El ministro de Defensa Iván Velásquez reconoció “recolección y evaluación de información”, sobre países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua pero negó espionaje a pesar de las evidencias

Terminó el silencio del Gobierno frente la publicación de pruebas de acciones de espionaje que estaría haciendo Colombia contra Venezuela, Ecuador y Nicaragua, con el objetivo de enfrentar eventuales amenazas desde esos países. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en rueda de prensa, reconoció el recaudo de información, pero negó lo evidente en los documentos con información “ultrasecreta” que conoció SEMANA.

“Como ocurre en todos los países, y ha ocurrido en todos los gobiernos y nosotros mucho más respetuosos que otros gobiernos, la recolección y evaluación de información que se tiene, como se hace ordinariamente”, fue la explicación que dio el ministro Velásquez.

Sin embargo, en su intervención, el ministro de Defensa negó lo que prueban los documentos, pues afirmó que “no es una acción dirigida específicamente sobre un tema puntual, mucho menos labores que puedan calificarse como espionaje, no hay presencia de inteligencia colombiana en Venezuela”.

Los documentos conocidos por SEMANA, calificados como ultrasecreta, advierten con claridad, el plan, ordenado en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, plantea lanzar ciberataques y espiar a Venezuela, Nicaragua y Ecuador, al considerar que representan una amenaza. El documento, con clasificación “ultrasecreto”, ordena recopilar información en el ciberespacio. Para ello se expidieron, por ejemplo, las órdenes de operaciones n.° 2022-531-0567999-2 y 2022-535-0574757-2, en las que se pidió realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia con el fin de apoyar la recolección de información de carácter estratégico.

Las pruebas

Todo esto ocurrió a pesar del restablecimiento de relaciones con países como Venezuela y, justo antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con respecto a Nicaragua. En el caso de Ecuador, se trata de un país que tiene hoy un gobierno de derecha con Guillermo Lasso. Los tres países han gozado de las simpatías de grupos terroristas como las Farc y el ELN y han servido, especialmente Venezuela y Ecuador, como corredores del narcotráfico.

Al conocer que en Venezuela se mueven como pez en el agua agrupaciones ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc se le denomina “amenaza híbrida”, mientras que con Nicaragua el asunto se refiere más al litigio y un posible conflicto. Con Ecuador, las relaciones han sino inestables según el gobierno de turno, y se mantiene el fantasma de lo sucedido con los expresidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe, tras la operación en la que murió el cabecilla de las Farc, Raúl Reyes en el vecino país.

El plan, ordenado en el gobierno del presidente Gustavo Petro, plantea lanzar ciberataques y espiar a Venezuela, Nicaragua y Ecuador, al considerar que representan una amenaza. El documento, con clasificación “ultrasecreto”, ordena recopilar información en el ciberespacio. Para ello se expidieron, por ejemplo, las órdenes de operaciones n.° 2022-531-0567999-2 y 2022-535-0574757-2, en las que se pidió realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia con el fin de apoyar la recolección de información de carácter estratégico.

Dentro de la necesidad que argumentó la inteligencia militar para ordenar ciberataques contra Venezuela, Nicaragua y Ecuador, para obtener información sensible y de vital importancia en el campo militar, se estableció en el documentos la “actividad que contribuirá de manera significativa a conocer, prevenir y enfrentar la amenaza híbrida del actor de las fuerzas convencionales en aras de garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y el orden constitucional, en cumplimiento a la Orden de Operaciones No.2022-535-0574757-2 Bicentenario ‘Héroes de la Libertad’ (Bacib)”.

La orden fue impartida por el Comando del Ejército y el Ministerio de Defensa a dos experimentados militares, un oficial y un suboficial, quienes recibieron la tarea de lanzar ciberataques contra Venezuela (bautizada como Viuda Negra), Nicaragua (Nutria) y Ecuador (Escorpión), con el propósito de contrarrestar cualquier amenaza que pudiera presentarse contra Colombia.

Para ejecutar la misión de ciberespiar a los tres vecinos, el Ejército autorizó que se emplearan “medios técnicos y talento humano, los cuales son adecuados y apropiados”.

Para realizar este trabajo de espionaje, se dispuso de unidades especializadas como señala el documento en poder de SEMANA: “Las actividades de orientación, verificación, análisis, control y gestión operacional sobre el procedimiento de recolección de información en el ciberespacio adelantado por el personal integrante de las misiones de trabajo desarrolladas por la Compañía “A” Ciberinteligencia Activa y Compañía “B” Ciberexplotación, son indispensables y no se encuentra otro medio diferente para la recolección de información sobre la amenaza híbrida.”

