LEGISLACIÓN

El ministerio de la familia: un debate candente

La propuesta de crear el ministerio de la familia encendió las alarmas en algunos sectores que la consideran en contravía de la austeridad del Estado y que podría lesionar derechos adquiridos por las minorías.

8 de septiembre de 2018
Desde que la Corte Constitucional permitió que las parejas LGBTI pudieran casarse y adoptar hijos, el tema de la familia se ha convertido uno de los ejes de la política colombiana.

Un proyecto de ley presentado el martes pasado, que pretende crear el ministerio de la familia, encendió un fuerte debate. Su autor, el representante conservador Juan Carlos Wills, considera que la nueva cartera podría concentrar los esfuerzos dispersos en el Estado para atender a niños, ancianos, jóvenes y minusválidos. Pero sus críticos estiman que con la propuesta el gobierno incurriría en mayores gastos, en un momento en el que el Ministerio de Hacienda busca recortar el presupuesto estatal en un 10 por ciento, y que procuraría instituir un modelo único de familia tradicional.

La polémica no es nueva, pues estuvo en la agenda de la campaña electoral. Germán Vargas Lleras propuso crear ese ministerio y una propuesta semejante formó parte del acuerdo programático entre el entonces candidato Iván Duque y el partido Colombia Justa Libres, de filiación cristiana.

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En un principio se creyó que el proyecto contaba con el aval del gobierno. Sin embargo, el propio Wills les dijo a los medios de comunicación que había hablado con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y que esperaba en los próximos días el apoyo del Ejecutivo. Ese aval probablemente no llegará porque, como le dijo a SEMANA el senador por Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez, “en estos momento el presidente Duque y su equipo evalúan nuestra propuesta de crear el ministerio de la familia, uno de los acuerdos programáticos al que nosotros llegamos con él para apoyarlo en la campaña presidencial”.

La iniciativa del representante Wills tiene un camino incierto. Pero más allá de su viabilidad política, el debate ya comenzó y va a dar mucho de qué hablar.

Si ese apoyo no aparece, el proyecto tendrá una vida corta en el Congreso, ya que la ley y la Constitución señalan que solo el presidente, investido con facultades especiales dadas por el Congreso, puede crear o fusionar instituciones del orden nacional. Pero más allá de la viabilidad legal y jurídica, la propuesta generó un debate que seguirá cuando el gobierno presente su iniciativa legislativa para instaurar esa cartera.

Críticos y defensores del ministerio concuerdan con que el Estado ha desatendido a la familia y que se necesita aplicar estrategias para defender a sus miembros, en especial a los más vulnerables: los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad. Pero la idea de una cartera encargada del tema tiene al menos dos reparos: el económico y el del respeto a los derechos adquiridos por las minorías.

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Sus defensores argumentan que el ministerio no generaría más burocracia ni gastos porque nacería a partir de fusionar al ICBF, las Comisarías de Familia y otras instituciones que el gobierno considere. Los críticos, en la otra orilla, consideran que ese postulado es una fantasía. Forzosamente, una nueva cartera necesita crear puestos y cargos para coordinar las entidades adscritas o fusionadas. Además, señalan que el proyecto de Wills busca formar un superministerio que podría entorpecer o debilitar la atención a adultos mayores, jóvenes o mujeres, al abarcar muchas entidades como las cajas de compensación familiar, los defensores de familia, la Policía de menores, la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, la Personería Delegada para la Defensa del menor y de la Familia, entre otras.

Los críticos también argumentan que por esta vía se podría imponer un modelo único de familia. Wills ha dicho que cree que en el país hay familias diversas, pero el proyecto, como está redactado, genera suspicacias. La nueva cartera tendría la facultad de presentar planes “sobre currículos y pénsums educativos para formación de docentes de instituciones públicas y privadas”, programas “sobre formación ética y moral”, estrategias para crear centros de “rehabilitación espiritual para las familias de escasos recursos con estas enfermedades” y “realizar investigaciones sobre las causas y consecuencias de la disfuncionalidad familiar”. Para la representante a la cámara Ángela María Robledo, “el hecho de que el proyecto hable de moral, de espiritualidad o de familias disfuncionales hace pensar que tiene una dirección ideológica clara”.

La iniciativa del representante Wills tiene un camino incierto. Pero más allá de su viabilidad política, el debate ya comenzó y va a dar mucho de qué hablar.