Millonario engaño en compra de ventiladores mecánicos durante época de pandemia tiene en aprietos a la Gobernación de Valle del Cauca

Más de 140.000 personas murieron por covid-19 en Colombia. Al recordar la época más difícil de la pandemia es inevitable pensar en la falta de camas en unidades de cuidados intensivos y de ventiladores mecánicos. El departamento Valle del Cauca fue uno de los más afectados, por eso en de marzo de 2020 desde la Gobernación se anunció textualmente: “Los respiradores los estamos consiguiendo, ya tenemos aproximadamente 400 que estamos procediendo a comprarlos, ya los tenemos para importarlos. Nos estamos preparando, no hemos dejado ningún punto al azar” (sic), dijo Clara Luz Roldán ante el Comité Asesor Ad Honorem, que apoyaba la ruta y las estrategias del Gobierno departamental para contener la emergencia.

De hecho, un mes después, el 24 de abril ya se tenía el Contrato 12200259.02 con Turnkey Logistics Consultants S. A. S. La representante legal de la compañía, para ese momento, era Lorena Catalina Daza Aragón, quien se comprometió a venderle a la Gobernación de Valle del Cauca 300 ventiladores por una suma superior a los 29.500 millones de pesos, lo que indica que por cada ventilador pagarían más de 98 millones de pesos. Otros departamentos, como en el Huila, pagaron ventiladores 20 millones por debajo del valor.

Sin embargo, lo más grave no fue ese costo, sino el problema que radicó el incumplimiento del contrato. El plazo de ejecución máximo estaba para el 30 de junio de ese mismo año. Hubo una prórroga que se extendió hasta el 15 de julio, pues para esa fecha no había llegado la totalidad de los ventiladores, por lo que surgieron múltiples excusas, entre ellas, dificultades en la importación. Lo grave del asunto es que la Gobernación ya había girado al contratista un anticipo del 50 % del valor del contrato, es decir, más de $14.000. Finalmente, el contratista por un valor tan alto solo hizo llegar 50 ventiladores, de los cuales uno nunca funcionó, por lo que fue devuelto.

“Finalmente, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca pagó al contratista la bobadita de 220 millones de pesos por cada ventilador”, dijo Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por ese departamento, luego de que le llegara a su celular una denuncia anónima. En medio de la investigación que ellos arrancaron identificaron que: del anticipo, Turnkey Logistics solo devolvió 404 millones de pesos y le embargaron una cuenta bancaria que tenía un saldo de 79 millones de pesos.

El contratista desapareció con más de 7 mil millones de pesos que estaban destinados para la salud de los vallecaucanos. SEMANA conoció que el 30 de agosto cambió el representante legal de la compañía y la nueva cara ya no era Lorena Daza, sino Juan Duque; sin embargo, ni el uno ni el otro responden.

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Lesmes, dijo a este medio que fue víctima de un vil engaño, pero asegura que hizo todo lo posible no solo por recuperar el dinero, sino por hacer que los responsables pagaran. Aunque Sánchez considera que hubo negligencia y presunta complicidad por parte de la Gobernación debido a que a pesar de las múltiples demoras, excusas y trabas durante el proceso, la Gobernación nunca impuso ninguna sanción, multa o cláusula penal al contratista. “Pudimos confirmar que, hasta ahora, dos años después del desfalco, el contratista no tiene en curso ningún proceso de responsabilidad fiscal ni antecedentes. Lo preocupante es que si el empresario decidiera renovar su matrícula ante la Cámara de Comercio, podría ser un fantasma de la corrupción habilitado para contratar con otras entidades del Estado sin tener, ni siquiera, una investigación en su contra”, dijo Duvalier Sánchez en entrevista con SEMANA.

La defensa a la que se aferra Lesmes es que desde la Gobernación hicieron las gestiones pertinentes por recuperar el dinero a través de las aseguradoras y, efectivamente, logran recuperar alrededor de 7.000 millones de pesos. Este dinero no lo pagó el contratista, sino Seguros del Estado, y eso en razón a que el 4 de agosto la Gobernación expidió un acta final de cumplimiento del contrato, para hacer una terminación bilateral del mismo.

Pero surgen varios interrogantes, uno de ellos el por qué argumentar que el contrato se terminó de manera bilateral cuando en realidad hubo un evidente incumplimiento que no sólo requería la devolución del dinero entregado, sino la indemnización de los daños y perjuicios. “Aquí estamos ventilando un caso de corrupción gravísimo donde cientos de vidas posiblemente se perdieron y se pudieron haber salvado si la Gobernación no hubiera actuado con tanta negligencia”, enfatizó el representante a la Cámara.

Y es que él hace hincapié en que la demora de un solo día en la entrega de los ventiladores era literalmente mortal. Por su parte, la Contraloría advirtió en su momento de un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal, por incumplimiento en lo pactado en lo referente a la devolución de recursos y rendimientos a la secretaria de Salud Departamental del Valle del Cauca: “No se observó que el Departamento del Valle del Cauca dentro de la etapa de ejecución impusiera las sanciones pecuniarias de que trata la Ley 80 de 1993 para apremiar al contratista al cumplimiento de las obligaciones contraídas”.

En el momento de la entrevista, la secretaria de Salud del departamento le manifestó a SEMANA que ellos sí denunciaron penalmente y efectuaron las acciones pertinentes para dejar al descubierto al contratista, pero hasta el cierre de este artículo, y tras varios días de espera, no allegaron los soportes.

El congresista denunció ante la fiscalía general de la Nación por presuntamente haber contratado sin el complimiento de los requisitos legales, por haber liquidado sin el cumplimiento de estos. Además, por prevaricato por omisión de los funcionarios que participaron el proceso contractual.