Pero más allá de la tecnología, señala la institución castrense, “los agentes de inteligencia están entrenados y capacitados en normatividad legal vigente aplicable a las actividades de inteligencia y contrainteligencia (…) en el manejo de la información, tácticas, técnicas y procedimientos concernientes a la metodología de las operaciones de inteligencia”.

En la orden operativa se plantea con claridad los agentes que estarán a cargo de la misión: no tienen nombre propio y se refieren simplemente al agente A, bajo el código 106**, y el agente B, bajo el 94** (se omiten algunos números por seguridad). Además, dichos agentes estarán pendientes de que se “cumplan con las medidas de seguridad en los equipos de cómputo, utilicen los software y herramientas indicadas para la recolección de información, asimismo, comprobará que se cumplan las tácticas y técnicas establecidas para la recolección de información”.

Uno de los documentos establece que, para desarrollar la misión, el agente A-106**, entre el 18 y el 24 marzo de 2023, efectuará un desplazamiento en el vehículo técnico de placas (se omiten por seguridad), desde Facatativá hacia Girardot (Cundinamarca), en donde al “terminar las tareas asignadas en la misión retornará al puesto de mando del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia, Bacib”.

La otra orden, según los reportes, se efectuó entre el 21 y el 28 de abril de 2023. En esa ocasión, los agentes se desplazaron a Acacías (Meta) para cumplir con el objetivo.

Para evitar fugas de información, se les ordenó a los agentes que les quedaba prohibido “el uso de aplicaciones de mensajería y dispositivos electrónicos como móviles, tablets, WhatsApp, Telegram, Signal y demás”. Por el contrario, para transmitir los resultados del espionaje, “la difusión de los datos de operaciones a todo nivel debía ser a través de la red IMI (inteligencia militar) con la que cuenta el Bacib o líneas microondas”.

La Fuerza Militar les recalca a sus agentes que la misión es ultrasecreta. “Nivel de clasificación que se debe dar a todos los documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades que puedan afectar al exterior del país, los intereses del Estado o relaciones internacionales”.

Para desarrollar el trabajo, el Ejército habilitó dos computadores de última tecnología y un vehículo para que se pudieran desplazar los agentes, movimientos que fueron financiados con los polémicos gastos reservados.

Queda claro que el Gobierno Petro no parece confiar mucho en Maduro, a pesar de los más de cinco viajes del presidente a Venezuela y la simpatía que se nota entre los dos mandatarios.

La inteligencia militar está herida

El Gobierno Petro tiene gravemente herida la inteligencia militar, la misma que permitió golpes contundentes de talla internacional, como la Operación Jaque o la baja de los máximos jefes de las Farc como Alfonso Cano, Raúl Reyes y el Mono Jojoy.

Desde el 7 de agosto, cuando Gustavo Petro llegó al poder, sus movidas y las de su ministro de Defensa, Iván Velásquez, empezaron a debilitar la inteligencia del Ejército. En solo un año ordenaron una barrida de uniformados expertos y decretaron traslados injustificados de personal que estaba en posiciones clave. En este tiempo, equipos fundamentales para combatir el crimen se quedaron sin mantenimiento. Además, ha habido una persecución en las propias filas y un abrupto cambio de estrategia que eliminó los llamados “objetivos de alto valor”.

De hecho, en el último mes, algunas operaciones contra la estructura de Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, no fueron autorizadas, pese a que los militares, basados en información de inteligencia, tenían en la mira a varios de sus integrantes. “Todos los trabajos que se hacen fueron suspendidos, inclusive antes del cese bilateral, y de que se expidieran los decretos. La orden fue no atacar a esos grupos. Obviamente, nunca lo hicieron de manera formal con un documento, pero era poco o nada el interés de los mandos de afectar a los cabecillas de los diferentes grupos como el ELN, el Clan del Golfo o los residuales”, reveló un oficial indignado.

Por si todo esto fuera poco, varios militares retirados que acompañaron la campaña presidencial de Petro regresaron a la institución y, según fuentes contrastadas, actúan hoy en la sombra, gozan de poder, asesoran al ministro Velásquez e impulsan decisiones drásticas de inteligencia.

