Procuraduría investiga a ministro de Minas por contratos de su esposa

La familia de Tomás González, al parecer, no solo recibe del erario el salario del funcionario como ministro de Minas y Energía. De hecho, parece que recibe mucho más dinero por los contratos estatales que le fueron adjudicados a su esposa.

Por eso, la Procuraduría le abrió una investigación para que explique la forma como su mujer celebró dos contratos por 6.500 millones de pesos con el Fondo de Programas Especiales para la Paz y el Ministerio de Educación.

Ángela Baena no solo es la representante legal de una empresa de exitosa gestión contractual con el Estado. Además de ser la cabeza visible de la contratista Connecta S. A. S., es la esposa del ministro González, lo que genera dudas respecto al equilibrio con el cual se pudieron haber adjudicado esos convenios.

Así lo piensa la Procuraduría, que anunció el inicio de este proceso disciplinario el mismo día que González anunció su retiro del cargo.

El organismo de control busca establecer si el ahora exfuncionario tuvo alguna participación en la entrega de los contratos que mantiene la empresa de su esposa.

Y es que el ministro González no ha sido ajeno a los intereses de la empresa. Cuando era viceministro de Minas también era accionista. Incluso, hay evidencia de que en ese entonces le vendió su participación a su cuñado.

Además, antes de ser titular de la cartera minera pasó a ser empleado de Connecta S. A. S. Cuando González trabajaba para la contratista, esta fue elegida por el Fondo de Programas Especiales para la Paz que tenía por objeto realizar encuestas sobre la percepción de la ciudadanía frente a los acuerdos de La Habana (Cuba).

Adicionalmente, mientras el ministro era titular de esa cartera, la empresa de su esposa apoyaba al Ministerio de Educación para que se captara la opinión de padres de familia, estudiantes y profesores en torno a la implementación de la jornada única escolar.

Para esclarecer cuál fue la participación del ahora exministro en la adjudicación de estos contratos, la Procuraduría tendrá en cuenta los contratos que son objeto de cuestionamientos, así como los testimonios de los representantes de las entidades gubernamentales contratantes.

Es el sexto ministro de la administración de  Juan Manuel Santos que cae en la mira del organismo de control. La entidad ya había abierto otras causas disciplinarias a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el del Interior, Juan Fernando Cristo; el de Defensa Luis Carlos Villegas; el de Salud, Alejandro Gaviria y el de Vivienda Luis Felipe Henao.