MinSalud presentó proyecto de ley para regular la eutanasia

En 2017, la Corte Constitucional ordenó al Estado crear una regulación para que las personas puedan ejercer su derecho fundamental a morir con dignidad a través de la eutanasia. En cumplimiento de lo ordenado por el alto tribunal, el Ministerio de Salud presentó el proyecto de ley estatutaria al Congreso de la República para regular la práctica en mayores de 12 años y adultos.

“El proyecto de ley busca establecer los parámetros, criterios y requisitos para el ejercicio del derecho a morir con dignidad, a través de la eutanasia de adolescentes (mayores de 12 años) y mayores de edad que, con diagnóstico de enfermedad terminal y sufrimiento secundario a esta, manifiesten su voluntad de adelantar el momento de muerte”, explicó Ricardo Luque, médico experto en bioética del Ministerio de Salud.

En el objeto del documento también dice que “determina las actuaciones para que las personas relacionadas con la atención y cuidado del final de la vida puedan prestar los servicios necesarios y puedan atender los requerimientos relacionados con el trámite de las solicitudes de eutanasia”.

Cabe aclarar que en el proyecto está especificado que morir con dignidad no es sinónimo de eutanasia, pero es la forma de garantizar a la persona la toma de decisiones sobre cuidado y atención integral del proceso de su muerte, incluyendo la posibilidad de elegir la forma a través de la cual vive el momento de su muerte, “sea recibiendo cuidado paliativo, a través de la adecuación del esfuerzo terapéutico o por medio de la eutanasia, según considere adecuado para sí mismo”.

Para que alguien pueda solicitar la eutanasia, dice el proyecto -que tendrá que recorrer un largo camino-, el paciente tendrá que contar con los siguientes requisitos: el diagnóstico de la condición de enfermedad terminal; que exista sufrimiento secundario a la enfermedad terminal; capacidad para expresar la solicitud y competencia para tomar la decisión y dar consentimiento.

Sin embargo, el texto también fija unas exclusiones para que haya límites establecidos para prevenir el abuso en situaciones de vulnerabilidad y “también dispone el no permitir el consentimiento sustituto, con el propósito de respetar el consentimiento informado adecuadamente cualificado y, con ello, la expresión autónoma”.

“El proyecto de ley está desarrollado en concordancia con la jurisprudencia constitucional y con las regulaciones expedidas hasta la fecha por este ministerio para la conformación de los comités técnico-científicos que evalúan los casos, y contiene los avances de la Resolución 2665 de 2018 sobre Documentos de Voluntad Anticipada, así como los de la Resolución 229 de 2020 que actualiza la carta de derechos del paciente incluyendo un capítulo en lo concerniente al derecho fundamental a morir con dignidad”, indicó Luque Núñez, sobre el documento.

En cuanto a los prestadores de salud, el proyecto se mantiene en lo que ya está regulado y actualmente opera con relación a los comités que deben revisar las solicitudes, que continuarán estando conformados por tres integrantes con los siguientes perfiles profesionales: “Un médico con la especialidad de la patología que padece la persona, diferente al médico tratante, -médico pediatra para los adolescentes-, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico.

El proyecto del Ministerio de Salud dice que se establecerá un proceso para reportar las solicitudes a esa cartera y no incluye nada relacionado con otras formas de muerte como el suicidio médicamente asistido.

En un comunicado, el Ministerio explica que “presenta el proyecto de la misma manera que hasta ahora ha buscado que no se transgredan los derechos de las personas por medio de la emisión de regulación; en este caso reuniendo los desarrollos que han seguido lineamientos estrictamente administrativos dentro del marco de los cimientos bioéticos y jurídicos que movilizan la discusión hasta ahora construida desde los diferentes sectores interesados en el país, para cumplir las órdenes perentorias contenidas en los fallos de la Corte Constitucional”.

Para Luque Núñez, no se trata de eliminar a las personas improductivas, sino de hacer que cese el dolor que padece el paciente, sin ninguna esperanza de que termine el sufrimiento.