"Las Bacrim están instalando minas antipersonales"

La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL) publicó hace cinco meses el Landmine Monitor, que anualmente actualiza el ránking de los países más afectados por estos explosivos. Colombia, sorprendentemente, pasó de ser el segundo país con más víctimas, después de Afganistán, al sexto lugar. Esta noticia, que es resultado de las labores de desminado humanitario que el gobierno y las organizaciones civiles realizan, es alentadora para las comunidades afectadas.

Sin embargo, faltaba algo: un reconocimiento a las 11.500 víctimas que han dejado las minas. Una labor que el Centro Nacional de Memoria Histórica asumió hace dos años y que este miércoles rendirá frutos cuando se publique La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia, el primer informe histórico sobre esta problemática.

Semana.com habló con María Elisa Pinto, la persona que estuvo a cargo de toda la investigación.

Semana.com: ¿De dónde surge la necesidad de hacer este informe?

María Elisa Pinto (M.E.P.): El informe comenzó a hacerse en 2015 porque el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se dio cuenta que en el informe Basta Ya (2013) no se ahondó lo suficiente en el tema de minas siendo Colombia, en esa época, el segundo país más afectado por estos explosivos. Además había un llamado muy fuerte de la Fuerza Pública por reconocer a sus miembros afectados por esta problemática como víctimas del conflicto.

Semana.com: ¿Por qué pueden considerarse como víctimas en este caso?

M. E. P.: Porque usar minas antipersonal está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario  entonces usarlas es un crimen de guerra y por ende quienes caigan en ellas son víctimas. Y este informe fue la oportunidad perfecta para reconstruir la memoria histórica de las víctimas de la Fuerza Pública, algo que hasta el momento el CNMH no había hecho.

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Semana.com: ¿Qué otras particularidades tiene el informe?

M. E. P.: Generalmente los informes del CNMH se centran en regiones específicas. Este es un informe nacional por la naturaleza misma de la problemática: las minas están por todo el país, de los 32 departamentos solo uno, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no tiene riesgo de minas.

Semana.com: ¿Qué regiones visitaron para hacerlo y qué tantas voces recogieron?

M. E. P.: Estuvimos en las ocho regiones más afectadas del país: Antioquia, Caquetá, Meta, Montes de María (entre Bolívar y Sucre), Arauca, Nariño, Cauca y Putumayo, y trabajamos con 182 víctimas civiles y 140 de la Fuerza Pública a través de talleres de reconstrucción de memoria que giraban en torno a tres dimensiones.

Semana.com: ¿Cuáles son?

M. E. P.: La mina es un arma que no solo afecta la corporalidad y al sujeto que la pisa sino también a sus relaciones comunitarias, familiares y a un territorio. Al sujeto por obvias razones; a su familia porque deben cuidar de él y sufrir el impacto económico que trae su discapacidad. En el caso de los demás miembros de la comunidad por el miedo y la zozobra que genera saber que en el territorio hay explosivos escondidos; y al territorio porque las dinámicas cambian: la gente tiene que dejar de cultivar, de desplazarse por algunos senderos, comienza la deserción escolar en los niños y, en muchos casos, las personas quedan confinadas a un espacio delimitado.

Semana.com: ¿Qué novedades trae el informe?

M. E. P.: Sin duda lo más innovador fue haber incluido las voces de las víctimas de la Fuerza Pública pero hubo cambios de enfoque muy valiosos como reemplazar el término “accidente con mina antipersonal” por el de “atentado”, o el de “víctima de mina” por “sobreviviente”. También hicimos un énfasis especial en la problemática de los remanentes explosivos de guerra, que hasta el momento había sido opacada por la de las minas antipersonal. Mostramos qué tan grande y grave es el impacto que tienen estos fenómenos en las comunidades indígenas, y advertimos sobre una distinción que el gobierno debe comunicarles mejor a las comunidades afectadas por minas: la diferencia entre un territorio declarado libre de sospecha de minas y un territorio libre de minas.

Semana.com: ¿Por qué reemplazaron “accidente” por “atentado” si el término utilizado internacionalmente para denominar este tipo de eventos con minas es “accidente”?

M. E. P: La apuesta del CNMH fue hablar de atentado por una razón contundente: la palabra “accidente” oculta la naturaleza del problema. Cuando se instala una mina hay una acción deliberada de alguien y si uno dice “accidente” se infiere que no hay un responsable de esa acción. Y aunque es complejo porque cuando explota el artefacto es imposible saber a ciencia cierta quién lo puso, sí hay indicadores de quién pudo ser, como la presencia histórica que han hecho las guerrillas en ese territorio. Por eso decir “atentado” denomina de manera más real lo que significa activar uno de estos explosivos.

