Incautar droga a adictos que no tengan autorización médica, propone ministra de Justicia

SEMANA: Este gobierno es recibido con la cifra más alta de siembra de cultivos ilícitos en la historia de Colombia. ¿Qué planes tienen?

Gloria María Borrero: Tenemos la orden del presidente de crear, bajo el liderazgo del Consejo de Nacional de Estupefacientes, una política integral de lucha antidrogas. Vamos a empezar a trabajar la semana entrante con los ministerios de Salud, Defensa, Educación e Interior, y vamos a presentarle al presidente una política integral que va desde interdicción hasta golpear a toda la cadena de producción de droga. Los cristalizaderos, los  suministros. Vamos a tomar medidas sistemáticas e integrales de lucha contra el narcotráfico.

SEMANA: En desarrollo de los acuerdos de paz, el gobierno Santos presentó un proyecto de ley en donde ablanda el tratamiento penal a pequeños cultivadores y traficantes (como las mulas) ¿Van a seguir impulsando esta iniciativa?

G.M.B.: Hay un proyecto presentado que aún no hemos estudiado como Gobierno. Y no tenemos una posición fija.

SEMANA: ¿El gobierno está pensando en el regreso del glifosato?

G.M.B.: Todo depende de los estudios y conceptos del Ministerio de Salud. Tenemos apenas la orden de construir, llevamos una semana y estamos trabajando todos los equipos de los ministerios para muy rápidamente citar el Consejo de Estupefacientes y tomar las medidas del caso.

SEMANA: El fiscal presentó hace semanas una iniciativa al Congreso que incluye, entre otras medidas, la de ponerle un tope al porte de la dosis de aprovisionamiento. ¿Qué opina del proyecto?

G.M.B.: Lo vamos a apoyar, yo creo que será una medida necesaria para poder diferenciar al adicto del jíbaro. Y yo creo que eso va a ayudar bastante en el tema de seguridad ciudadana porque realmente los microtraficantes se escudan en el tema de la dosis de aprovisionamiento. La iniciativa en todo caso protege la dosis mínima.

Ahora, nosotros vamos a sacar el proyecto de ley, que es una promesa de campaña del presidente Duque, para incautar la droga a todos los que no sean adictos y no tengan prescripciones médicas. También proponemos abrir la posibilidad de conducirlos a recibir atención en salud previo el consentimiento informado de las personas adictas. Esto con el fin de luchar realmente contra lo que está pasando en colegios, en sitios públicos, con los menores. Esa es una promesa de campaña del presidente Duque.

SEMANA: ¿La propuesta apuntará a que se puedan incautar qué tipo de drogas y en qué cantidades?  

G.M.B.: Cualquier tipo de droga y cualquier cantidad. Lo que pasa es que se le devuelve si demuestra que es un adicto y que tiene la autorización médica. Es decir, los adictos tienen que andar con autorización en el bolsillo. Y este documento lo vamos a cotejar con unos registros de médicos.

SEMANA: ¿Y si la persona no es adicta?

G.M.B.: Pues entonces para qué la lleva. Está narcotraficando…

SEMANA: Y el consumo recreativo… ¿les abrirán procesos penales?

G.M.B.: No. Solo se convierte en penal si sobrepasa la dosis de aprovisionamiento. Esta es una cosa netamente administrativa.

SEMANA: ¿Esto no va en contra de la legalización de la dosis mínima?

G.M.B.: Para nada, con la dosis mínima se protege a los adictos. Yo creo que es una lucha efectiva contra el narcotráfico, narcomenudeo y contra el consumo en Colombia. Porque en garantía del derecho a la salud, el Estado tiene que ayudar a los adictos a rehabilitarse.

SEMANA: ¿La propuesta vendría acompañada de otro tipo de campaña contra el consumo?

G.M.B.: Sí. Va a haber campañas de educación y una respuesta del sistema de salud para las personas que quieran porque hay que tener el consentimiento informado.

SEMANA: ¿Cómo se daría la expedición de estas autorizaciones?

G.M.B.: Van a existir unos registros, tanto de médicos como de personas; la idea es contar con ingeniería de datos para hacer los cruces necesarios. Cuando se detecte que hay médicos o personas se están prestando irregularmente para expedir estas órdenes pues se tomarán las medidas del caso en contra de quienes estén actuando sin acato de la ley.

SEMANA: Y los consumidores que están en las calles y que no tienen acceso a servicios de salud.