SEMANA revela los detalles secretos de una profunda crisis que está impactando de manera negativa la inteligencia y, por tanto, la lucha contra la criminalidad y que puede poner en riesgo la seguridad nacional.

Los inexpertos

En lo que va del Gobierno Petro, dos generales y varios coroneles han sido removidos de sus cargos en inteligencia militar. Esos cambios han generado una inestabilidad en la línea operativa en unidades estratégicas. Entre ellas, se encuentra el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Caimi). Dicha unidad está compuesta por nueve batallones, se encarga de la ciberinteligencia, cuenta con cinco batallones estratégicos, es la que define los objetivos de alto valor, identifica las amenazas externas, cuenta con el batallón de inteligencia de guerra electrónica y cinco aviones de inteligencia, entre otros.

Esta unidad, que es la punta de lanza en la lucha contra el crimen de alto impacto, ha tenido dos comandantes en un año: el general Óscar Eduardo Vera, relevado por el general William Prieto, quien asumió el pasado 27 de julio.

Este comando (Caimi) está compuesto por varias unidades, pero las de mayor impacto son las brigadas de inteligencia militar 1 y 2. La primera ha tenido tres comandantes en el primer año del Gobierno Petro. Se trata de los coroneles César Tique, Miguel Chaparro y Juan Carlos Bernal. Esta inusual rotación, según expertos en inteligencia militar, genera inestabilidad en estas dos unidades críticas, que pueden llegar a tener casi 2.000 hombres.

En la brigada de inteligencia militar número 2 ha habido dos comandantes: los coroneles Héctor Méndez y Alexander Porras Plata. Excomandantes del Ejército le dijeron a SEMANA que esos relevos tan constantes en dichas unidades “no son normales ni convenientes”. Por lo general, un oficial dura en promedio entre 18 y 24 meses en esos cargos.

Pero no solo eso. En contrainteligencia militar, con la salida del general Óscar Vera Peláez (comandante de esa unidad durante dos años del gobierno Duque) y la llegada del brigadier general Freddy Fernando Gómez Gamba, fueron nombrados en las unidades de contrainteligencia militar los tenientes coroneles Johan Peña y Felipe Melo. Son cargos que normalmente ocupaban coroneles, lo cual podría afectar notablemente los resultados ante la falta de experiencia.

Gran parte de la preocupación del cuerpo de inteligencia militar es que sus dos comandantes (en inteligencia y contrainteligencia) no son realmente expertos en esa rama.

Según lo estipulado en la Ley 1621 de 2013, no tendrían la idoneidad para esos desafíos. Ante esto, el Ejército le respondió a SEMANA: “Ambos vienen de unidades complicadas, Valle del Cauca y Putumayo, o sea, cuentan con el conocimiento y la experiencia y se busca potenciar y dinamizar el trabajo”. Sin embargo, un alto mando de la institución aseguró que lo complicado es que “en el Ejército ya no hay generales expertos en inteligencia, el único es Vera”. Todo esto se debe a la barrida de generales que propició el Gobierno Petro al inicio de su mandato, en agosto del año pasado.

Los retirados del poder

Fuentes del Ejército le confirmaron a SEMANA que la estrategia del Gobierno que tiene debilitada la inteligencia ha estado en manos de un grupo de oficiales activos y otros retirados que rodean y aconsejan al ministro Velásquez. Sobre estos últimos, un alto oficial dijo: “Algunos fueron retirados por diferentes cuestionamientos”.

Uno de los activos es el general Óscar Vera Peláez, que se ha convertido en un foco de críticas, y varias fuentes de inteligencia que hablaron con este medio lo señalaron de ser el oficial que, supuestamente, ha entregado información clave que ha servido para perseguir a quienes participaron en grandes operativos. Incluso lo culpan de, aparentemente, liderar las pesquisas del Gobierno para establecer si hubo militares colombianos que se unieron con mercenarios para matar a Jesús Santrich en Venezuela.

Los generales (r) Eduardo Zapateiro y Luis Fernando Navarro han tenido que responder como si hubiesen entrado con sus tropas al vecino país para acabar con Santrich, por orden del presidente Iván Duque.

