Mineducación va por la San Martín y otras universidades

La decisión que tomó la ministra de Educación, Gina Parody, de poner en cintura a la Universidad San Martín dejó claro que el Gobierno está dispuesto a ponerle límites a la famosa autonomía universitaria.

Según el artículo 69 de la Constitución Política, las Instituciones de Educación Superior tienen el derecho a la Autonomía Universitaria, lo que les ha permitido tener una amplísima libertad a la hora de establecer sus reglamentos y estatutos, establecer sus autoridades, desarrollar sus programas y disponer la aplicación de sus recursos, siempre y cuando sean para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Sin embargo, cobijadas en esta autonomía, muchas universidades la han usado para crear ‘repúblicas independientes’ en las que sus normas, salarios, pensiones y uso de los recursos exceden lo permitido por la ley o terminan, como en la Universidad San Martín, en beneficio de unos pocos directivos y sus familias.

Para frenar estos abusos, el presidente Juan Manuel Santos expidió el viernes pasado el Decreto 2219, que reglamenta el ejercicio de inspección y vigilancia de la educación superior. Antes de este decreto, el Ministerio podía imponer sanciones que comenzaban desde la amonestación, pasando por imposición de multas, hasta la cancelación de los registros calificados de los programas académicos y de la personería jurídica de estas instituciones. Pero para llegar a estas sanciones, se requiere cumplir un largo y engorroso proceso.

Ahora, con el nuevo decreto, el Ministerio también podrá tomar medidas preventivas y temporales en las instituciones de Educación Superior que “no cumplan los estándares de calidad requeridos, utilicen las rentas para fines diferentes a los de su misión social, que no hayan hecho nada por mejorar sus condiciones a pesar de las sanciones que les haya impuesto esta cartera o que ofrezcan programas sin registro calificado”.

Para poner en cintura a estos centros de educación, el decreto determinó que el ministerio podrá imponerles varias medidas, como exigirles un plan de mejoramiento de sus programas académicos; designar uno o varios representantes del ministerio que puedan hacerle seguimiento a la gestión académica, administrativa y financiera, quienes podrán acceder a la información y documentación e incluso puedan adoptar medidas. También se contempla la suspensión temporal de los registros y exigirles a las universidades, cuando sea necesario, garantías financieras que avalen la continuidad de sus programas. Y, finalmente, el decreto faculta a esta cartera para que pueda ordenarles a estas instituciones que administren sus bienes y recursos a través del Icetex o una entidad financiera autorizada.

Amparada en estas nuevas disposiciones es que el ministerio pudo intervenir de fondo en la Fundación Universitaria San Martín, algo que antes no había podido hacer debido podía hacer. En la mira hay más de 15 universidades que también están siendo investigadas por el Gobierno.

A pesar de estas decisiones, la ministra dijo que el interés del Gobierno es seguir respetando, garantizando y protegiendo la autonomía de las IES y velar por la calidad de la educación en todos los aspectos.

Sin embargo, aclaró que “el Gobierno no va a permitir que se siga engañando a los estudiantes ofreciendo programas ilegales, ni tampoco que se desvíe la plata que los estudiantes y sus familias han ahorrado durante toda la vida, en cosas que no tienen nada que ver con la educación. En ese sentido, la función del Ministerio es cuidar que los recursos de las Instituciones de Educación Superior sean utilizados únicamente en la educación”, dijo la ministra Gina Parody.

Sin duda la polémica de si el Gobierno con este decreto está violando o no la autonomía universitaria apenas comienza. Lo cierto es que desde hace muchos años miles de estudiantes y sus familias que han sido afectados por los abusos de algunas universidades estaban esperando este tipo de acciones.