Exguerrilleros asesinados en Antioquia no habían solicitado esquema de protección: MinInterior

"No hay evidencias de solicitud de asignación de medidas de protección por parte de Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya", informó este jueves el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sobre el asesinato de los dos excombatientes que se encontraban en Antioquia preparando una reunión con el candidato de la Farc a la Cámara Wilman de Jesús Cartagena Durango.

El Gobierno le salió así al paso a las críticas que le han caído por cuenta de las medidas que ha tomado para ofrecer seguridad a los excombatientes. En ese sentido, minutos después de que Jairo Quintero, otro candidato al Congreso del nuevo movimiento, denunció que le habían retirado el esquema de seguridad, la cartera del Interior respondió que no era cierto.

"En riesgo mi integridad en pleno desarrollo de nuestra actividad política como partido por Santander", trino el exjefe guerrillero. "Acabamos de verificar con el director de la Unidad Nacional de Protección y Jairo Quintero tiene su esquema y un número importante de escoltas. Tiene todas las garantías para seguir adelantando su campaña política", le respondieron.

Los ánimos están caldeados. El asesinato de los dos excombatientes, esta semana, trasladó las miradas sobre una problemática que viene en ascenso. Más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados durante el 2017. A esta cifra se suma los 36 exguerrilleros y 13 familiares que también han perdido la vida desde la firma del acuerdo.

Ante la coyuntura, Rivera señaló que, en una comisión mixta en la que se encuentran cinco delegados del Gobierno y cinco de las Farc, se están analizando medidas de seguridad y los esquemas de protección de excombatientes. “Es un crimen que rechazamos y condenamos y vamos a evaluar la situación de excombatientes”, dijo.

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Y agregó: "Uno de los compromisos del Gobierno es ofrecerles garantías para que hagan transición de organización armada a política”. Por eso, añadió, las disidencias serán "una prioridad y objetivo de alto valor para la Fuerza Pública que ya está adelantando los operativos".

La respuesta del Gobierno se conoce cuando miembros de Marcha Patriótica denuncian el asesinato de líderes en el mismo departamento. "Con indignación y profundo dolor recibimos la noticia del asesinato Víctor Morato: presidente de la vereda La Rompida  del municipio de Yondo Antioquia", informó Andrés Elias Gil.

Al parecer, después de que terminó su trabajó, Morato se dirigía a su casa por la ruta Yondó – Cantagallo y allí fue atacado por desconocidos. Por su parte, la Asocuación Campesina del Valle del Río Cinitararra solicitó a la segunda Misión Política de la ONU "verificar las medidas de seguridad individual y colectiva de los líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y activistas de paz en los territorios".

Mientras esto sucede en los territorios, la directriz que llegó desde Bogotá es que los "gobernadores participarán en el diseño de planes de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos”. Deben ofrecer su punto de vista para garantizar las protecciones. Lo que se busca es un involucramiento de las autoridades territoriales para que participen de la confección de planes de protección.

El decreto 2124 de 2017 "reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".