Semana.com: El informe habla en su mayoría de las guerrillas como responsables de las minas. ¿Qué pasa con los paramilitares?

M. E. P.: No encontramos ninguna información o testimonio que hablara de su uso por parte de los paramilitares pero encontramos un informe de InSight Crime dice que las Bacrim también las están usando.

Semana.com: ¿Por qué decidieron llamar “sobrevivientes” en vez de “víctimas” a quienes han activado una mina?

M. E. P.: Muchos de ellos asumen el hecho de haber sobrevivido a esa tragedia como un símbolo de resiliencia, de superación, y ven la palabra “víctima” como algo lastimero que subestima su capacidad de llevar una vida normal después de la mina. A los únicos que llamamos víctimas en el informe fue a los que fallecieron por la explosión.

Semana.com: ¿Qué son los remanentes explosivos de guerra (REM) y por qué enfatizaron tanto en estos?

M. E. P.: Su mismo nombre es tan extraño que resulta difícil de memorizar y por eso mismo los accidentes con estos han pasado desapercibidos. Son municiones abandonadas o municiones usadas que no explotaron y que los civiles encuentran en las zonas rurales. Como son llamativas, las recogen, las manipulan o las patean y estas explotan. Pueden ser granadas, morteros, balas, y municiones de fabricación improvisada como los tatucos, entre otros. Pero el problema es que cuando los sobrevivientes relatan lo que les pasó hablan de “bomba” o de “mina”. Nunca dicen “me explotó un remanente explosivo de guerra”. De ahí que haya un subregistro al respecto.

Semana.com: ¿Qué tan grande es ese subregistro?

M. E. P.: Solo sabemos que los accidentes con estos representan solo el 5 por ciento de los atentados por minas antipersonal que hay en el país. Es decir, 575, pero cuando uno habla con muchos sobrevivientes sobre su caso se da cuenta que lo que les pasó fue un accidente con REM y no un atentado por mina pero quedaron registrados como víctimas de minas.

Semana.com: ¿Por qué cuando se habla de remanentes explosivos de guerra sí se dice “accidente”?

M. E. P.: En este caso sí son accidentes porque no hay una acción deliberada del actor armado de dejarlo ahí, simplemente no explotó y quedó después del combate. Lo grave es que generalmente son los niños y jóvenes los que los recogen porque les parecen llamativos. Los llevan al colegio o a donde los amiguitos para mostrárselos y ahí es cuando pasa el accidente. En Cauca encontramos un caso en que un niño llevó al colegio una granada que se encontró, se metió al baño con ocho compañeritos, la manipularon y todos resultaron heridos.

Semana.com: ¿En estos casos la Fuerza Pública tiene algún tipo de responsabilidad?

M. E. P.: Sí, claro. La munición sin explotar que se queda en el campo de batalla también es de ellos y aunque sabemos que es muy difícil aplicar protocolos de limpieza una vez termina el combate, hay testimonios que denotan la ligereza con que se aborda este tema. Tenemos testimonios de suboficiales del Ejército que dicen que a veces entierran las municiones que no explotaron con sal porque supuestamente eso las daña, algo que no es cierto. Y hay casos más reprochables en donde las familias víctimas de artefactos abandonados por el Ejército fueron inducidas a no demandar.

Semana.com: ¿A qué se refiere cuando dice que el impacto de estos artefactos (las minas y los REM) en las comunidades indígenas es más grande y grave de lo que se piensa?

M. E. P.: Los indígenas constituyen el 3,4 por ciento de la población colombiana y de ese pequeño porcentaje, 379 miembros de estas comunidades han tenido atentados y accidentes por minas y remanentes explosivos de guerra, lo que equivale al 9 por ciento del total de civiles afectados por esta problemática en Colombia. En densidad, la afectación es grandísima.

Semana.com: ¿Hay algún pueblo indígena que especialmente se haya visto afectado?

M. E. P.: Sí, el pueblo Awá, ubicado en Nariño y Putumayo: representa el 42 por ciento de los indígenas muertos o heridos por minas o remanentes explosivos. Tan grave es la afectación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dictó medidas cautelares al gobierno colombiano porque básicamente las minas y el conflicto armado están acabando con la etnia.

Semana.com: ¿Más allá de la afectación física hay alguna afectación cultural en estas comunidades?

M. E. P.: Sí, eso es algo clave en lo que enfatiza el informe. Con ellos pudimos comprobar cómo la afectación de la mina no es solo en el sujeto que la activa y en la gente que lo rodea sino en su relación con el territorio. Para el indígena el territorio es también víctima de las minas, algunos incluso las llaman “enfermedades de la tierra” o espíritus malignos que se apoderan de esta. Pero el daño va más allá: los Awá, por ejemplo, no pueden ejercer su medicina tradicional porque los sitios donde están las plantas que utilizan están minados y conseguirlas en las plazas de mercado les sale muy caro.  

