Millonarios: esta es la fortuna que acumularon policías implicados en una poderosa red de contrabando desarticulada por la Fiscalía

Nadie, ni en la misma Policía, podían entender cómo un patrullero, con un sueldo que no superaba los tres millones de pesos, era dueño de una fortuna que incluía casas, apartamentos y autos de lujo. Una investigación de la dirección contra la corrupción de la Fiscalía explicó cómo el patrullero y su jefe, un mayor, lograron convertirse en “nuevos ricos” en corto tiempo.

Los dos uniformados fueron capturados en una operación contra el contrabando en diferentes zonas del país. Según se supo, la Policía Fiscal y Aduanera garantizó el flujo irregular de mercancías a cambio de millonarios sobornos para que los uniformados dejaran de cumplir con sus obligaciones.

“Inicialmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), logró la captura de cinco de los señalados integrantes de la red ilegal. Se trata del mayor Andrés Felipe Montoya Navarro, el patrullero Harol Gil Ramírez, los hermanos Jorge Alberto y Jhon Marlon Gil Ramírez, y Tulia Inés Tapia Mulett”, señaló la Fiscalía.

Según los investigadores, los dos uniformados, a cambio de dádivas, se apartaron de sus funciones y permitieron el paso de cargamentos que no cumplían la normatividad aduanera nacional. Producto de su actuar ilegal, presuntamente, incrementaron sus patrimonios sin justificación, y adquirieron bienes inmuebles y vehículos ubicados en el Eje Cafetero.

“Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a estas cinco personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, lavado de activos y concierto para delinquir con fines de contrabando”, explicó el ente acusador durante la imputación de cargos.

La investigación de la Fiscalía permitió establecer además que, producto de las ganancias ilegales que les dejaba a los uniformados permitir el paso de mercancía sin los requisitos de ley, se compraron millonarios bienes en diferentes partes del país. También adquirieron vehículos de alta gama que, claramente, no se justifican a través del patrimonio económico de los dos policías.

“De manera simultánea al proceso penal, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder de dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1 sociedad, 20 inmuebles y 10 vehículos localizados en Dosquebradas, Guática y Santuario (Risaralda), y Barranquilla (Atlántico)”, señaló la Fiscalía.

Los bienes de los dos uniformados estarían evaluados en más de 5 mil millones de pesos, nada que se le parezca a un patrimonio legalmente adquirido por quienes trabajan en la Policía y que, en menos de 10 años de servicio, lograran semejante fortuna.

“Por disposición del juez de control de garantías, los dos uniformados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los particulares seguirán vinculados a la investigación”, advirtió la Fiscalía tras el resultado de las audiencias preliminares.