MinJusticia defendió cierre del centro de reclusión especial de Barranquilla: “No vulnera derechos”

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, respaldó en las últimas horas la decisión del coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de cerrar el establecimiento de reclusión especial de Barranquilla.

Esta determinación implica la reubicación de todas las personas que se encuentran en el lugar. Entre los ciudadanos que deben ser trasladados se encuentran especialmente políticos. “Un total de 15 funcionarios públicos”, afirmó el coronel.

Estas personas, entre las que se encuentra el exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, serán reubicadas en otras cárceles del país donde se tengan pabellones de alta y mediana seguridad que cumplan con las condiciones especiales de reclusión. Entre las cárceles escogidas para el traslado se encuentran Doña Juana de La Dorada, Caldas; La Picota de Bogotá y La Tramacúa de Valledupar.

A través de Twitter, el ministro Osuna afirmó que el traslado de los internos “no vulnera derechos y sí es un ejemplo de buen ejercicio de la función pública. No existe el derecho de las personas condenadas a pagar la pena en una cárcel específica, así como tampoco el de las víctimas a elegir la cárcel para sus victimarios”,

“Las penas pueden cumplirse en cualquiera de las 126 cárceles del país: para distribuir a los internos se tienen en cuenta órdenes judiciales específicas, extensión de la pena, arraigo familiar, condiciones personales, seguridad requerida y capacidad del establecimiento”, agregó.

El ministro señaló, además, que, por razones de protección a la vida e integridad de las personas privadas de libertad, ya “existen pabellones o “patios” especiales para antiguos servidores públicos. Eso sí, deben cumplir estrictamente con la normativa penitenciaria, como en todos los patios”.

Finalmente, Osuna manifestó: “La prevención es una estrategia anticorrupción acertada: trasparente, eficaz y dentro de la ley. Da buenos resultados. Durante unos días guardé silencio frente al tema por la discreción requerida para permitir que el Inpec actuara con todas sus competencias”.

“Contundente”

“Esta es una decisión contundente que se toma de cara a todas las críticas y situaciones que se han venido presentando. Queremos advertir que no ha habido fiestas y demás, pero es una determinación que se toma para tranquilidad de la sociedad, el país y las víctimas que tanto han hablado acerca de Kiko Gómez, que se encuentra en una situación de tranquilidad. De esta manera acabamos con los privilegios”, aclaró el director general del Inpec.

Destacó además que el objetivo principal de esta medida es ponerles fin a las denuncias y a todas las situaciones irregulares que se han presentado en diferentes regiones del país frente a las cárceles, pero manteniendo la humanización en los centros de reclusión.

“Durante muchos años había quejas y denuncias; el decir era que en el centro de reclusión especial de Barranquilla los políticos tenían algún tipo de privilegios, entonces mejor los evitamos”, dijo.

El coronel reconoció que el sistema carcelario de Colombia tiene un atraso de cerca de 10 años e indicó que este tipo de medidas demuestran que buscan mejorar este aspecto.

Este Centro de Reclusión Especial fue cerrado el viernes 26 de mayo, y en la noche se empezó el proceso de traslados. De acuerdo con el Inpec, en el sitio solo permanecen dos privados de la libertad, Emilio Tapias y Elías Matus Torres, por decisión de un juez.

En el caso de Emilio Tapias aclaró que no queda en el pabellón donde estaba sino en uno normal, mientras que Elias Matus tiene prisión domiciliaria con hospitalaria.

Frente a las actuaciones y privilegios que tendría presuntamente Kiko Gómez, desde el INPEC indicaron que no hay ninguna evidencia, prueba técnica o física que así lo confirme. “Pero sí queremos evitar, lo hacemos en prevención y para darle tranquilidad a la sociedad de que no vaya a pasar lo que se presentó en Bogotá con Matus”.

El caso de Emilio Tapias está siendo consultado con el juez que ordenó su traslado al lugar, a quien se le informa la decisión de cierre del lugar.

“Estamos investigando si hay irregularidades con los guardianes del Inpec, al igual que el director, los subdirectores y demás. Este es un establecimiento que tenía albergados 15 internos, de los cuales salen 13″.

Los traslados de los detenidos a otros centros penitenciarios del país se adelantan con un despliegue especial de seguridad, teniendo en cuenta los riesgos que siempre se presentan, por lo que el Inpec fue muy cauteloso y realizó el proceso sin informarle al establecimiento y con movimientos del grupo especial entre Bogotá, Medellín y Barranquilla.