MinDefensa admitió que no se ordenó al Ejército apoyar a los policías secuestrados en San Vicente del Caguán

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que no hubo apoyo por parte del Ejército en el secuestro de un contingente del Esmad en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde fue asesinado por campesinos el subintendente Arley Monroy.

“Compartimos naturalmente la indignación, pero también escuché de ellos (policías secuestrados) unas afirmaciones tan alentadoras, que preguntaba yo al director general de la Policía cómo era la preparación de los integrantes del antiguo Esmad, hoy Unidad de Diálogo”, dijo el ministro al destacar la calma de los policías secuestrados.

“Yo les decía en unas circunstancias de esas de tanta angustia, de tanta incertidumbre y decían, para eso estamos formados. Yo quiero destacar esa actitud de estos policías que también en medio de esas circunstancias tan graves, que estaban padeciendo, demostraron tanto valor, tanto control, tanta capacidad para poder superar unas circunstancias como estás tan complicadas”, dijo el ministro Velásquez.

Sobre la falta de apoyo del Ejército que estaba en la zona, el ministro dijo que de haberse presentado una intervención militar la tragedia hubiera sido mayor.

“El apoyo muy fácil decirlo desde Bogotá, es muy fácil decirlo cuando no se ve en la magnitud de lo que significaba esa presencia de miles de campesinos, que cualquier acción que se hubiera producido hubiera generado una tragedia (...) El propio comandante del pelotón que se encuentra al frente de esa empresa Emerald, con el que igualmente estuve conversando, me decía yo veía, pero sabía que podía generarse algo mucho grave si nosotros interviniéramos, si nosotros afrontábamos con las armas, porque estamos preparados para usar las armas. ¿Se imaginan ustedes cómo habría sido esa batalla campal en esas circunstancias?”, añadió.

Sí fue un secuestro

Respecto a si se presentó un secuestro o una retención, el ministro Velásquez indicó que el tipo penal que se da en las retenciones es secuestro. “Ahora que no empiece la discusión porque se utiliza la expresión retenidos y no secuestrados, el tipo penal del secuestro se define como quien sustraiga, retenga, arrebate, es decir la retención hace parte de los verbos que describe el secuestro”, señaló.

Añadió Velásquez sobre la investigación que le abrió la Procuraduría sobre estos hechos, que espera que el Ministerio Público valore que lo que trataron de evitar fue una tragedia mayor. “Se que estoy investigado por esto, la procuradora (Margarita Cabello) dispuso que haya investigación preliminar por omisión de apoyo, pero yo pido a todos que revisen con objetividad, con ecuanimidad esto que ha ocurrido y que concluyan si este fue el procedimiento adecuado para tratar de salvar más vidas y no para arriesgar tantas como se hubieran podido producir”.

Reclamo

En entrevista exclusiva con SEMANA una familiar de una de las víctimas, le reclamó al Gobierno, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por el silencio y la falta de empatía que, asegura, han tenido para atender esta grave situación.

“Para mí es sorpresivo y triste que la institución no se hubiera contactado conmigo o con ninguna de las demás esposas de los policías para brindarme información y el correspondiente apoyo por el secuestro”, aseveró la mujer, quien exige respuestas por parte de la Policía y el Gobierno.

Casi 24 horas después de la retención ejecutada por comunidades indígenas y campesinas en el sector de El Pozo, la institución –reclamó– ha guardado silencio absoluto y no ha tenido la molestia de comunicarse con ellos para darles a conocer las acciones que se están adelantando para su liberación.

“Les recuerdo que ellos tienen la calidad de servidores públicos secuestrados y maltratados en el ejercicio de sus funciones. Es por eso que le exijo al ministro de Defensa (Iván Velásquez); al director de la Policía Nacional (general Henry Armando Sanabria); al fiscal general (Francisco Barbosa) y demás personas del Gobierno, en especial al presidente, que en el marco de sus funciones y obligaciones tomen las acciones urgentes y necesarias para proteger y garantizar sus derechos”, recalcó.