Nación
Millonario contrato para construir una cárcel está en el ojo del huracán
Procuraduría investiga a la Uspec por construcción de la cárcel de Pereira que contrató una interventoría a un proyecto cuyo contrato de obra aún no se ha suscrito.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, continúa bajo la lupa de la Procuraduría, una contratación más de la entidad genera polémica, esta vez se trata de la construcción de la Fase II del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional, Eron, en Pereira.
Los trabajos de ampliación del penal, cuenta con inversiones que superan los 200 mil millones de pesos, pero desde su arranque ha estado en la mira del Ministerio Público, por varias presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en la ejecución del proyecto. La Procuraduría ha levantado las alertas respectivas “para minimizar riesgos al no concretar claramente el inicio del contrato para la construcción de la Fase II de la cárcel, adjudicado desde el 28 de diciembre de 2023″, indicó la entidad en un comunicado.
Para el ente de control la situación genera alarma ya que hoy, casi tres meses después de adjudicar la obra y contratar su interventoría, no se ha suscrito el contrato aduciendo problemas administrativos y financieros.
Para la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, esta situación advierte riesgos para el patrimonio público pues podría generar sobrecostos y reclamaciones por parte de los contratistas e interventoría por los retrasos en el cronograma de la obra.
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En el desarrollo de la vigilancia preventiva, se constató que la entidad no cumplió los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones “configurando una posible violación al principio de planeación al no desarrollar celebración del contrato, razón por la cual se trasladó el asunto al operador disciplinario, quien tendrá que determinar si hay responsabilidad de los funcionarios encargados de esta contratación”, puntualizó la Procuraduría.
Cabe recordar que el pasado 6 de febrero la Contraloría General reveló graves irregularidades en los contratos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con un impacto fiscal estimado en $14.981 millones.
Estas anomalías, de acuerdo con el órgano de control, se centran en la adquisición de una solución integral para la prestación del Servicio Ininterrumpido de Vigilancia Electrónica (SVE) para personas privadas de la libertad con detención domiciliaria, beneficios administrativos o medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, bajo la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El descubrimiento más significativo, valuado en $14.652 millones, se realizó tras una inspección al Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual (Cervi). Durante esta revisión, la Contraloría solicitó la documentación de facturación y pago correspondiente a todos los meses de 2022, revelando que se había facturado por servicios de monitoreo diario para dispositivos inactivos, considerados erróneamente como “efectivamente monitoreados”.
Una semana después de ese escandalo vino otro, abrieron investigación contra el director de la Uspec por presuntas irregularidades en suministros de alimentos en la cárcel La Picota. Al parecer, la unión temporal contratad: Alimentar Sueños Uspec 2023 no habría cumplido los requisitos de cantidad, calidad y periodicidad exigidos.