“La primera visión que tengo de cómo se empezó a debilitar la inteligencia fue desde la llegada del general Vera al Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi). Él fue designado como comandante de la inteligencia del Ejército, y desde que llegó, quedó claro que ordenaron debilitar las operaciones y solamente hablar de interdicción. O sea, afectar solamente el fenómeno del narcotráfico por vía terrestre, marítima o en laboratorios. Él le bajó a todo lo que era la amenaza y los objetivos de alto valor estratégico. La instrucción fue cero operaciones contra esos objetivos y hacer solamente operaciones de interdicción”, dijo un alto oficial de inteligencia.

Este medio se comunicó con el general Vera, quien aseguró que solo cumplió órdenes. “No sé quién podrá decir que lo perseguí, no he perseguido a nadie”, dijo el oficial. Además, negó ser cercano al ministro Velásquez o conocer algo sobre el caso Santrich.

Junto a Vera, quien es hoy el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, aparece otro nombre: el del coronel Deibe Alexánder Coca Buitrago, jefe del Estado Mayor de contrainteligencia militar. Algunos lo miran con desconfianza. Si bien no hay investigación por estos hechos en su contra, otra fuente hizo graves señalamientos: “Coca Buitrago es el encargado, con personal del Ejército, de hacer seguimientos, de hacer montajes a personas que no se prestan para las intenciones que tiene el actual Gobierno. Entonces, internamente, en inteligencia, se viene observando una persecución al estilo de la Stasi, en épocas de la Alemania Oriental, donde el que no estuviera de acuerdo con el régimen tenía que salir o era encarcelado”.

Otro nombre sobre el cual está puesta la lupa desde inteligencia es el del coronel Juan Carlos Mazo, hoy retirado, quien le reconoció a SEMANA que asesora al ministro Velásquez y que, además, se está conformando un equipo de personas de confianza (varios militares retirados) para hablarle al oído al funcionario. Sobre Mazo, se asegura que tiene un gran poder. Aunque él lo niega, lo responsabilizan incluso de dar “órdenes e instrucciones a los comandantes de inteligencia y contrainteligencia para garantizar que cumplan con lo que quiere el Gobierno Petro, aun cuando él no podría tomarse esas atribuciones”, dijo un alto oficial de un batallón.

“Mazo tiene sus propias fuentes de información en los comandos de inteligencia y contrainteligencia, les ofrece cargos, comisiones, no traslados y ascensos en contraprestación por información de militares que no estén alineados con las políticas del ministro Velásquez (...) Invito a las autoridades a que revisen su patrimonio”, agregó la fuente.

Mazo, simplemente, concluyó que llegó al Ministerio de Defensa por su hoja de vida y sostuvo que lo que dicen en su contra “es mentira”.

Vera, Coca y Mazo son viejos conocidos y trabajaron juntos en la Brigada de Inteligencia Militar Número 1 en 2016. Los tres se convirtieron en hombres fuertes en el Ejército en este Gobierno, así como los generales en retiro César Augusto Parra León y Juan Miguel Huertas Herrera.

Ambos fueron retirados durante la administración Duque, y llegaron posteriormente a la campaña presidencial de Petro, el 8 de junio de 2022, es decir, 11 días antes de la segunda vuelta. Petro les dio ese día la bienvenida mediante un mensaje en Twitter. “Ellos fueron los que armaron ese organigrama de qué generales deberían irse y quiénes se deberían quedar”, sostuvo un oficial de alto rango que dijo conocerlos de cerca. Y concluyó: “Ellos están cobrándose unas venganzas de sus supuestas salidas injustas del Ejército y vienen haciendo una barrida”.

Parra León salió de la institución en medio del escándalo de la llamada Operación Bastón, que dejó al descubierto supuestos actos de corrupción de varios altos oficiales. Parra León no ha sido condenado y hoy está en un cargo diplomático en Washington.

Algunos están convencidos de que, supuestamente, “ha trabajado de forma articulada con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para detectar oficiales y suboficiales que no estén alineados con el Gobierno y que en el pasado hayan participado en operaciones contra países como Venezuela”. Varias fuentes de inteligencia lo vinculan con el círculo del sargento Alexander Chalá, quien permanentemente insulta, desde su perfil de Twitter, a los contradictores del Gobierno. Tras ser contactado por este medio, se negó a entregar su versión.

Las fuentes también confirmaron, sorprendidas, que toda la información de contrainteligencia que desató el escándalo de la Operación Bastón desapareció misteriosamente.

Huertas Herrera, por su parte, fue retirado por decisión discrecional del gobierno Duque y es considerado uno “de los cerebros de los cambios y retrocesos en inteligencia militar”.