G.M.B.: Tenemos que darle un nuevo rumbo a la problemática. El gobierno está pensando en todos los colombianos. Tenemos que ayudarlos a salir de la droga y darles un nuevo proyecto de vida. Es obligación del Estado; es que nosotros no hemos luchado de manera efectiva contra el consumo de droga. Nos estamos volviendo uno de los principales consumidores, el Estado debe proveer esos servicios y ayudar a los consumidores.

SEMANA: Si un indigente quiere seguir consumiendo, ¿podrá recurrir a un médico que lo autorice?

G.M.B.: Sí podrá. Si quiere desintoxicarse entrará a un sistema de salud; pero si no quiere, también existen los famosos centros de aprovisionamiento. No los tratamos en el proyecto porque en este momento el sistema de salud no tiene plata y no le podemos poner esta carga. Pero la idea es que todo esto hará parte después de esa política integral contra las drogas.

SEMANA: ¿Qué clima encuentra para una reforma a la justicia?

G.M.B.: Lo que ha pasado en la justicia de escándalos de corrupción está abriendo el camino para que todos nos alineemos y podamos llegar a una reforma a la justicia.

SEMANA: ¿Es el momento de plantearla cuando el ambiente está tenso por los líos jurídicos que está afrontando el expresidente Uribe?

G.M.B.: Yo creo que estamos en mora. Esta reforma a la justicia es un proceso, no es un solo acto, hay que hacer todo un plan. Partiendo de que estamos en mora yo creo que es el momento de hacerlo; si uno busca un momento adecuado quizá nunca llegue y aquí prima el interés de todos los ciudadanos. Este ministerio no atiende casos particulares y tenemos que pasar por encima de eso porque prima el interés de todos los ciudadanos. Indudablemente con la reforma a la justicia no estamos buscando ninguna venganza ni impunidad de los casos, pensamos fortalecer realmente la administración de justicia. Si ese es nuestro norte no entiendo por qué hay personas que pueden llegar a pensar que esto es un tema de venganza.

SEMANA: El Centro Democrático presentó hace meses un proyecto de reforma a la justicia  en donde involucra la creación de una supercorte. Esta propuesta terminó persiguiendo la  candidatura de Iván Duque, quien pidió abrir una discusión académica al respecto. ¿Frente a este punto, cuál es el plan ahora?

G.M.B.: Esto fue superado en la campaña. El presidente Duque fue absolutamente claro durante ella acerca de que él lo que quería era abrir el debate y no tenía una propuesta terminada alrededor de una sola corte. Esa no es la instrucción que a mí me ha dado. Como directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, en los diferentes procesos de reforma que tuvimos o que participamos siempre faltó eso: hay competencias que se cruzan entre las cortes, por ejemplo, los temas laborales. Siempre pensamos, cómo hacemos para brindar más seguridad jurídica si lo que necesitamos es unificar competencias. La otra cosa que teníamos claro desde la corporación es que parte de la estrategia de recuperación de la legitimidad de la justicia es que el ciudadano entienda el sistema y se reduzcan los sistemas complejos, engorrosos en institucionalidad y en trámites; esto hace que sea muy difícil que la ciudadanía lo entienda. Pero todo esto es lo que pensábamos desde la corporación, no es la instrucción que yo tengo del presidente de la república, el presidente ha sido muy claro en que este tema no va y la conversación con las cortes no incluye este tema. Vamos a fortalecer lo que hay.

SEMANA: ¿Cuáles serían los pilares de esa reforma?

G.M.B.: El presidente tiene tres ejes fundamentales: legalidad, emprendimiento y equidad; en los tres está el tema de justicia. El tema de legalidad es lo que va a hacer que en Colombia haya imperio de la ley, que fortalezcamos el Estado de Derecho, las garantías y derechos ciudadanos; y ahí juega un papel fundamental el sistema de justicia. El emprendimiento también porque para poder producir emprendimientos es necesario la seguridad jurídica; se cruza el sistema de justicia. La equidad también. Cómo vamos a lograr las metas de equidad, de acabar con la extrema pobreza y de luchar por una clase media más fuerte en Colombia si no hay un empoderamiento de la sociedad y si no hay una adecuada administración de justicia para resolver los conflictos.

SEMANA: Institucionalmente, ¿piensan en una nueva arquitectura de la rama?  

G.M.B.: No, queremos fortalecer lo que hay, los procedimientos. El presidente lo dijo en campaña: hay que fortalecer la primera instancia. Y eso se fortalece con jueces capacitados para que lleguen los mejores talentos a la justicia. Acabar con esa brecha salarial que hay entre jueces de primera instancia y los superiores, con unos procedimientos más expeditos y sobre todo haciendo uso de la tecnología. Otra de las grandes apuestas que tiene programa de gobierno es el tema de la digitalización del Estado donde la justicia va a jugar un papel preponderante. Él esperaría que en cuatro años tengamos bastante tecnificada la justicia. No vamos a suprimir nada queremos fortalecer lo que hay.

