Millonaria condena por 39 camiones de basura que nunca funcionaron en alcaldía de Petro

Casi ocho años después de la grave polémica por la modificación del esquema de aseo en Bogotá que fue realizado en la administración del exalcalde Gustavo Petro, y resultó un total fracaso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una trascendental decisión en uno de los puntos más álgidos en el proceso: los 39 camiones recolectores de basura que presentaron graves fallas en su funcionamiento.

El Tribunal le ordenó a Daewoo Truks S.A.S. a pagar un poco más de 1.500 millones de pesos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por el incumplimiento del contrato para la reparación preventiva, correctiva y puesta en punto para el funcionamiento de los 39 vehículos compactadores.

Igualmente, le ordenó a Seguros del Estado S.A. a pagarle a la Empresa de Alcantarillado y Aseo “la suma equivalente al 3 % del valor total de la condena que corresponde a 47.053.061 pesos″. Con esta decisión, el Tribunal le pone punto final a la polémica y le ordena a la empresa que tiene su casa matriz en Corea del Sur pagar por las omisiones.

En su momento, estos vehículos eran fundamentales para la puesta en marcha del nuevo modelo de aseo en Bogotá liderado durante la administración de Gustavo Petro, sin embargo, debido a su mal estado y deterioro no pudieron ser utilizados. Para el Tribunal, la empresa tenía la responsabilidad directa para que los camiones funcionaran correctamente.

“(…) para ilustrar que al contratista Daweoo Trucks se le exigía una mayor diligencia y cuidado en el negocio jurídico objeto de la presente controversia, toda vez que el contrato debió ser de utilidad para ambas partes, haber informado a la EAAB durante la ejecución del contrato el estado de la flota de 39 automotores que se comprometió a reparar, desde el inicio del contrato y prever que el monto ofertado no se podía cumplir con la totalidad de los vehículos, lo cual debió realizar desde el momento en que recibió los automotores, pues se tiene que en los estudios previos y oferta, el contratista debía hacer un diagnóstico para establecer el estado real”, señala el fallo de 72 páginas.

En otro de los apartes de la decisión se considera que la casa automotriz incurrió en constantes omisiones frente a las medidas que debía tomar para que los camiones entraran en funcionamiento y cumplieran su labor de recolectar la basura. En este punto se cuestiona que los 39 vehículos fueran dejados a su suerte en los puertos tras su exportación, esto teniendo en cuenta que no funcionaban y nadie se hizo responsable.

“El hecho de que se hubiera previsto un orden para la reparación de los vehículo ello nada exime al contratista de haber realizado la valoración de cada uno de los vehículos que fueron entregados y que estaban en el predio que Daewoo Truks dispuso para cumplir con el objeto del contrato, e inclusive si al percatarse que el arreglo del carro resultaría más costoso que adquirir otro, ello debió poner de presente y no simplemente adoptar la conducta de haber agotado el valor total del contrato con 23 vehículos cuando conocía que faltaban por reparar 15 carros, dejarlos abandonados porque la entidad no tenía la obligación de suministrar recursos adicionales a los pactados”, advierte el fallo.

En el análisis jurídico se indicó que se incumplieron varios acápites del contrato para la puesta en funcionamiento de los camiones: “También, puede resultar valido que el contrato hubiera generado algún tipo de adición presupuestal por cuestiones no previsibles luego del diagnostico definitivo que debía realizar el contratista, informado a tiempo, pero no como en este caso Daewoo Truks se limitó a informar cuando el plazo del contrato venció que todo el presupuesto lo utilizó en 23 y que para reparar los otros 15 autocompactadores se debía adicionar el contrato en más de la mitad del valor contratado, lo cual resulta ser desproporcional para los recursos públicos”.

En 2015, por las fallas en la adquisición de estos camiones, la Procuraduría General destituyó e inhabitó por 15 años para ejercer cargos públicos al entonces alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro Urrego.