Huertas Herrera es compañero de curso de Mazo, el asesor de confianza de Velásquez. Lo relacionan con el general Ómar Esteban Sepúlveda Carvajal, subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas del Ejército, y quien, según fuentes, también impulsaría investigaciones para descubrir si la anterior cúpula participó en Venezuela en una operación contra Santrich. Sepúlveda le dijo a este medio que no se iba a referir a ese señalamiento.

A Huertas Herrera también lo vinculan con el controvertido sargento Chalá, clave en la campaña de Petro, y con decisiones de traslados del alto mando militar, así como con la supuesta persecución “a personal de inteligencia activo que trabaja institucionalmente”.

“El general Huertas Herrera es el que dice quién debe y quién no debe estar en ciertas unidades de inteligencia. Hay una ‘cacería de brujas’ contra quienes consideran que trabajaron en su momento con algunos generales y con el gobierno Duque. Eso es lo que se observa desde la parte estratégica”, dijo un oficial, preocupado.

Este medio lo contactó, pero él negó rotundamente los señalamientos y dijo que estaba atendiendo asuntos médicos.

Los están debilitando

Pero no solo la constante rotación tiene a la inteligencia en la lona ante la imposibilidad de consolidar políticas y estrategias. Hay muchos otros problemas. Por ejemplo, hay equipos de poligrafía, pero no hay poligrafistas porque “sacaron a mucha gente especializada por orden del general Ospina (comandante del Ejército)”.

El manejo de los gastos reservados hoy es más complejo. En inteligencia aseguran que los recursos son “limitados y tienen miles de controles. En esos informes piden que se revelen medios, métodos y fuentes, es muy complicado”.

Si bien hay que reconocer que ha habido algunos abusos con estos rubros, lo cierto es que poner trabas también puede ser perjudicial para la efectividad de las investigaciones y la consecución de las fuentes humanas.

Los batallones de inteligencia y contrainteligencia tuvieron una reducción y a los especialistas los enviaron hacia regiones apartadas del país. Esa desbandada desmanteló esta unidad crítica, según varios de los consultados por SEMANA que hoy trabajan desmoralizados para el corazón de una inteligencia militar que, definitivamente, cambió de rumbo en apenas un año.

En la inteligencia técnica hay serios reparos, aunque es fundamental en el área de operaciones. “La inteligencia técnica se fragmentó, tiene muchas unidades desplegadas que hacen lo mismo en todo el territorio y también observamos que los equipos están obsoletos, no se ha hecho una reingeniería ni se han modernizado”, dijo una fuente que lleva 20 años en el Ejército.

“Se observa que a esa inteligencia técnica ya no se le da la importancia, es algo muy raro porque se supone que los comandantes en todos los niveles lo que necesitan es información privilegiada y esa la da la inteligencia técnica de una muy buena manera”, agregó.

Ante este panorama, un técnico de inteligencia señaló: “Se prenden los equipos, se escucha uno que otro bandido, se hacen unos reportes, pero no se les incluye el valor agregado, o sea, el análisis, buscar más frecuencias, diferentes horarios, todo esto pasa por la visión de este gobierno y del ministro Velásquez, que no le dan importancia a la inteligencia. Lo que ellos hacen, para decirlo de una manera muy coloquial, es pasar el tiempo, tratar de producir algo, pero no con el interés estratégico que se debería tener”.

Al final, todo esto favorece a los criminales. “Los grupos están tranquilos, se aumentan el reclutamiento, la coacción a la población civil, los cultivos ilícitos y hacen como patrias aisladas en el mismo territorio nacional, donde ejecutan diferentes cogobiernos, como ocurre en Cauca, Catatumbo y en parte de Arauca”, dijo un militar.

Hace unos meses, inteligencia solicitó la reinstalación de un aparato que consideran fundamental para la lucha contra el crimen y que SEMANA conoció que lleva varios años arrumado en una bodega. Se trata de un moderno sistema avaluado en 6.000 millones de pesos. Este medio tuvo acceso a todo el dosier del equipo Star Safire HD-380. El aparato contiene un moderno sistema de cámaras de alta definición que se instala en una aeronave militar.

