"La corte debe definir qué pasará con los casos que están para fallo": minjusticia

La entrada en vigencia del acto legislativo que creó la doble instancia trajo consigo un vacío frente a la competencia con la que queda hoy la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Más de 460 casos deben ser entregados a dos salas que aún no existen y los abogados ya comienzan a cuestionar la competencia del alto tribunal para continuar con los procesos. 

Así ocurrió en los casos del excongresista Óscar Suárez Mira, quien fue citado para audiencia de acusación; o el de Álvaro Ashton, detenido en diciembre por cuenta de la investigación de parapolítica. Los abogados pusieron sendos recursos pidiendo claridad. En el caso de Suárez Mira, la defensa solicitó retrotraer el proceso a la etapa de instrucción alegando falta de compentencia.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha dicho que no se va a paralizar. Y que hasta que no se creen las nuevas salas no perderá su competencia para investigar y juzgar aforados. Ante la polémica, el ministro de Justica, Enrique Gil Botero, explicó cómo será esta transición: 

SEMANA: ¿Existió una omisión legislativa al no decirle a los aforados quién será su juez competente para juzgarlos mientras se crean las dos nuevas salas -de investigación y juzgamiento- de primera instancia?

ENRIQUE GIL BOTERO: No existió omisión legislativa pues la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantiene su competencia para investigar, juzgar y dictar sentencias de aforados hasta tanto se disponga el cambio estructural de este alto tribunal, que prevé el acto legislativo para garantizar el derecho a la doble instancia y la doble conformidad judicial, el cual debe entrar en funcionamiento a la mayor brevedad. En eso estamos trabajando.

SEMANA: ¿Quién es el juez de los aforados hoy? 

E.G.B.: El juez de los aforados es la Corte Suprema de Justicia. El artículo 186 de la Constitución Política sostiene que de los delitos que cometan los congresistas conocerá de forma privativa la Corte Suprema de Justicia. Ello sigue siendo así después del acto legislativo, sólo que en adelante ese juzgamiento se realizará en dos instancias en el interior de esa corporación judicial. Lo mismo ocurre con los demás aforados constitucionales del artículo 174: presidente de la república, vicepresidente, magistrados de altas cortes, procurador, contralor, entre otros.

SEMANA: Abogados comenzaron a pedir nulidades a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia alegando que falta de competencia ¿Qué opina?

E.G.B.: Los procesados y los abogados pueden hacer uso de todas las herramientas que brinda el ordenamiento jurídico para efectos de ejercer su derecho de defensa y debido proceso. Es a la Corte Suprema de Justicia a la que le corresponde definir cómo entra a operar este acto legislativo frente a los casos que ya están a despacho para fallo. Es un asunto de la órbita y competencia de los jueces.

SEMANA: ¿En qué va la creación de estos nuevos cargos?

E.G.B.: Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de la Judicatura para poner en marcha un plan de respuesta inmediata para hacer operativas las nuevas salas especiales y garantizar la doble instancia.

SEMANA: ¿En cuánto tiempo podrían estar listos?

E.G.B.: Este plan de respuesta inmediata tiene la finalidad de poner en funcionamiento las nuevas salas especiales en un término muy breve. El Ministerio de Justicia propuso nombrar en provisionalidad a magistrados auxiliares que en este momento ya ejercen funciones de instrucción; sin embargo, la Corte Suprema considera que se debe surtir el proceso de conformación de lista de elegibles para que, desde el principio, las salas operen con los magistrados titulares, postura que el Gobierno respeta en aras de preservar la autonomía de las ramas del poder.

SEMANA: No teme que personas que no hayan pasado por un proceso de selección idóneo tengan acceso a expedientes confidenciales y eventualmente puedan intervenir los casos.

E.G.B.: Esta debió ser la razón que tuvo la Corte Suprema para considerar que los nuevos cargos deban ser ocupados desde el principio por los magistrados titulares. Reitero, el gobierno es respetuoso de la autonomía de la rama judicial.

SEMANA: ¿Cuánto es el presupuesto que se estima para la entrada en funcionamiento de las nuevas salas?

E.G.B.: Para el plan de puesta en funcionamiento  se necesitan 13.500 millones como presupuesto de funcionamiento para este año.

SEMANA: Si hay un fallo en este momento por parte de la Corte Suprema (antes de que empiecen a funcionar las nuevas salas), ¿quién sería su segunda instancia?

E.G.B.: En este momento la Sala de Casación Penal deberá definir desde qué etapa procesal es aplicable el acto legislativo y, por ende, definir qué procesos quedarían de doble instancia y qué procesos quedarían de única instancia. Un escenario similar ocurrió cuando entraron en funcionamiento los juzgados administrativos, en aquel entonces se dispuso que los procesos que hubieren entrado al despacho para fallo quedarían de única instancia y los que no, serían remitidos, en el estado en que se encontraran, al juez de primera instancia.

SEMANA: En entrevista con SEMANA, la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Luz Marina Monzón, aseguró que la entidad no aparece en la agenda política. ¿Qué tiene frenada la puesta en funcionamiento de la Unidad? 

