Nación
Ministerio de Defensa y Ejército deberán indemnizar a víctimas de la masacre de Trujillo
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca fijó las indemnizaciones para las 46 víctimas de esta masacre ejecutada por paramilitares entre 1986 y 1994 en el Valle del Cauca.
Entre los años de 1986 y 1994 los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, en el Valle del Cauca, vivieron uno de los episodios más crudos del conflicto armado cuando sus ciudadanos fueron estigmatizados, amenazados y desplazados siendo acusados de ser colaboradores de las guerrillas de las Farc y el ELN.
En una alianza criminal conformada por la Fuerza Pública, grupos paramilitares y narcotraficantes, los habitantes de estos tres municipios presenciaron constantes masacres que los llevaron a abandonar sus territorios para salvaguardar su vida.
Ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación y le ordenó al Ministerio de Defensa indemnizar a los familiares de 46 personas que fueron asesinadas tras ser señaladas de tener cercanía con grupos subversivos. En el fallo se citan las decisiones emitidas por diferentes juzgados, tribunales, el Consejo de Estado y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese fallo emitido por el organismo internacional adscrito a la ONU se “concluyó que los sucesos violentos de Trujillo son crímenes de lesa humanidad e infracciones graves a los principios del Derecho Internacional Humanitario, recomendó a la Fiscalía la unificación de las investigaciones que se adelantan por los hechos y su trasferencia a la Unidad de Derechos Humanos; asimismo, sugirió que se llevaran a cabo investigaciones penales y disciplinarias a funcionarios públicos y particulares que hubieran infringido la ley penal”.
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El tribunal, en su decisión de 82 páginas, hace una identificación exacta de las 46 víctimas, dónde y cómo fueron asesinadas, quiénes conformaban su núcleo familiar, así como el respectivo monto de la indemnización que deberían recibir por los daños y perjuicios causados durante el conflicto.
En el fallo se advierte que “el Estado colombiano es responsable por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los sucesos violentos de Trujillo y sobre la participación directa de servidores públicos y particulares en la comisión de estos. Igualmente, que tales sucesos constituyen delitos de lesa humanidad en infracciones graves a los principios del Derecho Internacional Humanitario”.
En otro de los fallos en los que se basó el tribunal para fijar la indemnización se asegura que el narcotraficante Diego Montoya, alias Don Diego ―del Cartel del Norte del Valle―, se unió el paramilitar Henry Loaiza Ceballos, El Alacrán y el empresario Iván Urdinola Grajales, El Enano, para conformar un grupo de autodefensas en el departamento.
Para su expansión y fortalecimiento contaron con el apoyo de la Policía de Trujillo, “en el Distrito de Tuluá y otros lugares aledaños y luego de miembros del Ejército de la zona pertenecientes a la Tercera Brigada, especialmente del Batallón Palacé de Buga”. Gracias a estos nexos podían movilizarse libremente por las regiones, además, tenían acceso a armamento y municiones.
“La autoría intelectual (mediata) en los homicidios a que se refiere la investigación por la masacre de Trujillo, está en cabeza de Diego Montoya, Henry Loaiza Ceballos, Iván Urdinola Grajales y miembros de la fuerza pública, quienes elaboraron el listado de personas a asesinar y pagaron por ello”, aclara a decisión.
Por estos hechos se responsabilizó al Estado Colombiano “por la acción y omisión de sus agentes, quienes actuaron con narcotraficantes y paramilitares o autodefensas y que a su vez eran miembros del Batallón Palacé de Buga (Brigada III del Ejercito) y de la Policía Nacional pertenecientes a Tuluá, Trujillo, Bolívar, Riofrio y Andinapolis”.
En el extenso fallo se reseña que, el 31 de enero de 1995, el Presidente de la Republica de la época presidió un acto de reconocimiento de responsabilidad por la masacre de Trujillo. El 23 de abril de 2016, el Ministro de Justicia de entonces ofreció perdón a las víctimas de esta masacre. Lo anterior, en virtud del cumplimiento del Acuerdo amistoso logrado entre las partes y aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
