MinDefensa Iván Velásquez goza de inmunidad tras la lucha contra la corrupción en Guatemala, según la ONU

La intención de la Fiscalía de Guatemala de llevar a la justicia al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras se desempeñaba como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) en ese país, llegó a los oídos del secretario general de la ONU, António Guterres.

Guterres, de acuerdo con su portavoz oficial, está preocupado por los informes que darían cuenta de una persecución hacia quienes desde la Cicig –que operó como una misión antimafias de la ONU– lucharon contra la corrupción en el país centroamericano.

“El secretario general manifiesta su preocupación por los numerosos informes que apuntan a que la persecución penal se esté ejerciendo contra aquellos que buscaron esclarecer casos de corrupción y obraron por fortalecer el sistema de justicia”, afirmó el portavoz de António Guterres.

El portavoz también afirmó que quienes hicieron parte de la Cicig gozan de privilegios e inmunidad, dado que eso fue lo acordado por el Gobierno de Guatemala y la ONU en su momento.

“El secretario general ha tomado conocimiento de las acciones emprendidas por el Ministerio Público en Guatemala en contra de operadores de justicia y funcionarios de la antigua Cicig, incluyendo las acciones anunciadas contra el excomisionado Iván Velázquez. Cabe destacar que el personal internacional de la Comisión, según los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig, goza de privilegios e inmunidades, y que su inmunidad sigue siendo acordada incluso cuando ya no están en sus puestos”, agregó.

Quien hizo eco del mensaje del portavoz fue Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, en su cuenta en Twitter.

Por qué se investiga al minDefensa

El actual ministro de Defensa de Colombia dirigió desde 2013 y hasta su cierre en 2019 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que junto al Ministerio Público (Fiscalía) revelaron varios escándalos de corrupción. El de mayor impacto fue el que involucró el expresidente Otto Pérez (2012-2015), al que se acusó de encabezar una estructura de defraudación en aduanas. Fue condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.

Pese a ello, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, afirmó en SEMANA que, en el pasado, el hoy minDefensa dio el “visto bueno” para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación contra Odebrecht, “lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando” con la firma brasileña.

La defensa del presidente Petro al ministro Velásquez

Tras la búsqueda de la Fiscalía de Guatemala de llevar a la justicia al minDefensa de Colombia, el presidente Gustavo Petro lo defendió, aunque su comentario no cayó bien en su homólogo del país centroamericano.

“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”, dijo el jefe de Estado de Colombia en su cuenta en Twitter.

La reacción del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, tras la publicación del presidente Gustavo Petro, fue recordarle su pasado como militante del Movimiento 19 de Abril (M-19). “Fue un error de guerrillero”, dijo, advirtiendo que el actuar de su homólogo fue “poco político”.

Por su parte, el ministro de Defensa trinó: “Agradezco profundamente al presidente Petro sus expresiones de solidaridad y confianza. Conocemos al monstruo, los hemos visto muy de cerca y, desde diferentes trincheras, lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza”.

Asimismo, ya en un comunicado oficial, afirmó: “Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala”.