MinTIC Karen Abudinen anunció que varios bienes y cuentas de Centros Poblados ya están embargados

Ante la Comisión Sexta del Senado, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, respondió por la polémica que se ha generado ante la ausencia de 70.000 millones de pesos por un contrato con el que se pretende brindar servicios de internet y conectividad a niños de colegios de diferentes regiones del país. Una parte del contrato se firmó con la Unión Temporal Centros Poblados, que hasta la fecha no ha respondido por lo pactado.

La ministra les aclaró a los congresistas que se ha hecho todo lo posible por no dejar que se pierda el dinero y que se culmine la obra de manera exitosa. “Estamos poniendo la cara ante una situación tan complicada. Decirles a los tramposos que esto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, aclaró la ministra.

Según dijo, desde que se supo de la situación se buscó la caducidad del contrato y se adelanta la gestión para recuperar los 70.000 millones de pesos. Entre los avances señaló que ya se han embargado varias cuentas y bienes de los contratistas.

“Declaramos el embargo de 21 cuentas bancarias de los integrantes de la UT Centros Poblados, 2 inmuebles y 71 vehículos automotores de propiedad de ICM Ingenieros S. A. S. ¡El contratista debe pagar los 70.000 millones de pesos más los 39.000 millones de la penalidad!”, aclaró la jefe de la cartera.

Afirmó que tanto ella como en el Ministerio de las TIC fueron engañados. Señaló, además, que esa Unión Temporal ha contratado con el Estado por cerca de 4 billones de pesos. De ella forman parte: Robert Antonio Gómez Cuello, de Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; Herles Rodrigo Ariza, de ICM Ingenieros; Hugo Armando Canabal, de Intec de la Costa S. A. S., y Rafael Enrique Romero, de Omega Buildings Constructora S. A. S.

La ministra agradeció a los entes de control como la Fiscalía y la Contraloría por las investigaciones y acciones que han adelantado. “El entramado de esta trampa tiene que llegar hasta las últimas consecuencias”, comentó. Y aclaró que ya adelantan todas las gestiones para recuperar el dinero.

“Adicionalmente, en el marco de las competencias del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y el grupo de actuación de cobro coactivo ya embargó. No es que vienen, no es que vamos, no es que estamos viendo. Ya los embargos están”, enfatizó Abudinen.

La ministra dijo que el contrato se cumplirá a como dé lugar y que, por lo tanto, ya se adelanta la gestión para consolidar otro acuerdo con ETB y así terminar el trabajo que dejó inconcluso la Unión Temporal Centros Poblados.

“Quiero decirles que ya en este momento ETB está haciendo la revisión de la minuta. Haremos llegar una carta formal diciéndoles que la caducidad permite adjudicarlo a esta empresa de más de 70 años con una experiencia altísima”, comentó la ministra en el Congreso.

Según dijo, la meta es que a más tardar el 30 de septiembre el contrato con la empresa ya esté firmado. “Yo creo que con las decisiones que hemos tomado, pueden estar seguros que este Gobierno está comprometido con los jóvenes del país, seguir conectando y cumplir y poder llegar al 70 % de conectividad de este país”, comentó la ministra.

Pidió que continúen todas las investigaciones necesarias por parte de los entes de control para que los responsables, a los que la ministra señala de haber engañado al Estado, puedan responder. “Que se investigue todo lo que tengan que investigar los entes de control. Seguimos con las puertas abiertas para llevar este caso a las últimas consecuencias y no vamos a descansar ni el ministerio ni el Gobierno hasta que los tramposos paguen por lo que hicieron”, afirmó la ministra Abudinen.

Sobre el contrato, y la polémica en la que ha estado envuelta, aclaró que no se hizo un desembolso directo a los contratistas, sino que fue un adelanto por medio de una fiduciaria. “Nosotros no entregamos 70.000 millones de pesos al contratista. Se desembolsaron a la fiducia. Nosotros no pagamos a los contratistas, quiero aclarar eso. Fue un desembolso que se hacía con el perfeccionamiento del contrato. Ese anticipo, que la ley permite hasta el 50 %, fue del 6,2 % y fue a la fiducia”, explicó Abudinen.

El proyecto está proyectado a 11 años y busca principalmente dar conectividad en el 70 % del país, con el objetivo de brindar este servicio a los niños de las escuelas más apartadas del país. “Aquí no podemos ocultar, sino mostrar y por eso estamos de cara a la gente”, aclaró la ministra a los congresistas. Dijo que los contratistas deberán pagar por el delito de atentar contra la administración pública.

A pesar de las explicaciones, la ministra está citada a un debate de moción de censura el próximo 3 de septiembre en el Congreso.