciera que la reforma a la JEP aprobada hoy logra terminar con críticas sobre supuesta parcialidad de la JEP sin afectar derechos de las víctimas, a lo menos respecto al valor de las confesiones. Me parece razonable y plenamente consistente con el principio jurídico de la sana crítica que la reforma proponga que la sola confesión de quienes decidan cooperar con la JEP no es prueba suficiente para condenar a otras personas", le dijo a SEMANA el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco. 

Por otra parte, agregó que "la ampliación del número de magistrados no es objetable, siempre y cuando la selección sea llevada a cabo de forma seria, a través de procesos genuinos, independientes e imparciales. Ahora bien, la clave aquí es que no se introduzcan trampas en los próximos siete debates en el Congreso. Por eso seguiremos de cerca el debate legislativo y esperamos que los partidos políticos respeten el acuerdo alcanzado hoy". 

Y es que la decisión que este miércoles tomó la comisión primera del Senado tiene muchas lecturas. De un lado están quienes ven como un despropósito no solo por lo "irresponsable que resulta ampliar las plazas de la JEP sin conocer el volumen de trabajo que tiene", sino también "porque rompe con la integridad de un jurista" que como parte de su profesión debe acreditar los conocimientos priorizados en el capitolio. En ese sentido, el abogado Jaime Castro, manifestó que "a cada problema, a cada inquietud que aparece se responde con una solución burocrática. Es equivocado".

Del otro lado están quienes ven una oportunidad para por fin empezar a construir consensos y darle legitimidad a la JEP. "El uribismo quería inicialmente sacar a los militares de la JEP. Luego dieron el paso a decir está bien hagamos una sala, pero eso rompía el principio de universalidad de que todas las partes del conflicto debían ir a las mismas salas. Lo que se logra con este texto es que no se crea una JEP paralela sino que se van a escoger un número limitado de magistrados que intregraran la justicia de paz. El triunfo es inmenso. Pasamos del rechazo de la JEP a su reconocimiento", manifestó la representante a la Cámara Juanita Goebertus. 

En la otra orilla, sin embargo, están las Farc. A pesar de que el partido no se pronunció inmediatamente se produjo la noticia y desde un principio se opuso a tocar cualquier coma de los acuerdos, varios de los miembros de la colectividad hicieron públicó en redes sociales su descontento: "El veneno más letal de la contrarreforma a la JEP que puso en marcha la Comisión Primera del Senado se encuentra en la Ley estatutaria que sobrevendrá. Carta blanca para propósitos de trizas y risas de la retranca", dijo a través de su cuenta de Twitter Jairo Estrada. 

Agregó: "Hubiera sido preferible que la derecha se pusiera en evidencia con la creación de su sala especial de impunidad, y no que le metiera la mano a toda la JEP. Muy bien por el honroso voto en contra de Alexander López del Polo". Se espera que en las próximas horas el partido de la rosa se pronuncie sobre el proyecto que comenzó a hacer carrera en el Congreso. 

Y aunque el pacto está suscrito por fuerzas contradictorias en el Congreso, lo cual le da un cierto horizonte de viabilidad, para que sea un hecho fáctico no bastará con que supere los ocho debates que requiere todo acto legistivo. Si ello efectivamente ocurre, el proyecto luego tendrá que ir a revisión de la Corte Constitucional donde las cosas no son muy claras. De cualquier forma, el mensaje de concenso político le permite al proyecto tener impulso en el trámite dentro del legislativo al tiempo que le imprime un sello poderoso a la hora de encarlar la evalución en la Corte Constitucional.  

Este episodio, y el acuerdo derivado del mismo, es apenas una muestra de lo que se viene para la JEP: la tensión entre justicia y paz bajo la batuta de los voceros del no en el plebiscito. Ambos son valores críticos para la democracia, y la manera como se equilibren las demandas, dirán qué tan exitoso será el cierre definitivo del conflicto interno que se vivió con las Farc.