E.G.B.: Ninguna circunstancia ha frenado la puesta en marca de la Unidad. Debe considerarse al respecto que el Gobierno Nacional, en conjunto con la designada directora de la entidad, han adelanto un proceso de concertación explorando las acciones jurídicas pertinentes a efectos de garantizar la correcta estructuración de la entidad. El proceso ha tomado un tiempo prudente y justificado ante la necesidad de contar con los respectivos estudios técnicos que sustenten la correcta adopción de la planta y la nomenclatura de los cargos que permitan la preparación y puesta en marcha de la entidad, dado que se trata de una entidad sui generis dentro de la estructura del Estado colombiano.

Ha sido tal la atención prestada por el Gobierno nacional a este a este asunto, que desde octubre del 2017, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, se adelantaron las gestiones tendientes a elaborar los estudios técnicos que sirvieran de soporte para la estructuración y puesta en marcha de la Unidad, aspecto del cual tuvo conocimiento la directora designada, a quien le fue suministrada dicha información el 31 de octubre de 2017. Hay que destacar que solo hasta finales del mes de diciembre de 2017, la directora buscó al Ministerio de Justicia y del Derecho para solicitar que la acompañáramos de nuevo en el proceso.

El paralelo a ello, desde el mes de octubre, este ministerio ha gestionado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Fondo Colombia en Paz la consecución de los recursos para la puesta en marcha de la entidad. Así mismo, la Alta Consejería para los Derechos Humanos ha hecho lo propio frente al Fondo Multidonante. Actualmente el proyecto se encuentra aprobado y se está a la espera del desembolso de los recursos los cuales serán administrados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Estas especiales circunstancias han sido puestas de presente en todo momento ante la directora y las demás entidades interesadas en este asunto.

En la actualidad y luego de un proceso concertado entre Ministerio de Justicia del Derecho, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Directora designada de la Unidad y su equipo de trabajo, se encuentran definidos los aspectos técnicos relacionados con la estructura interna, la nomenclatura y escala salarial, y la planta de la entidad. Los respectivos decretos están en trámite.

SEMANA: ¿Qué hace falta para que entre en funcionamiento y cuándo esperan que arranque a operar?

E.G.B.: Tal como se explicó, actualmente se está a la espera del desembolso de los recursos por parte del Fondo Multidonante. En este momento ya hay acuerdo entre el Gobierno nacional y la directora designada sobre la estructura de la Unidad, nomenclatura y escala salarial, y planta, con los que inicialmente se pondrá en marcha la entidad. Simplemente restará la expedición de los respectivos decretos, lo cual tendrá lugar en los próximos días.

SEMANA: ¿Qué implicaciones tiene que sea una unidad de régimen general o de carácter especial?

E.G.B.:  Es importante aclarar de entrada que el régimen jurídico y la naturaleza jurídica de una entidad son dos aspectos diferentes, al punto en que uno no está sujeto al otro. Teniendo en cuenta esta circunstancia estrictamente jurídica, debe tenerse presente que el Decreto Ley 589 de 2017 definió la Unidad como una entidad de naturaleza especial que hace parte del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, lo cual implica que la misma no integra ninguna de las Ramas del poder público, teniendo plena autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones que le fueron atribuidas en el Acto Legislativo 01 de 2017.

Ahora bien, en cuanto al régimen jurídico de la entidad, el mismo Decreto Ley se encargó únicamente de precisar que la Unidad tendrá un régimen especial en materia de administración de personal, condición que habilita la adopción de un régimen distinto e, incluso, novedoso respecto de los que actualmente existen para las demás entidades estatales.

SEMANA: Es cierto, que si se deja en el régimen general no tendrá el mismo alcance. ¿No será muy competitiva?

E.G.B.: Como ya se dijo, la naturaleza jurídica de la Unidad no está en discusión y es tal condición, precisamente, la que hace diferente a dicha entidad frente a las demás entidades estatales, ello en atención a las especiales atribuciones que se le han conferido en el marco del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ahora bien, en atención a su naturaleza especial, se ha concertado con su directora designada lo concerniente a su estructura, planta y nomenclatura; pretendiendo con ello dotar la entidad de unos perfiles calificados y aptos para llevar a cabo las importantes funciones asignadas a la Unidad.

SEMANA: ¿De dónde deben salir los dineros para financiarla?

E.G.B.: Los recursos para financiar la UBPD saldrán principalmente de dos fuentes: Por un lado, del Fondo Multi-donante de Naciones Unidas para el Posconflicto y actualmente se está a la espera del desembolso de los recursos obtenidos a través del proyecto presentado por la directora electa. Los mencionados recursos estarán destinados principalmente a la financiación del equipo de alistamiento encargado de poner en marcha la UBPD. Posteriormente, una vez estructurada la entidad con la totalidad de su planta de personal, los recursos serán suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con cargo al Presupuesto General de la Nación.

SEMANA: La JEP y la Comisión de la Verdad comenzaron a echar raíces, ¿le preocupa la lentitud que encara la UBPD?

E.G.B.: Como ya se dijo antes, no hay lugar a hablar de lentitud en la puesta en marcha de la Unidad. Se reitera en este sentido que el Gobierno nacional, en conjunto con la designada directora de la Unidad, han adelantado un proceso de concertación explorando las acciones jurídicas pertinentes a efectos de garantizar la correcta estructuración de la entidad, proceso que ha tomado un tiempo prudente y justificado ante la necesidad de contar con los respectivos estudios técnicos que sustenten la correcta adopción de la planta y la nomenclatura de los cargos que permitan la preparación y puesta en marcha de la entidad.