SEMANA: Duque había manifestado inconformidades con algunos puntos del acuerdo de paz, ¿está listo el paquete de proyectos a presentar al Congreso?

G.M.B.: Él quiere llegar a un acuerdo nacional y llegar a ese acuerdo nacional para construir un país diferente parte de un diálogo con muchos sectores. Por eso es que insiste que tengamos una conversación franca con la Rama Judicial y la JEP. Hicimos un contacto preliminar con la presidenta de la JEP,  pero nos vamos a sentar para ver qué ajustes hay que hacerle a la misma estructura y a los procedimientos. Ellos mismos reconocen que se creó un procedimiento engorroso. El presidente ha sido muy claro en lo que quiere hacerle a la JEP: él entiende que ya tenemos a la Justicia Especial para la Paz. Que allí se tienen que tramitar todos los procesos que se originaron por el conflicto armado con las Farc. Estamos esperando que salga la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria. Dependiendo de ello podremos tener claro si finalmente las sanciones propias son incompatibles con la representación política de los miembros de la JEP. También quisiéramos evaluar los tiempos de los procesos ante la JEP; esa justicia tiene que tener un periodo corto. Y ahí vamos, todo lo vamos a adelantar con los magistrados.

SEMANA: ¿Si la corte dejara las cosas como están frente al tema de participación en política de las Farc qué va a hacer el Gobierno?

G.M.B.: Nos toca estudiar el alcance, no puedo adelantar nada sin leerme la sentencia. Espero que salga rápido, que no sea como el Acto Legislativo. De pronto la corte deja el tema muy claro, o de pronto podemos hacer algún decreto reglamentario para aclarar.  

SEMANA: En campaña, Duque dijo que la JEP era muy costosa. ¿En los planes está recortar el presupuesto de la JEP?

G.M.B.: No, nosotros no lo vamos a limitar. Por el contrario yo estoy ayudando a que den  rápidamente la plata. Lo que íbamos a revisar con magistrados es la estructura. Creo yo que se creó, y esto es una cosa absolutamente personal, una planta de personal exagerada. Yo creo que hay que hay que optimizar mucho más los procedimientos para que los procesos sean más rápidos y para ahorrar porque realmente estamos en dificultades económicas y todos tenemos que hacer sacrificios y tener un Estado más austero. Se los dije personalmente a ellos cuando vinieron acá. Les dije qué ahorros podemos hacer. Incluso, la JEP tiene una apropiación de 15.000 millones y solo alcanzaban a ejecutar la mitad. Entonces hay que saberlo racionalizar. Pero en ningún momento es quitarles la plata. El presidente ha sido muy claro en sus intervenciones que va a proteger a la guerrillerada para que rápidamente sean reincorporados a la vida civil y ciudadana.

SEMANA: La Corte Suprema está adelantando el procedimiento para crear una primera instancia para los procesos judiciales de los aforados. ¿Cómo avanza esta implementación?

G.M.B.: Esto es un pedido casi que internacional, todo el mundo tiene que tener la garantía de una segunda instancia. Nos demoramos mucho en crearla, desde el año 93. Se está implementando; ya tienen los recursos para ello. El problema es que están muy lentos en el nombramiento de los magistrados que van a integrar esas dos salas.  

SEMANA: Un Comité de la ONU emitió un informe en contra del Estado colombiano en caso del excongresista Iván Díaz Mateus porque no tuvo derecho a la instancia. ¿Qué hará el gobierno frente a estas recomendaciones? ¿Estaríamos ante un boquete?

G.M.B.: Antes de que existiera la doble instancia los aforados tenían privilegios; estos son que tenían un fuero especial para que los juzgue una persona de su mismo nivel. Y los estaban juzgando la máxima autoridad penal de Colombia. Uno espera que la máxima autoridad de Colombia realmente ejerza el debido proceso de manera efectiva  y garantista. Uno podría defender eso. Lo que pasa es que Colombia aceptó acuerdos internacionales del principio de la doble instancia. Pero hacia atrás, con una adecuada defensa, el Estado tiene herramientas. Voy a revisar el caso porque no lo conozco. Y espero que no se abra un boquete porque no habría seguridad jurídica; esos casos ya cerrados están ahí. Con todos estos problemas que tenemos en este momento reabrirlo todo me parece bastante difícil.