Semana.com: Al comienzo usted mencionó que el informe aclaraba una diferencia que es crucial para las comunidades afectadas por esta problemática y que muchas veces el gobierno no comunica bien. ¿Cuál es?

M. E. P.: La diferencia entre un territorio libre de sospecha de minas y un territorio libre de minas. Hasta el momento el gobierno ha declarado 8 municipios libres de sospecha de minas como resultado de las labores de desminado humanitario que realizan el gobierno y las organizaciones civiles de desminado que operan en Colombia. Sin embargo, en la mayoría de esos lugares, después de la declaratoria ocurrieron eventos con minas. ¿Por qué? Porque el gobierno los declara libres de sospecha pero lo que realmente está cien por ciento libre de minas son las áreas peligrosas que se intervinieron.

Semana.com: ¿Cómo así?

M. E. P.: Cuando se inician labores de desminado humanitario en un territorio primero se hace un estudio no técnico en el que a partir de información que proporciona la comunidad se identifican las áreas que probablemente están contaminadas por minas, ya sea porque alguien vio una explosión, porque cerca de allí estalló algo, porque vieron a alguien enterrando algo, entre otros. Y solo allí se hace desminado. De resto, puede haber minas enterradas en otras zonas de ese municipio pero que aún no han sido detectadas. Por eso es tan importante que el gobierno le explique a las comunidades qué áreas quedan limpias cuando un municipio es declarado libre de sospecha de minas. De lo contrario los atentados seguirán ocurriendo.

Semana.com: ¿Qué encontraron en cuanto a la atención a las víctimas?

M. E. P.: Que el problema no es que la ruta de atención no exista, porque existe. El problema es que es difícil de implementar. El 98 por ciento de los atentados por minas y accidentes con REM ocurre en áreas rurales a las que es muy difícil llegar cuando ocurre la explosión. Los afectados son personas de bajos recursos, que difícilmente pueden costear una prótesis (estas también se desgastan y necesitan ser reemplazadas con regularidad), que en muchos casos no tienen seguridad social, y a las que les cuesta mucho cumplir a cabalidad con la rehabilitación y las terapias cuando viven a horas, incluso a días, del casco urbano. Hay todo un capítulo que analiza la ruta que diseñó el Estado y cómo no ha funcionado, desde la atención prehospitalaria hasta la indemnización.

Semana.com: ¿Hay alguna diferencia entre las víctimas civiles y las de las fuerza pública?

M. E. P.: Hay dos muy claras: la afectación en la identidad del sobreviviente y la forma como cada uno sufre la tragedia. La identidad de los miembros de la Fuerza Pública gira en torno a atributos como la fuerza, la valentía y la masculinidad, y la mina inicialmente acaba con todo eso. Los civiles, por su parte, sufren la tragedia en soledad, no tienen el apoyo de una institución como el Ejército, la Policía o la Armada, que le brinda al herido la posibilidad de rehabilitarse con todas las de ley y muchas veces a través del deporte, algo que contribuye muchísimo a la rehabilitación física y emocional de los afectados. Sin embargo, para muchos de los sobrevivientes de la Fuerza Pública la baja y la pensión por incapacidad son la estocada final: sienten que son inservibles para la sociedad.

Semana.com: ¿El informe se arriesga a hacer algún vaticinio sobre cuándo estará Colombia libre de minas?

M. E. P.: El informe arroja recomendaciones de lo que ya está pasando en territorio con el trabajo mancomunado entre la fuerza pública y las FARC para desminar los territorios y hay una parte dedicada a la corporación Humanicemos, que es la organización de desminado de las FARC, pero no hay ninguna valoración de qué tan posible sea lograr la meta que se propuso el gobierno que es declarar a Colombia libre de minas en 2021. Así esta se cumpla o no,  lo claro es que el hecho de que las FARC estén dispuestas a colaborar agilizará mucho la labor.

Semana.com: ¿Cómo ve lo de la corporación Humanicemos?

M. E. P.: Los atentados por minas son el único hecho victimizante en el que uno puede garantizar realmente la no repetición de los hechos (mediante el desminado humanitario) entonces me parece loable que el principal responsable, en este caso las FARC, esté dispuesto a ser arte y parte de esa garantía de no repetición, algo que muchos colombianos exigen. Además, que los civiles, los militares y los guerrilleros trabajen de la mano para desminar un territorio es un acto de reconciliación y de verdad ejemplar, único hasta el momento en el mundo.