MinDefensa sobre cese al fuego: “Existe evidencia de que el Clan del Golfo es el autor de la violencia desatada en Tarazá”

La ola de violencia desatada por el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño llevó a que el presidente Gustavo Petro suspendiera, este 19 de marzo de 2023, el cese al fuego bilateral con esa organización criminal.

La violación al cese al fuego fue sistemática desde el primer día y quienes llevaron la peor parte fueron justamente las comunidades que, según había dicho el presidente, le solicitaron al Gobierno pactar dicho cese.

Sobre lo ocurrido, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático en decir que “existe suficiente evidencia” que demuestra que el Clan del Golfo es el responsable de perpetrar una serie de actos violentos, como el ataque con fusil a la Policía Nacional y la incineración de seis vehículos de carga en las últimas horas.

“Existe suficiente evidencia para afirmar que el Clan del Golfo es el autor directo de la violencia desatada hoy en Tarazá y que es el responsable del hambre que sufre la población del Bajo Cauca, a la que además ha sometido a presiones y amenazas. No tenemos ninguna duda de ello”, afirmó el ministro Velásquez.

El presidente Gustavo Petro había anunciado el 31 de diciembre de 2022 que iniciaba un cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Incluso, con el ELN, que días después desmintió que hicieran parte del acuerdo.

En principio, ese acuerdo iba hasta el próximo 30 de junio, pero el propio presidente lo rompió este domingo 19 de marzo a raíz de todo lo ocurrido.

“El ataque con fusil a la fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, anunció Petro en Twitter.

De igual forma, le dio instrucción a la Fuerza Pública de reanudar las acciones militares contra ese grupo al margen de la ley.

“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, ordenó el mandatario.

Aunque el mandatario no especificó a cuál ataque con fusil se refería, el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, denunció este domingo la “incineración de seis vehículos en la Troncal de Occidente, entre Valdivia y Caucasia, y el hostigamiento con fusil a unidades de la fuerza pública”.

Detrás de esos violentos hechos en el Bajo Cauca, en el marco del paro minero, según la información de inteligencia militar, ha estado el Clan del Golfo.

De hecho, sobre lo que venía ocurriendo, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana luego de que el Clan del Golfo declarara “objetivo militar” al municipio de La Esperanza, en Norte de Santander.

A través de panfletos y audios enviados por redes sociales, se mencionaba que llevarán a cabo una “limpieza social” contra consumidores de drogas y que asesinarán a aquellos que no cumplan con sus reglas.

El bloque Arístides Meza Páez, del frente Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, mostró su interés de extender su presencia desde Puerto Wilches, Barrancabermeja y Sabana de Torres, en Santander, a municipios como La Esperanza, en Norte de Santander; y San Alberto y San Martín, en el departamento de Cesar.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, emitió la Alerta Temprana de Inminencia y solicitó al Ministerio del Interior que se proteja a los residentes en los sectores urbanos de La Feria I, Feria II, Santa Inés, San Antonio, Caño Hacienda y Tienda Nueva y en el corregimiento La Pedregosa.

“La situación es crítica y ya se han registrado graves hechos de violencia en esa población. El pasado 25 de enero, por ejemplo, fueron asesinados cinco jóvenes que, presuntamente, estaban consumiendo marihuana en un punto conocido como La Batea, en el barrio La Feria”, recordó Camargo.

Supuestamente, el cese bilateral al fuego acordado con el Gobierno exigía, según el comunicado de Presidencia, “suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas”. Nada de eso se cumplió.