Minsalud recusó a la procuradora Margarita Cabello por polémica sobre la UPC

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello y la procuradora delegada para la salud, Diana Ojeda, fueron recusadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para que se aparten del proceso relacionado con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025.

Según un comunicado emitido por el Ministerio, las funcionarias emitieron “conceptos y opiniones (...) bajo una serie de juicios de valor sin ningún sustento probatorio” sobre la posible “crisis financiera” del sistema de salud en Colombia.

“De acuerdo con lo expuesto, el objeto y la finalidad de los impedimentos y las recusaciones consisten en evitar que se presenten conflictos de intereses que puedan poner en riesgo la imparcialidad de la autoridad administrativa, teniendo en cuenta que, en sus decisiones, debe primar el interés general sobre el interés particular”, dice el texto.

En ese caso, “los impedimentos o recusaciones requieren, por parte de quien los formula, de una argumentación jurídica suficiente para configurar la causal, junto con los elementos probatorios que lleven a confirmar su configuración”, se lee en el comunicado.

El documento está firmado por Rodolfo Enrique Salas Figueroa, quien es el Secretario General del Ministerio y asegura que las opiniones de las funcionarias han sido subjetivas sobre la supuesta crisis financiera del sistema de salud en Colombia, “en sus decisiones debe primar el interés general sobre el interés particular”, dice la misiva.

Por otro lado, la cartera de gobierno asegura que ambas recusadas emitieron juicios de valor sin sustento probatorio afectado la defensa y el debido proceso como principio fundamental.

“Han expresado juicios de valor sin ningún tipo de sustento probatorio (...) lo cual no solo quebranta el principio de imparcialidad y transparencia, sino también los principios al debido proceso, defensa y contradicción”.

El Ministerio de Salud argumenta su recusación apoyándose en un documento de la Procuraduría, donde se señala que el incremento en la UPC, aprobado por el Gobierno para los años 2023 y 2024, es insuficiente. Este hecho ha intensificado la discusión sobre cómo se determina la UPC, el valor que el Estado destina a las EPS para cubrir la atención médica de los ciudadanos.

“Teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos traídos a colación, es claro que en el caso sub examine la Procuradora General de la Nación y la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social incurrieron en las causales contenidas en el numeral 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011″, agregó el Ministerio.