Con el equipo, un sistema de inteligencia de alta movilidad, y desde el aire, se pueden ubicar pistas de narcotráfico, seguir los movimientos del enemigo en tierra, vigilar a las tropas y apoyar operaciones militares, entre otras actividades. Fuentes del Ejército reconocieron que este aparato ha dado buenos resultados en la lucha contra el crimen en el pasado y que el hecho de que esté fuera de servicio les da ventajas a las estructuras criminales.

Este medio conoció un documento secreto en el que el Caimi pidió el 25 de agosto de 2022 al segundo comandante del Ejército, el general Álvaro Vicente Pérez Durán, un apoyo para ponerlo en servicio. En la carta se solicitó una partida de 350.500 dólares para poner el equipo en funcionamiento.

La unidad de inteligencia militar también advirtió que mantener inservible el sofisticado sistema puede generar un posible detrimento patrimonial. Hoy, en el propio Ejército se libra una batalla para que se destinen los recursos y se ponga en funcionamiento el Safire HD-380 en otra aeronave con el fin de que sea empleado en misiones militares de alto impacto, como las que se necesitan para frenar el accionar terrorista de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

El plan Ayacucho

Bajo este preocupante panorama, en el Ejército las alertas están encendidas. Algunos uniformados consideran, además, que el Plan Militar Ayacucho 2023-2026, puesto en marcha por el ministro Velásquez, se presta para politizar las operaciones militares. Se trata de la hoja de ruta para combatir los delitos y las organizaciones de alto impacto.

En dicha estrategia, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Fernán Giraldo, ordenó a los mandos tener en cuenta en sus operaciones la política de ‘paz total’ del Gobierno, que “será una política de Estado y anuncia la creación de condiciones que permitan el desarrollo de nuevos escenarios de paz y reconciliación”.

Además, hoy está vigente el cese al fuego bilateral con varias organizaciones criminales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, entre otras.

SEMANA conoció un dosier de 20 diapositivas que habla de “pedagogía para el cese al fuego bilateral nacional y temporal” entre el Gobierno y el ELN, con fecha del pasado 5 de julio. El documento tiene escandalizados a algunos militares. Allí no solo se habla de la medida, sino que se advierte sobre una “alineación jurídica” que deben cumplir las fuerzas con las normas que ha expedido el Gobierno para alcanzar la llamada ‘paz total’.

Adicional a ello, se hace énfasis en el “lenguaje respetuoso” que deben usar las partes, es decir, tanto las autoridades del Gobierno como el ELN, algo que ha sido calificado como insólito, dada la violenta arremetida de esa organización criminal en diferentes partes del país. Pese a eso, el Ejército se ve obligado a llamar a esa agrupación criminal como una “organización armada rebelde”.

“El Plan Ayacucho está politizado y no da herramientas jurídicas ni materiales para enfrentar la amenaza real que tiene el país”, advirtió un curtido oficial del Ejército.

Pero si es aterrador que la inteligencia militar esté en crisis, lo que estaría sucediendo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), dirigida por Manuel Casanova, exguerrillero del M-19, y la Uiaf, en cabeza de Luis Eduardo Llinás Chica, sería mucho peor, según fuentes que se acercaron a SEMANA.

“Veo que se debilita de pronto la cooperación que se tiene con otros Gobiernos, como el inglés y el americano, que prestan una asistencia importante en temas de inteligencia. Tocaría mirar con lupa el tema de la intervención de otros países como Cuba y Rusia en la inteligencia interna colombiana”, dijo una fuente de inteligencia activa que también denunció la realización de una supuesta reunión con la Uiaf.

“Una vez por mes, por reglamentación de la ley, se hace una junta. Asisten todas las cabezas de inteligencia de las diferentes fuerzas con el ministro de Defensa, el DNI y la Uiaf. En una de esas reuniones se pudo evidenciar que la Uiaf está haciendo una serie de perfilamientos y seguimientos a personas de la oposición para después amenazarlas con información que posiblemente puedan encontrarles. La Uiaf la están utilizando como una herramienta de ataque a la oposición para amedrentarla y callarla”.

SEMANA ya trabaja en las denuncias que tienen que ver con estas dos entidades relacionadas con la inteligencia del Gobierno y la información financiera de los ciudadanos. Por ahora, lo único cierto es que hay una estrategia en marcha para convertir la inteligencia militar en una inteligencia zonza y bruta. Mientras pasan los años, la amenaza será cada vez más brutal y la operatividad y la experticia de los técnicos, más difíciles de recuperar. Una muy mala noticia para Colombia y una excelente noticia para los criminales.