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Millonaria ocupación a bienes administrados por ciudadanos chinos; los estarían usando para hacerle ‘trampa’ al sistema de impuestos nacional

La Policía y la Fiscalía ocuparon 11 bienes por un valor cercano a los 25.000 millones de pesos, en donde al parecer, se almacenaba mercancía de contrabando.

Redacción Nación
18 de octubre de 2023
Bienes que habrían sido usado por ciudadanos chinos para ocultar contrabando.
Bienes que habrían sido usados por ciudadanos chinos para ocultar contrabando. | Foto: Policía

Una importante operación ejecutó la Policía Aduanera y la Fiscalía en contra del contrabando. Según el reporte oficial, 11 bienes, incluidos edificios y bodegas fueron ocupados con fines de extinción de dominio.

Las propiedades, de acuerdo con la Policía Fiscal y Aduanera, eran administradas por ciudadanos chinos, quienes al parecer estaban almacenando allí mercancía de contrabando, defraudando de esta manera el sistema de impuestos nacionales.

Bienes ocupados por la Policía y Fiscalía con medida de extinción del derecho de dominio.
Bienes ocupados por la Policía y Fiscalía con medida de extinción del derecho de dominio. | Foto: Policía

“Hemos desarrollado unas operaciones de notificación de extinción del derecho de dominio a unos bienes e inmuebles, los cuales de acuerdo a unas actividades de inteligencia e investigativas por parte de funcionarios de Policía Judicial, en donde se dio la vinculación de estos bienes en temas de delitos de contrabando y su favorecimiento”, dijo el coronel Heinar Giovany Puentes Aguilar, director de la Policía Aduanera.

Agregó que, “es así como se impacta sobre 11 bienes ubicados en la ciudad de Bogotá, que tienen un valor aproximado de más de 25.000 millones de pesos, donde se realizaban actividades comerciales con productos que posiblemente han ingresado de manera ilegal al país”.

Coronel Heinar Giovany Puentes Aguilar, director de la Policía Aduanera.
Coronel Heinar Giovany Puentes Aguilar, director de la Policía Aduanera. | Foto: SEMANA

Sobre este mismo hecho, dijo la Fiscalía General de la Nación, que participó en la acción que, “una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre nueve inmuebles urbanos y dos establecimientos de comercio ubicados en el centro de Bogotá, avaluados en más de 25.600 millones de pesos”.

Agregó el ente acusador que, “entre 2018 y 2022, estas propiedades habrían sido utilizadas para almacenar y distribuir productos que ingresaron de manera ilegal al país, en el entendido de que no tenían la documentación que acreditara el pago de los tributos de ley y su entrada legítima al territorio aduanero nacional”.

“Las actividades de campo demostraron que algunas de las propiedades eran de propiedad o administrados por ciudadanos asiáticos, se destaca que se hace extinción de dominio por primera vez a un bien que está relacionado con contrabando en la venta de autopartes, es posiblemente autopartes que ingresaron de manera ilegal” (sic), agregó el Director de la Polfa.

Fachada del Bunker De La Fiscalía.
Fachada del búnker de la Fiscalía. | Foto: Colprensa – Álvaro Tavera

Hay que mencionar que el pasado mes de septiembre, la Fiscalía realizó la ocupación de otros bienes con fines de extinción de domino, pero en dicha ocasión a una red que se dedicaba al tráfico de explosivos.

Según el ente acusador, “en desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con las finanzas de las organizaciones ilegales, fueron ocupados con fines de extinción de dominio tres inmuebles urbanos, dos vehículos y siete establecimientos de comercio que pertenecerían a una estructura dedicada a la compra y venta de explosivos”.

Así mismo, indicó la Fiscalía que, “de acuerdo con los elementos de prueba obtenidos de manera articulada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Seccional Cundinamarca, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, la red ilegal aprovechaba que adquiría explosivos en polvo y los hacía pasar como abonos agrícolas y/o fertilizantes. De esta manera evadía los controles de las autoridades”.

Para este segundo caso, dijo la Fiscalía que, “los bienes, avaluados en más de 1.800 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración”.